La respuesta europeísta

Capítulo I. La crisis de la eurozona y la reforma de Europa

La única estrategia para superar la crisis de la eurozona y fortalecer el Estado de bienestar pasa por transmutar la unión monetaria en una auténtica unión económica. La eurozona debe centralizar su respuesta a la crisis en esa agenda integradora desde una visión europeísta de las causas de la recesión y huir de aproximaciones exclusivamente en clave nacional. El objetivo es romper los actuales corsés derivados del statu quo del modelo, basado en un acuerdo de tipos de cambio fijo, para ganar espacio de maniobra al transmutar la zona euro en una verdadera unión económica.

 Este salto institucional es esencial. Este paso permitiría recuperar la capacidad de actuación de la política económica, dar una solución a la crisis y fortalecer el Estado de bienestar.

La única estrategia pasa por transmutar la unión monetaria en unión económica

En primer lugar, los mercados de capitales deben disponer de un entorno regulatorio común. La eurozona necesita una unión bancaria que elimine los incentivos a la nacionalización de los mercados financieros que surgen de la propia regulación estatal. Tal reforma debe incorporar un seguro de depósitos también común, una regulación común de recapitalización y liquidación de entidades financieras y, por supuesto, un supervisor único. La Unión, impulsada por la Comisión Europea, ya ha dado pasos en esta dirección, pero son cortos y con efectos tan solo a medio plazo. Una unión bancaria, con estas características, debe ser un objetivo de muy corto plazo que permita afrontar de manera inminente los problemas derivados por la acumulación insostenible de deuda por parte de algunos países y la desconfianza sobre la solvencia de las entidades financieras.

En segundo lugar, la zona euro necesita un instrumento de política fiscal propio que ayude a corregir desequilibrios o shocks territoriales, pero también que armonice y consolide las políticas presupuestarias de los Estados miembros. Este paso tiene sustanciales implicaciones en términos democráticos en la medida en que la misión originaria de los Parlamentos nacionales es aprobar la política tributaria y presupuestaria de sus Ejecutivos. De este modo, este paso, que no es sencillo, resulta particularmente complicado porque se ha de dar en un entorno de recesión económica y con una reducida credibilidad de los Gobiernos nacionales que más necesitan de un plan de integración consistente.

Mientras se avanza en el desarrollo de una política fiscal común a medio plazo, habría que tomar algunas medidas de corto. Por una parte, sería oportuno también mutualizar por una sola vez la deuda pública de los Estados de la eurozona por encima de un límite, que podría ser el compromiso del 60% del PIB nacional, reconociendo así la responsabilidad compartida en la acumulación de tales pasivos más allá de esa frontera. A medio plazo, habría que dirigirse hacia la mutualización de una parte de la deuda pública de los Gobiernos nacionales, toda ella retribuida con un mismo tipo de interés, que conviva con otro tramo de responsabilidad individual con costes financieros adecuados a la posición de cada sector público. Por otra parte, el actual mecanismo de apoyo a la estabilidad financiera, el MEDE, debería evolucionar hacia la constitución de un auténtico fondo europeo de asistencia.

La zona euro necesita un instrumento de política fiscal propio

En otro orden de cosas, habría que comenzar a definir una base de impuestos eminentemente europeos, que debería fijarse sobre aquellas bases imponibles con mayor movilidad geográfica. El propósito sería permitir la fijación de impuestos por parte de la Unión Europea sobre las bases imponibles más móviles para rentabilizar el efecto de país grande, dado que en la actualidad los países individuales no pueden fijar impuestos óptimos sobre tales fuentes de renta. El proyecto podría iniciarse con la europeización de la tributación de los rendimientos del capital. Una presión fiscal europea armonizada reduciría las ineficiencias de la actual tributación nacional, mejorando además la capacidad para fijar criterios de equidad horizontal entre las distintas fuentes de rentas. El mismo camino debería seguir la tributación de sociedades, para lo cual habría que empezar con una armonización de la definición de las bases imponibles. Además, la europeización de estas bases iría pareja a la mejora en la lucha comunitaria contra el fraude, para lo cual sería indispensable eliminar ya los paraísos fiscales en el seno de la propia unión, así como el secreto bancario.

Como resultado de todo ello, una vez se disponga de una unión bancaria y una cohesión de las políticas fiscales, junto con una mutualización de la responsabilidad presupuestaria, se podrá revisar el estatuto del BCE para hacerlo homologable al resto de autoridades monetarias. (…) De este modo, la presión política para intensificar la actuación del BCE debería reenfocarse hacia el Consejo Europeo, hacia los Gobiernos nacionales, para lograr que estos firmen la superación del actual modelo institucional que transmute las características básicas de la unión monetaria para amplificar el espacio de maniobra del propio banco central.

En tercer lugar, urge una armonización de la regulación de los mercados laborales europeos. No es razonable que un europeo que reparta su vida laboral entre varios países no devengue el derecho a una pensión de los sistemas públicos o pueda perder la prestación por desempleo si decide buscar trabajo fuera del país donde generó tal derecho. Además, en algunos países subsisten modelos laborales plenamente corporativos. Así, la Unión debe armonizar las políticas laborales y aquellas políticas sociales adscritas al trabajo (desempleo, pensiones, etcétera). Hay que tener presente que la eurozona que sobreviva a esta crisis solo lo habrá conseguido si profundiza en su integración económica. Pero esta se puede realizar bajo un horizonte puramente librecambista o bien mediante la europeización de los instrumentos clave de intervención pública. Teniendo en cuenta que los países europeos siempre han apostado individualmente por un “modelo de economía social de mercado”, que se sustenta en una regulación laboral protectora, tal marco institucional debería ser europeo.

Y en cuarto lugar, la zona euro debe profundizar en la integración en sus mercados de bienes y especialmente de servicios. (…). En la misma dirección se deberían centrar los esfuerzos sectoriales impulsados desde la Unión para garantizar un mercado europeo de utilities y políticas industriales y medioambientales comunitarias y armonizadas. Este proyecto, que exige una notable inversión en infraestructuras energéticas o de telecomunicaciones, por ejemplo, debería ser financiado a cuenta de los instrumentos públicos de intervención de la Unión.

Sin duda, esta hoja de ruta presenta notables desafíos y desborda las necesidades imperiosas de muy corto plazo, pero todas las propuestas consideradas son necesarias para viabilizar una Unión Europea asentada sobre la eurozona, que permita la sostenibilidad del Estado de bienestar. En todo caso, esta agenda de reformas afecta al núcleo de la soberanía nacional y supone una transferencia de poder extraordinaria a las instituciones europeas. Por ello, este camino debe ir acompañado de un fortalecimiento del soberano europeo, lo que exige una revisión profunda del papel del Parlamento Europeo. Además, hay que rediseñar el conjunto del sistema democrático para focalizar el poder ejecutivo en la Comisión, transformando el Consejo Europeo en una cámara territorial donde defender los distintos intereses nacionales. En el fondo, Europa necesita una auténtica Comisión con el poder suficiente para priorizar la misión comunitaria y un empoderamiento del Parlamento Europeo, así como ampliar su colaboración con los legislativos nacionales, especialmente en materia presupuestaria.