Sousa dice que la banca y el auditor conocían cómo manejaba Pescanova

El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, tuvo que dar este martes explicaciones al juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional sobre su papel en el fraude de Pescanova. Sin embargo, cuando se marchó a casa tras más de siete horas de declaración, pocas cosas quedaron claras. Pese a que la compañía, en quiebra técnica, ocultó durante años sus pérdidas y Sousa vendió acciones a escondidas del regulador bursátil, insistió en su tesis: “No ha habido ningún engaño”, quizá “algunos errores de interpretación”, aseguró al juez. Pero todo lo hizo, defendió, por el bien de la empresa.

El expresidente, imputado, habló mucho, pero concretó poco. Según los abogados de la acusación particular, Sousa divagó ante las preguntas sobre los descuadres contables y las operaciones irregulares. Se detuvo, sin embargo, en explicar los precios del rodaballo o el salmón y en el potencial que tienen las acciones de la pesquera. Sobre por qué una empresa que había declarado beneficios tenía en realidad un agujero patrimonial escondido de 927 millones, no arrojó luz.

El empresario gallego declaró justo antes que su hijo, Pablo Javier Fernández Andrade. Ambos están imputados por presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera y de cuentas anuales. Al patriarca se le imputan, además, los delitos de uso de información relevante, de estafa, un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro societario.

El abogado de los pequeños accionistas Joaquín Yvancos adelantó su intención de solicitar la prisión preventiva con fianza para Sousa. No lo hizo este martes, pero podría solicitarlo el jueves, cuando el expresidente debe volver a declarar, según apuntó Europa Press. “Ha ganado la batalla por aburrimiento”, señaló Yvancos. “Se ha presentado como un santo y nos ha dado una clase magistral de economía”, comentó a las puertas de la Audiencia Nacional. Felipe Izquierdo, también abogado de un grupo de minoritarios que se presenta como acusación particular, aseguró que Sousa había culpado a la banca de estar al corriente de su deuda real. “Ha defendido que las entidades nunca le pedían documentación, porque también salían ganando al darle préstamos, ya que ingresaban mucho con estas operaciones. Solo le pedían proformas de facturas”, señaló. Sousa también apuntó contra el auditor BDO como responsable en parte de los descuadres contables, ya que revisó 10 años las cuentas de Pescanova y nunca advirtió de que hubiera irregularidades, criticó el expresidente.

Fuentes cercanas al expresidente negaron que Sousa echara toda la culpa de la situación actual a las entidades, pero sí confirmaron que declaró que los bancos siempre le dieron dinero, y que pese a que tenían la posibilidad de saber la deuda real de la firma en todo momento, nunca pusieron pegas. Las mismas fuentes explicaron que el expresidente se escudó en que quizá cometió errores, pero fue para superar las dificultades para lograr crédito que atravesaba Pescanova. Recordó, además, que encargar una auditoría para revisar la situación contable fue iniciativa propia.

Lo que Sousa negó fue que hubiera facturas falsas en la contabilidad, tal y como señaló la investigación a fondo realizada por KPMG. Justificó, según los abogados, que quizá algunas eran duplicados y que en otros casos, las dudas sobre la documentación responden a métodos de factoring, es decir, de pagos de facturas a través de la banca por adelantado de mercancías.

Sobre el dinero que su mujer trató en mayo de sacar a China, Fernández de Sousa aseguró que fue él quien ordenó el traspaso de cuatro millones de euros. Justificó, sin embargo, que era un envío a Hong Kong porque allí le daban intereses muy altos por el dinero, pero que en el último momento pidió que se anulara la operación. El dinero, precisó, era parte del préstamo que ofreció a Pescanova tras vender acciones a escondidas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y una vez se lo devolvió la empresa, trató de invertirlo. En cuanto a esa venta de acciones a espaldas del regulador, Sousa también tenía excusa: dijo que tiempo atrás compró acciones de la empresa a un precio muy alto usando préstamos, y tenía obligaciones que atender. Si no lo declaró, dijo, fue por no perjudicar el precio de las acciones con una venta masiva.

KPMG reveló en su investigación forensic, finalizada en junio y realizada tras estallar el escándalo en Pescanova, que en la empresa se habían manipulado las cuentas desde hacía tiempo. Un fraude a gran escala, del que según los primeros indicios señalados por la investigación, estaban al corriente el presidente y buena parte de la cúpula. Desveló que la empresa está en quiebra técnica, con un agujero de 927 millones y una deuda de 3.281 millones.