Nuevas normas para viejos caladeros

Tras más de dos años de negociaciones, la presidencia irlandesa de la UE ha cumplido su compromiso: sacar adelante la reforma de la Política Pesquera Común. No era fácil llegar a un acuerdo. La Comisión se enfrentaba a la necesidad de aprobar una reforma dura para superar la sobreexplotación que afecta a una parte muy importante de los caladeros y disipar la sombra de fracaso sobre la gestión pesquera aplicada en la última década.

Un hecho llama la atención poderosamente: hay parte de la sobredimensionada flota europea a la que año tras año se le han ido recortando las posibilidades de pesca a pesar de pertenecer a países donde sigue creciendo la demanda. Esta tiene que atenderse fundamentalmente a base de importaciones de terceros países. España es el ejemplo más significativo, con un consumo de 1,6 millones de toneladas anuales de pescado y unas importaciones de casi 900.000.

Aunque la reforma abarca todos los aspectos de la política pesquera, desde las capturas a la comercialización, los ejes son la gestión del esfuerzo pesquero y la sostenibilidad de los recursos, con los descartes como centro. En un momento en que escasean los recursos, no tenía justificación moral o económica que cada año se devolviera al mar una media del 20% de las capturas (en algunas pesquerías ese porcentaje llegaba al 70%) al no estar incluidas esas especies entre las capturas autorizadas, bien por superar cuotas o por razones comerciales por su escaso valor en el mercado.

La reforma aprobada contempla una nueva política de descartes que entrará en vigor, según especies, entre 2015 y 2017. Frente a la situación actual, que permite a la flota tirar por la borda toda la pesca capturada que no interese, la nueva reglamentación solamente permitirá descartar un 7% de todas las especies para las que el barco disponga de cuota. En un plazo de cuatro años, ese porcentaje se irá reduciendo, hasta situarse en solamente el 5%. Las especies capturadas para las que no se disponga de cuota se deberán desembarcar de forma obligatoria. Bruselas contempla el empleo de métodos de seguimiento por satélite e incluso de observadores a bordo para vigilar el cumplimiento de esas medidas. Al sector se le da la posibilidad de computar hasta en un 9% esas capturas de especies sin cuota a cuenta de las cuotas que disponga en otras especies, o de asignar esas capturas hasta en un 10% a la cuota disponible para la campaña siguiente.

Se fijan techos para los descartes (pescados de especies con cuota que se tiran al mar)

Para una flota que disponga de cuotas elevadas para todas las especies, la medida puede no suponer un problema. Pero para España, cuya flota dispone de cuotas bajas y no para todas las especies, su aplicación puede provocar la paralización de las flotas varios meses al año.

Desde la Cooperativa de Armadores de Vigo, por ejemplo, se destacan las dificultades que tendrá la flota que faena en aguas del Gran Sol, al norte de la UE. En esas aguas, España dispone de cuotas para las especies más importantes, merluza, gallo y rape. Pero en la misma red, al margen de que se hagan más selectivas las artes de pesca, entran otras especies para las que España carece de cuota, como solla, merlán, eglefino, bacalao, ochavo, lenguado y carbonero. Estas especies, que hasta ahora se tiraban al mar, en el futuro se deberán meter en las bodegas y descargar en puerto. La nueva exigencia puede suponer que esos barcos llenen rápidamente sus bodegas de especies no deseadas, tengan que volver a puerto y que además se queden sin cuota para las especies que realmente quieren capturar, como merluza, gallo o rape.

Ante este cambio en la política de descartes, el sector reclama ya un aumento de cuotas para España, algo que se deja abierto en la reforma, aunque se debe negociar.

De acuerdo con los compromisos de la cumbre de Johanesburgo sobre Rendimiento Máximo Sostenible, la reforma contempla llegar al objetivo marcado para 2015. Sin embargo, ante los planteamientos del sector, en determinados casos, esa meta se aplazará hasta 2020. España logró que ese objetivo se estableciera en términos de mortalidad —la cantidad que se pesca cada año en un caladero— y no por la biomasa, como pedían la comisaria y los ecologistas

Se deberán

En materia de gestión de los recursos, la reforma mantiene los planes plurianuales.

No se ha modificado el sistema de transferencia de los derechos de pesca, que seguirá siendo distinto en cada país y no igual a nivel comunitario, como pedía el sector español y que era una vía para mejorar sus cuotas.

La reforma deja abierta la puerta a la posibilidad de nuevos ajustes en la capacidad de las flotas y ayudas para los desguaces o la modernización, aunque las exigencias serán más duras. Bruselas podría obligar a ajustes de flotas si un país no cumple con las exigencias en la gestión.

La nueva política pesquera tiene una gestión centralizada frente a los intentos de renacionalización de varios países y contempla más presencia de la UE en el exterior para lograr más posibilidades de pesca.

El acuerdo ha sido considerado como un paso adelante por los ecologistas. En la Confederación Española de Pesca (Cepesca) opinan que se ha perdido una ocasión para introducir cambios indispensables en la política de gestión, como la estabilidad relativa. Considera la organización que la política de descartes supondrá graves sacrificios. El Ministerio de Agricultura ha reaccionado con satisfacción.