Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Linde pide acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años

El Banco de España también pide anticipar el alargamiento del periodo de cálculo

El Banco de España quiere una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral y otra a la de las pensiones. Si en materia laboral propone suprimir el salario mínimo en algunos casos y permitir contratos fuera de convenio, en el caso de las pensiones su principal propuesta es anticipar la entrada en vigor del retraso en la edad de jubilación.

En realidad, ese retraso ya ha entrado en vigor, pero lo está haciendo de forma muy progresiva, de modo que no se llegaría hasta 2027 a la jubilación a los 67 años (la edad del actual gobernador del Banco de España, Luis Linde). Este año ya son necesarios 65 años y un mes para jubilarse en condiciones normales. También ha aumentado el número de años cotizados para calcular la cuantía de la pensión —este ejercicio se tendrán en cuenta los últimos 16, pero irá subiendo hasta 25 en 2022— y el tiempo necesario para poder cobrar el 100% —en 2013, 35 años y un mes—. Por tanto, lo que parece sugerir el Banco de España es que se acelere su aplicación.

"Sería aconsejable anticipar la entrada en vigor del retraso en la edad de jubilación y del alargamiento del período de cálculo de la base reguladora [el número de años que se toman para el cálculo de la pensión], aprobados en la última reforma del sistema de pensiones, dado que, atendiendo a la intensificación del problema desde que aquella entrara en vigor, los plazos acordados resultan muy dilatados", dice el informe del Banco de España.

El supervisor financiero considera que las medidas que recomienda sobre pensiones son complementarias de las que necesita el mercado laboral. "Estas actuaciones serían muy potentes respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas y reportarían una gran certidumbre sobre la voluntad reformista de la política económica, sin impacto apreciable en las condiciones laborales y sociales actuales", argumenta.

En particular, el organismo que dirige Luis Linde cree que se debe aprobar "una definición adecuada del denominado factor de sostenibilidad, que posibilite modificaciones automáticas de los parámetros del sistema que permitan garantizar su sostenibilidad en el medio y largo plazo".

El grupo de expertos al que el Gobierno ha encargado un informe sobre el factor de sostenibilidad ha pensado en dos fórmulas. En primer lugar, el llamado "coeficiente de equidad intergeneracional de las nuevas pensiones" liga el importe de la pensión inicial de los futuros pensionistas a la esperanza de vida, de modo que las pensiones vayan siendo menores cuanto más aumente la esperanza de vida, como adelantó EL PAÍS. Los ejemplos que usan los expertos en su informe se hacen con la esperanza de vida a los 65 años.

La segunda fórmula, también adelantada por EL PAÍS, supone usar un factor de actualización anual de las pensiones según el cual estas evolucionarán en función de la ratio entre ingresos y gastos del sistema de pensiones públicas, con algunas modulaciones y matizaciones. De ese modo, con la aplicación de esta segunda fórmula, el factor de sostenibilidad afectaría también a los pensionistas actuales.

Los expertos se inclinan mayoritariamente por aplicar desde 2014 el factor de sostenibilidad.

Más información