El fiscal pide para Español 27 años de cárcel por desviar 12 millones de La Seda

La Fiscalía pide 27 años y medio de prisión para el expresidente de la firma química La Seda, Rafael Español, por desvalijar 12,2 millones de euros de la empresa química entre 2000 y 2004. En su escrito de acusación, el ministerio público acusa a Español y a un colaborador suyo, el economista Antonio Comadrán, de los delitos de apropiación indebida, contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos mercantiles y pide que entre ambos indemnicen a La Seda con los 12,2 millones de euros desviados. La compañía La Seda de Barcelona está actualmente en concurso de acreedores, con una deuda de más de 900 millones de euros.

Para Comadrán, el fiscal de Delitos Económicos, Francisco Bañeres, pide penas que suman 25 años y medio de cárcel por los mismos delitos. El escrito de calificación solicita que Español sea condenado a devolver a Hacienda 1,2 millones de euros y Comadrán otros 299.428 euros por el presunto fraude fiscal que ambos cometieron en la facturación del IVA en las operaciones económicas que les sirvieron para llevar a cabo el desfalco.

Para desvalijar la empresa usaron facturas de mercancías inexistentes o con los precios inflados

En opinión de la Fiscalía, entre 1998 y 1999 el ex presidente de La Seda y el economista Antonio Comadrás decidieron "de común acuerdo, y con la finalidad de obtener un beneficio económico, detraer importantes cantidades de propiedad de la compañía presidida por el acusado Rafael Español".

El mecanismo que ambos establecieron para el supuesto desfalco, añade el fiscal, consistió en la emisión por parte de sociedades controladas por Comadrán de "facturas por la venta de mercancías inexistentes o por la prestación de servicios, bien inexistentes, bien efectivamente prestados, pero en los que había incrementado desmesuradamente su valor real". Mediante ese procedimiento, entre 2000 y 2004 "consiguieron entrambos desvalijar a La Seda Barcelona" en una suma que la Fiscalía calcula en 12,2 millones de euros.

Facturas falsas para eludir al fisco

Añade el ministerio público que, para evitar la tributación de los "suculentos beneficios" que sus sociedades ingresaban por la facturación, Comadrán "no dudó en surtirse a su vez de facturas falsas procedentes de empresas también vinculadas con el fin de menguar los llamativos resultados y conseguir una disminución de sus bases tributarias" tanto del impuesto de sociedades como del IVA. Con el propósito de menguar los beneficios que afloraban de sus empresas, el economista hizo también "una serie de cuantiosísimos gastos personales, los cuales no dudó en descontárselos como si se tratase de gastos relacionados con la actividad de la sociedad", añade el escrito de acusación.

A su vez, La Seda Barcelona y sus filiales, en la convicción de que los servicios que adquirían con las empresas de Comadrán tenían un origen ilícito, se descontaron el IVA contenido en las facturas falsas o incrementadas "con el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública".

Esta causa por presunto desvío de fondos de La Seda se inició en 2006

La Fiscalía menciona en su escrito cinco sociedades controladas por Comadrán que habrían servido para el desfalco: Management y Check Empresarial S.A., ITG Intergroup S.L., Fabricación de Asientos para Automóviles S.A., Gabinete de Construcción S.L. y Euromol S.L.

En opinión del fiscal, el hecho de que esas sociedades estuvieran dominadas por el acusado "no excluye que los administradores o apoderados de las mismas no conociesen el empleo fraudulento de tales sociedades, sobre todo a la hora de brindarse a emitir facturas falsas". Por ese motivo, el ministerio público plantea en su escrito que esas sociedades hagan frente, de forma subsidiaria, a las indemnizaciones derivadas del desvío de fondos y del fraude a la Hacienda Pública de que se acusa a los imputados.

Esta causa por presunto desvío de fondos de La Seda se inició en 2006 en el juzgado de instrucción número 19 de Barcelona, a raíz de una querella que presentó la Fiscalía. El expresidente de la empresa química es investigado en otras cuatro causas que instruye un juzgado de El Prat de Llobregat (Barcelona) por otras cuatro operaciones que presuntamente descapitalizaron a la sociedad y que la Fiscalía denunció en 2011 en una nueva querella.