¿Adónde va la empresa?

Capítulo 1. El gran patrón, en prisión

“Ahora estoy un poco mejor, en la celda de antes sí que estaba mal”. Mientras esperan el ascensor en la séptima planta de los Juzgados de Primera Instancia de la plaza de Castilla en Madrid, Gerardo Díaz Ferrán se dirige a los dos guardias civiles que le custodian. Los agentes se limitan a asentir con la cabeza, pero sin mediar palabra. “Yo siempre he admirado a la Guardia Civil, hice mucho por el Cuerpo. Me dieron la cruz de plata en Valdemoro el mismo día que a Garzón”, continúa el detenido, que va vestido con una parka verde cuyas mangas no llegan a cubrirle las esposas. El que fuera presidente de la patronal acaba de salir de una audiencia con el juez Elpidio José Silva. Está mucho más delgado y tiene la mirada embebida en sus circunstancias, aunque mantiene un tenue color de caramelo que recuerda sus días de gloria y esplendor.

Era el 14 de marzo de 2013, y Díaz Ferrán se encontraba en prisión desde el 3 de diciembre de 2012, cuando la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía le detuvo en su domicilio de Madrid, en el marco de una operación denominada Crucero, por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La policía, que encontró 150.000 euros y un kilo de oro en el registro de la casa, también arrestó dentro de la misma operación a otras ocho personas, entre ellas Ángel de Cabo, el supuesto comprador del grupo empresarial de Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, que había fallecido en junio de ese mismo año. Dos días después, el juez ordenó la prisión de Díaz Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros, tras encontrarle culpable del vaciamiento patrimonial del grupo para evitar el pago a sus acreedores. El hombre que había dirigido los destinos de las empresas españolas entre junio de 2007 y diciembre de 2010 como presidente de la CEOE era acusado de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

El inefable empresario había diseñado “una estrategia para alzarse con los bienes del grupo aparentando insolvencia patrimonial” junto a Gonzalo Pascual, su socio desde que eran jóvenes universitarios. Según el juez, la pareja había vendido el grupo en junio de 2010 a Ángel de Cabo, un testaferro conocido como el Liquidador, que había participado, asimismo, en el traspaso de Nueva Rumasa y que también fue condenado con una fianza todavía mayor (50 millones, la mayor de la historia en España) para que les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales y evitar así pagar a sus más de 11.000 acreedores (entre ellos, Hacienda y la Seguridad Social), a los que debían una cifra superior a los 400 millones de euros. La aparente insolvencia evitaba pagar a sus acreedores y trabajadores. A cambio, el Liquidador se comprometía a entregar 100.000 euros mensuales a los dos empresarios hasta sumar ocho millones.

Unos meses después, en junio de 2013, un juzgado de Madrid le encontró culpable, también junto a los citados socios, de la quiebra del grupo y ratificaba la condena. La sentencia consideraba que los condenados habían amañado las cuentas para esconder su situación real de insolvencia, de vaciar las arcas y retrasar deliberadamente la presentación del concurso de acreedores, agravando la situación.

¿Quién manda más, el Gobierno o los bancos y las grandes empresas?

Para remate, el 19 de septiembre de 2013, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presentó un informe al juez Velasco en el que se desvelaba que el insolvente Díaz Ferrán había acumulado un patrimonio valorado en 88 millones de euros, que estaba registrado a nombre de varias sociedades interpuestas, y un listado de bienes. El listado de bienes incluye la finca El Alamín, junto al río Alberche, en Toledo, que adquirió hace 13 años al marqués de Comillas y que fuera cuartel de mando del moro Almanzor en tiempos de la Reconquista. La propiedad, de 1.800 hectáreas y valorada en 40 millones, cuenta con un castillo calificado por la Junta de Castilla-La Mancha como bien de interés histórico. Además, aparecen pisos y apartamentos en Madrid, Marbella, Calvià, Menorca y Nueva York (dos apartamentos en el hotel Plaza), así como locales comerciales en el barrio madrileño de Salamanca, solares, gasolineras, garajes y coches de lujo.

Capítulo 6. Las élites empresariales

Cuando UCD tomó el poder se dio cuenta de que nunca sería el partido de la burguesía empresarial, ni contaría con un grupo organizado de empresarios. Es posible que, por eso, las relaciones de Adolfo Suárez y Fuentes Quintana fueran tan difíciles con los dirigentes empresariales, entre otras cosas porque los políticos se temían que muchos de ellos querían hacer carrera política.

Con el PSOE las cosas no iban a ser distintas, pero en este caso se suponía. Sin embargo, las relaciones con los socialistas fueron cordiales y más fluidas de lo que los propios empresarios pudieron pensar. La política económica de los socialistas fue un alivio para las clases empresariales, que no tuvieron que echarse al monte. Hicieron la reconversión industrial e iniciaron la remodelación de la vieja estructura empresarial pública, que dio lugar a las posteriores privatizaciones, que los socialistas no completaron.

Cuando llegó el PP, lo primero que quiso hacer Rodrigo Rato, como vicepresidente económico, fue crear una camada de empresarios de cámara y, al contrario de lo que había hecho el PSOE, importó poco que los presidentes que nombraba supieran de la materia de la que se iban a encargar los próximos años. En ese proceso fueron nombrados amigos de Aznar y de Rato, como Juan Villalonga en Telefónica, Miguel Blesa en Caja Madrid o Alfonso Cortina en Repsol, personas del mundo bursátil recomendadas por Manuel Pizarro, Francisco González en Argentaria o César Alierta en Tabacalera, y del partido, como Rodolfo Martín Villa en Endesa.

¿Pero quién manda más, el Gobierno o los bancos y las grandes empresas? Se entiende por poder económico aquel que crea el capital, es decir, las empresas y los bancos, y que a través de él se pueden determinar muchas de las decisiones de la política económica de un país. A lo largo de la historia económica, y no solo en España, el poder económico ha estado muy ligado al político, hasta el punto de que en ocasiones se han confundido.

Cuando el Partido Popular llegó al poder creó una camada de  empresarios de cámara

El crecimiento del poder económico se ha producido de manera inversamente proporcional al desgaste político. En cualquier caso, han tenido caminos inseparables, ya sea porque los Gobiernos necesitaban a la aristocracia económica o, al revés. La empresa siempre se ha unido para defender sus intereses y, de paso, presionar a los Gobiernos para sacar el máximo partido posible. En el caso de España, se contempla una estrecha alianza entre el capital, representado por las empresas, y el Estado, por el Gobierno. La muestra palpable está en el apoyo que el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) ha dado a la política económica del Gobierno para reclamar inversiones en España.

Ahí se ve el gran peso del poder, con un grupo de escogidos en el que conviven los poderosos banqueros con empresas —familiares o de origen familiar— en las que se mezclan apellidos de rancio abolengo con recién llegados a la elite de la riqueza empresarial.

Quizá la relación entre Gobierno y empresa alcanzó su máxima expresión en el mandato de Rodríguez Zapatero, quien convocó en dos ocasiones un foro de grandes empresarios en La Moncloa al que invitó a unos 40 presidentes. También publicitó en el momento que le resultó conveniente sus encuentros con los presidentes de los grandes bancos cuando todavía no había comenzado la reconversión que ha sufrido este sector.

Su sucesor, Mariano Rajoy, también ha recibido en Presidencia al CEC, un escogido grupo de 18 empresas formado a partir del embrión del Instituto de Empresa Familiar. Estas dos instituciones mantienen una fuerte actividad y han dejado minimizado a un grupo elitista que nació al tiempo que la CEOE, también con la democracia, el Círculo de Empresarios.