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La siderurgia dice que la reforma eléctrica le condena a competir en desventaja

La asociación Unesid solicita precios de la energía que le permitan hacer frente a la industria de otros países

Un "duro golpe". Una "condena" a no poder competir. La asociación de la industria española del acero Unesid, que agrupa a 46 empresas del sector, ha cargado contra la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno a mediados de este mes. Los efectos de la nueva regulación serán "devastadores" para la industria, según un comunicado de la patronal.

Unesid, que ya advirtió del encarecimiento de la factura que iba a provocar la reforma, avisa que el primer efecto ya se ha producido. Mientras el mercado de futuros de la electricidad está a la baja en Francia y Alemania, dicen, el diferencial de España con esos países ha aumentado a 11 euros por megavatio. Y consideran que esa subida es un duro golpe a la competitividad de una industria que "se ve obligada" a exportar el 70% de su producción.

La agrupación dice que la nueva propuesta del Ministerio de Industria hace inviable el mantenimiento del esquema anterior, "que tan buenos resultados ha producido al sistema eléctrico español". La siderurgia española ha realizado en los últimos años distintas  inversiones para garantizar "la modulación e interrumpibilidad" en la gestión del sistema eléctrico. Esas inversiones recibían una compensación que el departamento dirigido por José Manuel Soria propone recortar, lo que generará "un mayor diferencial en el precio" de la electricidad, denuncia Unesid.

Los representantes de un sector que es el principal consumidor eléctrico industrial dicen que no piden "subvenciones", sino precios de la energía "competitivos en relación con otros países europeos".

Las críticas a la reforma eléctrica han sido generalizadas. Los reproches desde la industria del acero se suman a las de las productoras tradicionales de energía, el sector de las renovables, los ecologistas y los consumidores. Mientras, el Gobierno ha defendido que su propuesta "no se casa con nadie" y que era "absolutamente ineludible para garantizar la defensa del consumidor", en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos.