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China ordena una auditoría nacional de la deuda pública

El Ejecutivo quiere investigar la situación del endeudamiento de los gobiernos locales

Pekín ha señalado varias veces las posibles amenazas para el sistema bancario estatal

Un ciclista da un paseo por las calles del distrito financiero de Pudong, Shanghai (China).
Un ciclista da un paseo por las calles del distrito financiero de Pudong, Shanghai (China).

China ha decidido tomar medidas ante el nivel de deuda pública del país. El Gobierno ha ordenado la realización de forma urgente de una auditoría a escala nacional para conocer en detalle el endeudamiento de los gobiernos locales, que supone una amenaza para la segunda economía del mundo.

Así lo asegura una directiva anunciada el domingo en un comunicado de tan solo una frase, que dice: “De acuerdo a la petición del Consejo de Estado, el Departamento Nacional de Auditorías (DNA) organizará agencias de auditoría por todo el país para llevar a cabo una auditoría de la deuda gubernamental”.

El organismo no ha dado más detalles, como el plazo en el que deberá ser llevada a cabo la investigación, pero, según el Diario del Pueblo —órgano oficial del Partido Comunista Chino (PCCh)—, la orden fue dictada el viernes pasado y el trabajo comenzará esta semana. Pekín ha señalado repetidas veces la necesidad urgente de protegerse contra los riesgos financieros, incluido el endeudamiento público. El Gobierno teme la amenaza que supone para el sistema bancario estatal.

Las instrucciones indican la creciente preocupación de los líderes chinos sobre el riesgo sistémico derivado de los crecientes niveles de endeudamiento, en particular la demanda de dinero por parte de las administraciones locales, que si bien ha ayudado a la economía a seguir creciendo con celeridad, es insostenible según Pekín. La nueva Administración china, encabezada por el presidente, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Keqiang, ha acelerado las reformas de la economía para bascular de un modelo de desarrollo basado en la inversión y las exportaciones a otro más ligado al consumo interno, aunque sea más lento.

Un fuerte endeudamiento es un escenario peligroso para China. El banco alemán Deutsche Bank asegura que representa un riesgo macroeconómico. Según una auditoría realizada por DNA en 2011, la deuda pública de los gobiernos locales sumaba un total de 10,7 billones de yuanes (1,3 billones de euros) a finales de 2010. Standard Chartered, Fitch y Crédit Suisse estiman que el endeudamiento de las administraciones locales supone el equivalente entre el 15% y el 36% del PIB (producto interior bruto); es decir, hasta 2,3 billones de euros, según el PIB de 2012.

Zhu Guangyao, viceministro de Finanzas, ha afirmado este mes que el Gobierno desconoce el valor total de la deuda local, aunque ha asegurado que el nivel es manejable. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado, también este mes, que las obligaciones conjuntas de los Gobiernos central y locales representan el 45% del PIB. “Un mayor y más rápido crecimiento de las deudas elevaría el riesgo de desorden en el ajuste del gasto gubernamental”, afirma el FMI. “Esto minaría el crecimiento, con efectos secundarios adversos”.

Las leyes presupuestarias chinas prohíben a las administraciones locales que asuman deuda directamente, pero sus dirigentes han pedido prestado en gran cantidad a través de diferentes vías –por ejemplo a empresas, a alto coste-, y con frecuencia han utilizado el dinero en proyectos inmobiliarios especulativos.

Las autoridades locales se enfrentan a una presión financiera creciente para construir las escuelas, las infraestructuras sanitarias y llevar a cabo otros programas sociales prometidos por Pekín a la población, pero la mayoría tiene prohibido recolectar sus propios impuestos y dispone de fuentes limitadas para financiarlos. A menudo, acuden a la expropiación y venta de suelo –fuente corriente de corrupción-, lo que genera protestas sociales y un gran descontento con el partido.

La petición de préstamos se aceleró a raíz de la crisis de 2008, cuando el Gobierno central aprobó un plan de estímulo por valor de cuatro billones de yuanes (491.000 millones de euros al cambio actual) para construir líneas de metro y otras obras públicas, que desencadenó la petición de créditos a los bancos estatales y un fuerte endeudamiento en las administraciones locales.