Delitos urbanísticos en Madrid: muchos juzgados “dan carpetazo”

Tarde, mal y, en ocasiones, nunca. Así se resume la persecución de los delitos contra el urbanismo en Madrid, que ha permitido en los últimos años casos de ilegalidad manifiesta, como la ampliación de la M-501, el soterramiento la M-30 o el cambio de uso de la finca El Encín, en Alcalá de Henares. Ilegalidad refrendada por los tribunales cuando ya la actuación estaba acometida.

Hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, lo dejaba entrever esta semana: "La justicia solo hace frente a la corrupción detectada, pero la ciudadanía es consciente de que hay más, y es algo que le come la moral".

Corrupción detectada que, a juicio de la responsable de Ecologistas en Acción en Madrid, María Ángeles Nieto, solo se ve perseguida cuando "hay trascendencia mediática". De lo contrario, según Nieto, el celo judicial en la persecución de delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio es escaso si se compara con otras autonomías.

En 2012, la sección de medio ambiente y urbanismo de la Fiscalía Provincial abrió 105 diligencias (32 por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo), pero se archivaron 40; otras 36 siguen en trámite y la Fiscalía interpuso denuncia o querella en 29 casos. Por delitos contra la ordenación del territorio se efectuaron 18 calificaciones y se dictaron 22 sentencias, 9 condenatorias y 13 absolutorias. El balance deja entrever que en Madrid "se denuncia poco o se archiva mucho", según Nieto.

La crisis y la consecuente disminución de la actividad urbanística son razones recurrentes que sirven para respaldar la disminución de la persecución de los delitos urbanísticos en la Comunidad de Madrid. Pero hay más. También hay construcciones ilegales, demoliciones o presuntos actos de prevaricación de responsables, pero no parece que en Madrid estos delitos trasciendan en exceso.

Como en años anteriores, la Fiscalía de Madrid reitera la existencia de juzgados que “se niegan a condenar por delitos urbanísticos o ambientales pese a las evidencias presentadas”. Y va más allá. “Cuando vamos a un juzgado o a otro, ya sabemos el resultado del juicio por su historial previo. Igualmente hay secciones distintas de la Audiencia que, ante casos muy similares, dan lugar en unos casos a condena y en otros a absolución”, lamentan los fiscales.

En relación con este tema, desde Ecologistas en Acción denuncian las múltiples denuncias que son archivadas de manera inmediata. “Hay muchos jueces que, en cuanto ven que somos nosotros quienes presentamos la querella, dan carpetazo al asunto”, apunta María Ángeles Nieto.

Y los temas que siguen su curso y acaban en sentencia tampoco resultan fáciles de ejecutar. Demoliciones de construcciones ilegales en lugares protegidos, como en Colmenar Viejo, Garganta de los Montes o Guadalix de la Sierra, han costado lo suyo por el poco celo a la hora de ejecutar la sentencia, dando pie en muchas ocasiones a los argumentos de los implicados antes que a lo dictado en la sentencia condenatoria, incluidas las tretas de algunos, como la de pintar de verde la casa para un perfecto camuflaje.

Otra diferencia sustancial que distingue la persecución de estos delitos en Madrid respecto a otras comunidades autónomas es el papel que desempeñan los agentes forestales como denunciantes de hechos potencialmente punibles. Se hace referencia en la memoria a que en “la inmensa mayoría de fiscalías destaca el loable voluntarismo y compromiso de este colectivo en la defensa del medio ambiente en el desempeño de su labor”. Pero hay excepciones, supuestamente superadas, relativas a las “reticencias de determinados representantes superiores” de estos empleados públicos a que denuncien directamente en la Fiscalía. Ecologistas en Acción destaca que en Madrid “se sigue impidiendo a los agentes forestales acudir directamente a presentar denuncias”.

Hace seis años, el entonces director de medio ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Allué, remitió una nota interna a los agentes para que se abstuvieran de tomar esa iniciativa. Con el traspaso de este departamento bajo dependencia de la Consejería de Presidencia se ha ido un paso más allá. Asegura Nieto que “la situación ha empeorado. Tampoco dejan a los agentes acudir a la vía administrativa”. No obstante, las denuncias se interponen, pero tienen un recorrido muy corto. “La mayor parte no llega a la Fiscalía porque la Administración no las remite”, según Nieto.

Entre las denuncias interpuestas el pasado año en Madrid figuran dos relacionadas con el vertido de residuos en Rivas-Vaciamadrid y en la planta de reciclaje de Valdemingómez, en la capital. En ambos casos, empresas privadas se dedican supuestamente a recoger residuos de construcción y demolición que posteriormente se vierten en parcelas de polígonos industriales o en huecos de explotaciones mineras en desuso. De las denuncias ante el Seprona (Guardia Civil) nada se sabe.

La extracción de áridos por debajo del nivel de la capa freática dentro del parque regional del Sureste —prohibida por la ley de declaración de este espacio protegido— o sendas denuncias interpuestas contra municipios de la sierra Norte de Madrid son otros de los asuntos denunciados.

A veces, mucho tiempo después, las denuncias acaban en condena y se ejecutan. Pero la mayoría de las veces llegan tarde y apenas sirven para reparar el daño moral. Es lo que ocurrió hace años con la polémica sobre la ampliación de la M-501, la “carretera de los pantanos”, o con el mismo soterramiento de la M-30 en Madrid capital.

Más recientemente, ha sucedido lo mismo con el campo de golf que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se empeñó en montar en pleno barrio de Chamberí. Bastó recibir el Gobierno regional la sentencia del Supremo que anulaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad que en 2007 permitió aprobar los campos de golf para que el Canal de Isabel II se apresurara a presentar un Plan Especial de Infraestructuras con el objeto de legalizar los campos construidos sobre la cubierta del tercer depósito.

Hasta el 13 de junio, el Plan Especial estuvo en información pública y se recogieron más de 200 alegaciones de particulares y colectivos ecologistas. Dará igual, se pasarán por alto, y el campo de golf se mantendrá donde está como si nada hubiera pasado.

El objeto del plan es legalizar los campos de golf, pero como es imposible con el plan general vigente en Madrid, el Canal de Isabel II Gestión redacta el Plan Especial para crear una nueva normativa urbanística de aplicación exclusiva en su parcela.

Las asociaciones vecinales ponen el énfasis en la pérdida de zonas verdes que supone esta actuación. Chamberí es el distrito de Madrid con menor proporción de dotaciones de zonas verdes por habitante, tan solo 1,03 metros cuadrados por habitante, cuando la OMS recomienda entre 10 y 15 metros. Además, entienden que resulta inaceptable que desde la Administración se estén priorizando las instalaciones de golf con apenas uso mientras los vecinos se masifican en el escaso parque que han dejado como franja perimetral al golf.

En otras ocasiones, las denuncias surten el efecto deseado, como ha ocurrido con dos arquitectos del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, condenados por la Audiencia Provincial por “haber realizado proyectos privados y al mismo tiempo haber emitido informes en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos, conociendo la incompatibilidad para hacerlo”, según la sentencia.

O con esas 13 construcciones ilegales demolidas recientemente en Robledo de Chavela tras años de procedimiento judicial y con sentencia firme condenatoria desde 2004. Fueron levantadas en suelo no urbanizable protegido y dentro del ámbito de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio, y hasta ahora no se ha ejecutado la sentencia para restaurar la zona a su estado original. Nueve años en los que la Comunidad de Madrid hizo caso omiso a la sentencia, e incluso llegó a emitir un informe favorable para legalizar las construcciones.