La fiscalía quiere parar la investigación de las preferentes en la Audiencia Nacional

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que anule la decisión del juez Fernando Andreu de investigar la comercialización de preferentes porque supondría crear un "paradigma de macro-causa ingobernable" que generaría una "grave desprotección a las víctimas".

El fiscal, que apeló contra los autos en los que el magistrado admitía a trámite varias querellas por este asunto, pide que sea el pleno del tribunal quien resuelva sobre esa admisión, "dada la trascendencia de las cuestiones que deben debatirse". Los escritos van dirigidos a la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la misma que ordenó a Andreu investigar las ventas de preferentes e incorporarlas a la causa en la que instruye la fusión y salida a bolsa de Bankia. El juez, sin embargo, decidió abrir una pieza separada con ellas.

Anticorrupción cree que, ante la "previsibilidad de que se planteen en el futuro cuestiones de similar contenido", debe ser el pleno el que "decida el cauce por el que deberán dilucidarse las eventuales cuestiones que se susciten ante la sala", por lo que reclama la celebración de una vista oral previa.

La investigación emprendida por Andreu abarca al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, seis miembros del consejo de administración —entre ellos Gerardo Díaz Ferrán—, otros ocho altos cargos de esta entidad y Bancaja, así como contra sus filiales, Bankia, y su matriz, BFA,

Según su criterio, la comercialización de preferentes comprende una doble vertiente: la primera la de su ideación y venta general por parte de la cúpula directiva de las entidades, lo cual ya se está investigando en la causa de Bankia, en la que están imputados todos los que fueran miembros de su consejo de administración y su expresidente Rodrigo Rato.

La otra es la comercialización individualizada por parte de los directores de las sucursales, y es en este punto en lo que discrepa la Fiscalía, que considera "improcedente" iniciar una investigación penal "masiva" dirigida contra todos estos empleados.

En este sentido, sostiene que "el engaño dirigido a una masa de víctimas puede idearse desde la dirección de las entidades, pero no desde la posición de quienes comercializaron" estos productos. "Y ello porque resulta descabellado mantener que existió una planificación general y orquestada por todos los directores, comerciales o empleados de sucursales" para "colocar de forma fraudulenta" las preferentes entre los inversores minoristas.

Además, "igualmente queda fuera de toda lógica" que estos trabajadores conocieran los estados financieros de la entidad, cuando lo que ocurrió "sencillamente" es que los comerciales se limitaron a vender un producto "autorizado y regulado, siguiendo las instrucciones impartidas por la dirección de las cajas".

El fiscal defiende que los comerciales se limitaron a vender un producto "autorizado y regulado"

Rechaza así "la sugerida creación de espacios de impunidad" que alegó Andreu para admitir las querellas y vuelve a defender la vía civil ante la "ausencia de datos objetivos" que permitan el encaje penal de los hechos denunciados por UPyD y varios particulares en las mismas.

Por ello, insiste en que una investigación general sobre un delito de estafa cometido supuestamente por los empleados de las entidades "supondría convertir esta investigación en un paradigma de macro-causa ingobernable" con "cientos de imputados" que vendieron estos productos en "circunstancias diversas para cada caso" y "miles de testigos" que las adquirieron.

A ello se une una "infinidad" de diligencias en ciudades de toda España que alargarían el proceso, que "generarían una grave desprotección a las víctimas" y harían "inviable" el mismo. No obstante, Anticorrupción no excluye la posibilidad de que se hayan producido engaños con relevancia penal, como en los casos de "personas incapaces, de edad avanzada o analfabetas".

En definitiva, resume el fiscal, la Audiencia Nacional es competente para investigar si la venta masiva de preferentes "obedeció a un plan ideado" por los responsables de las cajas pero no para enjuiciar a los empleados que lo ejecutaron.