Las preferentes llegan a la vía penal

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu estudiará si se cometieron delitos en la venta de participaciones preferentes de Bankia. En su auto, que se hizo público este lunes, el magistrado admite a trámite la querella que interpuso Unión, Progreso y Democracia (UPyD) por la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas contra Caja Madrid, Bancaja, Bankia y Banco Financiero y de Ahorros, así como contra los responsables de los folletos de las emisiones de preferentes realizadas por dichas entidades.

La querella también solicitaba la investigación del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero el juez ha desestimado esta petición al no encontrar indicios de posibilidad alguna de delito. En este sentido, el auto destaca que la propia UPyD reconoce en su denuncia las advertencias que los antiguos responsables de los supervisores hicieron sobre los riesgos de las participaciones preferentes. Esta formación política recurrirá la exclusión de Segura y Ordóñez.

El juez responde al fiscal que no se trata de si fueron un producto legal, sino si se ocultó el riesgo

La admisión a trámite de la querella, que se incorpora a la causa principal en la que se investiga el proceso de fusión y salida a Bolsa de Bankia, pero como una pieza separada, se hace en contra de la opinión de Anticorrupción. La Fiscalía entiende que las entidades han podido incurrir en graves deficiencias en la comercialización de preferentes y que han primado sus intereses por encima de los de sus clientes, pero que no se dio un engaño penalmente relevante ya que no hubo un plan preconcebido para estafar a sus clientes. El juez Andreu, aunque subraya que la admisión de la querella no constituye todavía un acto de imputación judicial, considera que “no se puede excluir” en este momento y “sin haberse efectuado un mínimo de actividad de instrucción sumarial” el carácter delictivo de los hechos denunciados. El responsable del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia dice compartir con la Fiscalía “la delgada línea roja” que puede separar, en este tipo de hechos, el delito penal del ilícito civil, pero insiste en que no es “en absoluto” descartable el primero de ellos. “No se trata de que el producto o los productos financieros de alto riesgo comercializados fueran legales, que lo eran, sino si en su comercialización y negociación se ocultó la verdadera situación de las entidades participadas por los preferentistas y el verdadero riesgo en que se incurría al invertir en dichos productos”, argumenta Andreu.

En su auto el magistrado destaca que la CNMV denunció en un informe remitido a la Audiencia Nacional “malas prácticas” de Bankia por los casos de operaciones con preferentes entre clientes fuera del mercado secundario —se buscaban compradores de participaciones a precios artificialmente elevados— con el fin de aparentar que la cotización de estos productos era estable. En su opinión estas prácticas deben de ser objeto de investigación en sede judicial, “desde el momento en el que se está advirtiendo de una necesidad de captación de compradores, de una deliberada falta de información a los clientes y de un claro conflicto de intereses”.

El juez Andreu explica que los afectados por el fiasco de las preferentes no tienen la obligación de acudir a la vía penal y que para sus reclamaciones indemnizatorias conservan intacto su derecho de utilizar la jurisdicción civil o los procesos de arbitraje que se han abierto, pero recuerda que el hecho de que estas alternativas ofrezcan mayor rapidez a la hora de lograr una reparación de las inversiones realizadas “no es ni puede servir de excusa para crear espacios de impunidad”.

“Ni se limita, ni se perjudica, por el hecho de incoarse un proceso penal en averiguación de si las conductas denunciadas son constitutivas de delito, los derechos indemnizatorios de los posibles perjudicados por tales hechos, a quienes en todo caso se les abre una vía más para la satisfacción de sus derechos, sin cegarse aquellas que ya están en su mano”, recuerda el juez, que ha exigido abundante documentación a Bankia, cita a cinco directivos responsables de las emisiones y las propias entidades como imputados y a 10 testigos, entre ellos el exsubgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui.