S&P advierte de que la reforma reducirá la rentabilidad y el rating de las eléctricas

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha asegurado en un informe que la última reforma eléctrica anunciada por el Gobierno el pasado mes de julio erosionará la liquidez de las empresas, empeorando su rentabilidad y, consecuentemente, poniendo en peligro sus calificaciones de crédito.

“Para nosotros es claro que las reformas de julio erosionarán aún más la liquidez de las empresas examinadas, lo que probablemente reduzca su rentabilidad y parámetros de crédito y, consecuentemente, el margen de sus calificaciones”, indica en un documento que trata de responder a las preguntas frecuentes de los inversores.

No obstante, el informe deja en el aire una de las principales cuestiones: la de si la reforma acabará de una vez con el desajuste del sistema, que acumula un déficit de 26.000 millones. “Una solución permanente y estructural para eliminar el déficit de tarifa aumentaría considerablemente la visibilidad en el sector y reduciría la incertidumbre en la política energética en España. Dicho esto, es demasiado pronto para determinar si las reformas anunciadas se implementarán en un futuro para que se elimine ese déficit de tarifa”.

La agencia advierte que la reforma prevé que una parte significativa del déficit sea absorbido por los Presupuestos del Estado, en un momento en el que España presenta unas cuentas débiles y con una economía en pleno proceso de ajuste estructural prolongado. Además, S&P avisa de que algunas medidas propuestas — como el marco retributivo para los generadores de energías renovables— podrían acabar en los tribunales ante el rechazo de las empresas.

El documento señala que las reformas no eliminan completamente los riesgos políticos y regulatorios, que continuarán pesando en los perfiles de riesgo de las compañías con exposición en España.

Además, indica que los gobiernos de los países afectados por un “estrés económico prolongado que deben hacer frente a restricciones presupuestarias estrictas, como España, son más propensos a interferir negativamente en sectores generadores de caja y socialmente importantes como las eléctricas”.

Esa interferencia reduce, a juicio de S&P, la previsibilidad operativa y financiera de las empresas, especialmente porque el Gobierne mantiene la capacidad de afectar el proceso de fijación de tarifas y, el Ministerio de Industria, en último término, es el que aprueba la revisión de precios.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró esta semana que no intervendrá en el futuro para frenar posibles subidas bruscas de los precios de la electricidad y dejará las futuras revisiones a merced de los mecanismos establecidos, ya sean las subastas para fijar el coste de la energía o el nuevo sistema automático de peajes.

Además, S&P entiende que las nuevas medidas regulatorias podrían reducir el incentivo de las empresas extranjeras para invertir en el sector eléctrico español.