Un directivo de Bankia confirma que Guindos pidió un plan alternativo a Rato
El exdirector general Financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, avala la versión del expresidente
El exdirector general Financiero y de Riesgos de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj ha confirmado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que el Ministerio de Economía pidió al entonces presidente Rodrigo Rato que realizara un nuevo plan de saneamiento sobre la entidad al considerar que el anterior plan de capitalización, que tenía el aval del Banco de España, presidido por Miguel Fernández Ordóñez, no era viable, han informado fuentes jurídicas.
Esta declaración avala la versión ofrecida al magistrado por Rato en la Audiencia Nacional y contradice el testimonio del ministro Luis de Guindos, que comunicó al juez por escrito que el Gobierno no rechazó ningún plan de Rato para Bankia.
El nuevo plan, que se llamó "de desinversión, saneamiento y mejora", se elaboró para un escenario de estrés máximo, con una disminución del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,8 por ciento y sin recuperación del empleo hasta el año 2013. Incluía mayores provisiones para contemplar posibles pérdidas a futuro.
Rato explicó al juez que el objetivo de este nuevo proyecto, que contemplaba 9.500 millones de provisiones adicionales al plan de abril, en el que también participó la auditora Deloitte, era generar la confianza de los inversores. El plan también contemplaba reducir de 19 a cinco los miembros del Consejo de Administración.
Guindos rechazó el primer plan
Durante su declaración como imputado Barcoj ha precisado que Rato les comunicó, tras mantener una reunión en el Ministerio de Economía, que al departamento que dirige Luis de Guindos no le gustaba el primer plan propuesto y ya avalado por el Banco de España. El Gobierno pensaba —ha dicho— que esa estrategia no iba a conseguir el objetivo de calmar a los mercados. En opinión de Economía, se necesitaba un plan que fuera más allá, más agresivo, ha concretado.
A su salida de la Audiencia Nacional, Barcoj ha sido zarandeado e insultado por una decena de jubilados que protestaba a las puertas de las dependencias judiciales por la pérdida de sus ahorros por la compra de preferentes de la entidad.
Sánchez Barcoj, que fue imputado en el caso Bankia el pasado 5 de junio, también declaró en esa condición ante el juez de Madrid Elpidio José Silva por la compra del City National Bank de Florida y por la concesión en 2008 de un crédito de 26,6 millones al Grupo Marsans —dirigido por el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán— por parte de Caja Madrid.
El imputado, que se ha limitado a contestar a las preguntas realizadas por el fiscal Luis Rodríguez Sol, se ha desvinculado de la elaboración de las cuentas de 2011 y ha explicado que en octubre de 2012 un cambio en el organigrama de la entidad provocó que esta cuestión pasara a depender de la presidencia.
El papel de Deloitte
Ha atribuido la responsabilidad de la no publicación de aquellas cuentas a la auditora Deloitte, que, en su opinión, incumplió su obligación de presentar su informe cuando tenía la posibilidad de hacerlo aunque fuera con salvedades o de forma poco limpia.
Sánchez Barcoj ha especificado que la elaboración de las cuentas contaba con la dificultad añadida que suponía la falta de integración informática de las cajas fusionadas, que provocaba que la información que proporcionaban no fueran fiable.
En cuando a la preparación de la salida a Bolsa de le entidad, el imputado ha puesto de manifiesto que se trató de una decisión estratégica dirigida por el presidente. Ha especificado que fue Rato quien eligió esta opción y llevó directamente todo el proceso. Andreu cerrará mañana la ronda de declaraciones en la causa que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia con el interrogatorio al exdirector general adjunto de Auditoría Interna de Bankia, Miguel Angel Soria.
En la causa hay 36 imputados, entre los que se encuentran 32 miembros del antiguo Consejo de Administración de la entidad financiera, encabezada por Rato, y Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas. Se les acusa de delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en los balances y maquinación para alterar el precio de las cosas.
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