El juez Silva vincula a Blesa con la Gürtel

El juez Elpidio José Silva ha relacionado a Miguel Blesa con el pago de varias facturas a la trama Gürtel mientras estuvo al frente de Caja Madrid para defenderse de los delitos de los que le acusa la Fiscalía, entre ellos el de prevaricación.

Además, Silva también ha tratado de relacionar al exbanquero con operaciones de tráfico de armas relativas al expresidente del Gobierno José María Aznar y su yerno, Alejandro Agag, y cuyo centro era el propio Blesa, han informado este viernes fuentes jurídicas.

Y lo ha hecho en un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que magistrado recurre la decisión del instructor de la querella que interpuso contra él la Fiscalía por su actuación durante la investigación del "caso Blesa" de prohibirle el acceso a más de 8.000 correos electrónicos del exbanquero porque afectaban a su intimidad.

Según el juez, estos correos son esenciales para su defensa, ya que reflejan todas las presuntas irregularidades cometidas por Blesa mientras presidió la entidad y que le llevaron a ordenar su encarcelamiento en dos ocasiones.

Así, Silva considera que ponen de manifiesto la ruptura de los procedimientos de control al hablar de "trampitas" y la estrategia de los imputados en el caso, entre los que figuraban el ex director financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj y el de negocio Matías Amat, para llevar a cabo operaciones irregulares, o que concedía créditos sabiendo que no iban a ser devueltos.

También evidencian, dice Silva, la adquisición de negocios por elevadas cuantías y un comportamiento irreflexivo a la hora de valorar el riesgo de ciertas operaciones, como fue la compra del City National Bank de Florida, sobre la que algunos correos hacen referencia a su precipitación y deslealtad en su gestión bancaria.

Pero además, en algunos de los correos se alude, insiste Silva, a actividades relacionadas con el tráfico de influencias y extorsiones que aceptó Blesa y a la búsqueda de apoyos políticos para realizar sus actividades.

Así, relata que algunos documentos hacen referencia al abono de facturas por parte de Caja Madrid a la "trama Gürtel" liderada por Francisco Correa.

Otros extenderían las responsabilidades de la mala gestión de Caja Madrid a actuales directivos de Bankia.

El juez obtuvo acceso a estos correos mientras instruía el "caso Blesa", pero el TSJM prohibió el acceso de los mismos a su defensa el pasado mes de octubre por considerar que afectaban a la "estricta intimidad" del exbanquero y que no aportaban por ello nada a la investigación a Silva por prevaricación y contra la libertad individual, entre otros.

Sin embargo, Silva defiende que fue él quien más hizo por garantizar la intimidad de Blesa al no haber transcrito estos correos en sus distintas resoluciones, evitando así que se conociera información delicada.

Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que actualmente cumple la suspensión de cuatro meses que le impuso el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) en julio, ha pedido al magistrado del TSJM Jesús Gavilán que le cite a declarar tras haberse negado en las tres ocasiones que ha sido citado hasta ahora.

Junto con su declaración, pide las testificales de los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez, instructores del caso Bankia y de CAM, respectivamente, la de los secretarios judiciales de su Juzgado y del 36, cuyo titular le sustituye ahora mientras se tramita la recusación que planteó contra él el abogado de Blesa.

En la batería de testigos reclamados por Silva se encuentran también varios agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial que participaron en la investigación del "caso Blesa", dos peritos de KPMG que elaboraron un informe en el que se hacía referencia a las irregularidades de la concesión de un crédito de 26,6 millones a Gerardo Díaz Ferrán, así como la de dos directivos actuales de Bankia, el de sistemas informáticos y el de Recursos Humanos.

Por último, reclama la del secretario general de Manos Limpias Miguel Bernard, y la de dos de los abogados del sindicato que ejercieron de acusación en el caso.