Récord de suspensiones de pagos

La crisis económica en España se echó al principio una mochila a la espalda y, a medida que se prolonga en el tiempo, va acumulando en ella multitud de récords. Este martes le tocó al Instituto Nacional de Estadística (INE) introducir otro nuevo en ese saco de viaje. Un total de 5.069 compañías se declararon en concurso de acreedores durante el primer semestre de 2013. Una cifra que se eleva un 22,5% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Y que se presenta, también, como la más alta de todos los semestres desde 2004, cuando arranca el estudio estadístico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) propone una reforma a fondo del régimen de insolvencias español que permita un mayor número de acuerdos extrajudiciales y también que se salven más empresas de las que entran en concurso.

Además de a la “profundidad” de la crisis económica, que acumula ya ocho trimestres de recesión y cinco años de crisis; la agencia de calificación Axesor achaca este incremento de los concursos a la existencia de dificultades para acceder a nuevas fuentes de financiación. “La persistente sequía del crédito bancario pone en problemas a empresas eficientes y viables”, apostilló la sociedad. Esta elaboró su propio informe sobre el tema, en el que habla de un aumento aún más pronunciado de las suspensiones de pagos durante el primer semestre: del 27,3% en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2012, con 5.713 compañías acogidas a este tipo de proceso.

En términos trimestrales, las estadísticas del INE tampoco dan mucho respiro. Las empresas declaradas en concurso de acreedores ascendieron a 2.408 entre abril y junio del presente ejercicio, lo que supone un aumento del 15,1% respecto a idéntico lapso de tiempo del año pasado. Eso sí, entre tanta oscuridad, en este punto se cuela un rayo de luz. En comparación con el primer trimestre de 2013, las suspensiones de pagos contabilizadas durante el segundo cayeron un 9,5%.

Aun así, los efectos derivados del estallido de la burbuja inmobiliaria todavía lastran estas estadísticas publicadas por el INE. De hecho, por sectores, 1.365 compañías relacionadas con la construcción entraron en concurso de acreedores durante el primer semestre. Estas representaron el 26,9% del total. Le siguieron las 898 sociedades dedicadas al comercio y las 877 a la industria y energía, que supusieron el 17,7% y el 17,3%, respectivamente.

Todos esos datos actuales dibujan una tendencia que arrancó hace ya más de un lustro. Al echar la vista atrás, el informe del INE revela que un total de 32.133 empresas se declararon en suspensión de pagos desde 2008. “Las cifras evidencian la falta de preparación del empresariado español para una crisis de una duración y gravedad imprevistas”, subrayan desde Axesor, que incide en que el incremento de los concursos de acreedores afecta “principalmente” a las pequeñas y medianas empresas.

Porque no solo grandes compañías, como Pescanova, Reyal Urbis, Orizonia o Isofotón, iniciaron este tipo de procedimientos en el primer semestre de 2013. Entre enero y junio de este año, un total de 1.243 sociedades con un volumen de negocio inferior a los 250.000 euros se acogieron a esta medida, representando el 24,5% del total. Las empresas con una facturación de más de 10 millones solo fueron 233 (4,5%).

En su informe sobre la economía española de la semana pasada, el FMI proponía una modificación drástica del régimen de insolvencias. El Fondo constataba que la mayoría de los concursos acaban en la muerte de la empresa por razones estructurales (los acreedores con garantías se resisten a reestructurar la deuda), culturales (el estigma asociado a los concursos lleva a las empresas a presentarlos cuando ya es demasiado tarde) e institucionales (tribunales sobrecargados, procesos largos y costosos y administradores concursales sin experiencia en la gestión convierten el sistema en ineficiente).

“Debe hacerse más pronto el rescate de firmas viables y eliminarse todo el rígido y pesado armamento procesal para acelerar la liquidación de las inviables”, apostilló el Fondo en sus conclusiones. El organismo propone fomentar los acuerdos extrajudiciales, rebajar las mayorías exigidas (en ocasiones la unanimidad) para aprobar refinanciaciones o reestructuraciones, dar preferencia al dinero nuevo que se inyecte en las empresas, conceder incentivos fiscales, eliminar los límites de quita y extensión del plazo previstos por la ley en los convenios e incluso crear un “comité de acreedores” para controlar y supervisar los procedimientos, y así aliviar el colapso judicial.

En el caso de las personas físicas declaradas en concurso de acreedores, propone un “sistema de mediación” externo a los tribunales. Según los datos difundidos por el INE, 399 personas físicas sin actividad empresarial se acogieron a este tipo de procedimientos entre enero y junio de 2013, un 22,4% menos que en el mismo periodo de 2012 y muy lejos del máximo de 560 personas registradas en los seis primeros meses de 2009.

A este respecto, el FMI también consideró básico la introducción en España de un nuevo régimen de insolvencia personal que les permita un “nuevo comienzo”. “Los hogares insolventes que no consiguen asistencia para su deuda tienen un incentivo muy fuerte para permanecer en la economía sumergida”, concluyó la organización supranacional.

De vuelta a los datos publicados por el INE, entre enero y junio de este año, las comunidades autónomas con mayor número de compañías declaradas en concurso de acreedores fueron Cataluña (994) y Madrid (693), que sumaron una tercera parte del total. El 25,3% de las empresas que entraron en suspensión de pagos tenían 20 años o más de antigüedad. Y de los 5.648 deudores (suma de sociedades y personas físicas), un 95,2% accedió al procedimiento de forma voluntaria.