El Estado francés recurre la millonaria indemnización a Tapie
El empresario comparece ante los jueces en París tras 96 horas de arresto e interrogatorio

El Estado francés ha presentado este viernes un recurso ante el Tribunal de Apelación de París contra el fallo del arbitraje privado que en 2008 le ordenó indemnizar con 403 millones de euros al empresario Bernard Tapie poniendo así un final ahora revisado a un litigio de 20 años con el banco Crédit Lyonnais (CL) por la venta de Adidas. El recurso ha sido depositado por el Consorcio de Realización (CDR), el organismo público encargado de gestionar el pasivo del banco de Lyon, que abonó a Tapie su multimillonario resarcimiento. Hace cinco años, la entonces ministra de Economía Christine Lagarde decidió no recurrir el fallo del colegio arbitral; ahora, ante la aparición de indicios que sugieren que la decisión de los tres jueces fue un fraude, el Gobierno socialista ha decidido reclamar el dinero a la justicia ordinaria.
Tapie ha sido conducido esta mañana por la policía financiera ante los tres jueces que investigan el escándalo después de prestar declaración durante 96 horas —en el hospital de l’Hôtel-Dieu donde se hallaba ingreado desde el lunes— como sospechoso de un delito de estafa en banda organizada. Su abogado, Maurice Lantourne, permanecía a mediodía detenido en los locales de la brigada financiera de París.
Los dos sospechosos arriesgan la imputación en un caso en el que hay ya tres inculpados formales: Stéphane Richard, exjefe de gabinete de Lagarde y hoy presidente del gigante de telefonía Orange; Pierre Estoup, el árbitro que redactó la sentencia, y Jean-François Rocchi, exresponsable del CDR. La propia Lagarde, que fue acusada de complicidad en malversación y falsedad, ha sido declarada testigo asistido, una situación intermedia que no supone su exculpación definitiva.
El CDR ha emitido una nota en la que recuerda que el 4 de junio se constituyó parte civil en la causa para tener acceso al sumario, y añade: “Las investigaciones de la brigada financiera, (realizadas) bajo la vigilancia de tres jueces de instrucción y de la fiscalía, han revelado al CDR la existencia de indicios graves y concordantes que invitan a etiquetar el arbitraje como un fraude”.
El experto Thomas Clay, que en 2008 pidió al Gobierno conservador que elevara recurso contra el fallo arbitral, ha declarado a la web de Le Monde que “si la Corte de Apelación anulara el fallo privado, todo volvería a la situación de 2007, cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia contra Tapie, que en ese caso se vería obligado a reembolsar el dinero”.
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