Sistema bancario convaleciente

Es difícil hacer banca al por menor en una economía en recesión. En mayor medida si, como ocurre en la española, las posibilidades de crecimiento apenas dependen de sus agentes, autoridades incluidas, sino de las decisiones que se adopten en su más inmediato entorno internacional.

La crisis económica y financiera de la eurozona no está superada, y las bases sobre las que se asienta la recuperación de la economía global tampoco son demasiado firmes. Que la situación sea menos dramática que hace un año, antes del anuncio por el Banco Central Europeo (BCE) de su disposición a comprar bonos soberanos en el mercado secundario, no significa que hayan desaparecido todas las amenazas. En los dos frentes, el financiero y el real, la eurozona sigue mostrándose vulnerable. Y la economía española y su sistema bancario de forma diferenciada. En ausencia de estímulos a la demanda que faciliten la reducción del desempleo, el desendeudamiento privado y la estabilización de la morosidad, no cabe descartar que algunas entidades bancarias requieran más capital. La vía que se utilice para su satisfacción es de las pocas decisiones que puede adoptar el Gobierno en la gestión de la crisis. En mayor medida si asumimos que del próximo Consejo Europeo no va a salir una inmediata puesta en marcha de la unión bancaria que permita desvincular rápidamente riesgos bancarios y soberanos.

1. La economía real. Elementos determinantes de la salud de las empresas bancarias. El entorno relevante en el que opera la banca en España seguirá siendo el de una economía en recesión, con un dinamismo de las exportaciones menor que en el pasado reciente, debido a la menor pulsación de la demanda de nuestros principales socios comerciales. En realidad, el conjunto de la eurozona no superará la recesión hasta el próximo año.

Aun cuando la demanda doméstica atenúe su ritmo de caída, esta seguirá siendo tributaria de una tasa de desempleo elevada y de un descenso en la renta disponible de las familias consecuente, además, con el de las remuneraciones salariales. Los precios de la vivienda, por su parte, no han concluido su ajuste. No son condiciones que favorezcan una significativa reducción del endeudamiento de familias y empresas y la correspondiente cesión de la tasa de morosidad desde los niveles históricamente elevados en los que está ahora. La natalidad empresarial neta, por su parte, seguirá acusando las consecuencias de esa ausencia de demanda y de las propias disfuncionalidades del sistema bancario, especialmente acusadas en la canalización de crédito a sectores productivos.

Todas las previsiones, incluidas las del Gobierno, anticipan para 2014 una tasa de crecimiento del PIB inferior al 1%, insuficiente para que se registren mejoras significativas en el mercado de trabajo y, por tanto, en la evolución de la demanda interna, en la confianza de los agentes y en la calidad de los activos bancarios.

La crisis económica y financiera de la eurozona no está superada, y las bases sobre las que se asienta la recuperación de la economía global tampoco son demasiado firmes

2. Las condiciones financieras de la eurozona. La dimensión estrictamente financiera de la crisis, aunque con menor intensidad, sigue presidida por esa peligrosa interacción entre la situación de los mercados de deuda pública y la salud de algunos sistemas bancarios. Hemos tenido evidencias de ello en las últimas semanas.

El cuestionamiento de la virtualidad del programa OMT (Outright Monetary Transactions), concebido por el BCE el pasado verano para evitar la fragmentación de la eurozona, es el exponente más destacado. No ha sido solo el Tribunal Constitucional alemán el que ha debilitado aquel mecanismo disuasorio de los ataques a la deuda pública española e italiana, sino también la presunción de las dificultades de los sistemas bancarios. Por ello, además de los precios de los bonos, han sido las cotizaciones bancarias las que han sufrido: son los bancos, recordemos, los principales tenedores de deuda pública de sus respectivos países.

Desde el reconocimiento por el BCE de las dificultades para la transmisión de la política monetaria, reflejadas especialmente en la divergencia de tipos de interés que pagan pequeñas y medianas empresas por operaciones homologables en riesgo en distintos países de la eurozona, no se ha adoptado ninguna decisión para su eliminación. La fragmentación sigue siendo una de las notas características de la anormalidad financiera en el área monetaria.

3. Las perspectivas del sistema bancario español. La recapitalización de algunos bancos y la satisfacción de las condiciones establecidas en el Memorando de Entendimiento, firmado el pasado julio, asociado al programa de rescate sectorial, permitió el alejamiento de escenarios extremos, pero la continuidad de la recesión erosiona esas mejoras. Si a ello se le añade eventuales exigencias de reclasificación contable de las operaciones de refinanciación, las posibilidades de concluir el año con cuentas de resultados poco vistosas e incluso con necesidades adicionales de capital en algunas entidades no son poco probables. En todo caso, las condiciones actuales tampoco son las mejores para la normalización de la inversión crediticia del conjunto del sistema bancario.

A lo anterior pueden añadirse las necesidades que se deduzcan de la realización de nuevas pruebas de resistencia a los bancos realizadas por el BCE como preámbulo a la asunción de sus funciones supervisoras. Para la satisfacción de esas exigencias de capital adicional no existen muchas posibilidades para las entidades más concernidas. Ni las ventas de activos ni la apelación a los mercados son en este momento empeños fáciles. Probablemente, no habrá más remedio, si esas necesidades de capital emergen, que cubrirlas con fondos públicos. Y estos podrían tener dos fuentes básicas: la línea de crédito del MEDE asociada al programa de rescate bancario, que se mantiene todavía viva, con un saldo no dispuesto de casi 60.000 millones de euros, y la inyección directa del FROB.

Este último se nutre directamente de fondos captados por el Tesoro en los mercados a tipos de interés que no son tan favorables como ese 0,5% sobre el que giran las disposiciones de la línea de crédito supervisada por la troika. Se trata de una diferencia significativa, que podría serlo aun mayor si los mercados de bonos registran episodios adicionales de volatilidad. Y las circunstancias que pueden alimentar esta no dependen ni mucho menos de las autoridades españolas.

En consecuencia, la prórroga de ese programa, de la línea de crédito, se debería asumir como una decisión de prudencia: minimizaría en condiciones de certeza el coste financiero y constituiría una red de seguridad con la que afrontar requerimientos de más capital en la banca, con independencia de las causas que las motiven. Ese respaldo sería favorablemente valorado por los inversores. A cambio de ello, no deberían existir contrapartidas adicionales a las ya explícitas en el memorando vigente, ni trámites tan complejos que no compensaran esas ventajas en coste y en seguridad.

Apelar al estigma político como única razón para dejarla expirar no es un argumento poderoso. La banca española ya está rescatada, con bastante independencia de la cuantía hasta ahora dispuesta. Y preocuparse ahora por el qué dirán no es precisamente la opción más aconsejable.

Con todo, la actuación de las autoridades españolas en las instancias europeas no solo debería tratar de explicar esas eventuales necesidades del sistema bancario, sino de garantizar fuentes de demanda que desencadenen la normal actividad de las economías. Y, con ellas, el saneamiento natural, no asistido, de aquellos sistemas bancarios de la eurozona todavía convalecientes.