Más control para los alumnos rezagados del euro

El euro se concibió como un descapotable: muy apropiado para pasear cuando hay sol, pero del todo inadecuado para los días de lluvia. Por eso, en estos años de crisis en los que no ha salido ni un solo rayo de optimismo, los líderes europeos se han visto obligados a retocar la arquitectura institucional de la moneda única. El próximo viernes entran en vigor nuevas reformas ideadas por los responsables económicos de Bruselas, las reglas conocidas como two-pack, que ponen el foco sobre los países con más problemas.

Los mecánicos del euro ya comenzaron a reparar el motor en 2010 y 2011, cuando sacaron adelante una oleada de reformas para dotar a las instituciones europeas de más poderes con los que vigilar los presupuestos nacionales y la gobernanza económica. Pero varios años de crisis y unos cuantos millones de parados más después, quedó patente que las reformas no eran suficientes. Por eso los países a los que se les abra un expediente por déficit excesivo quedarán sometidos a una vigilancia que supondrá una cesión de poderes a Bruselas inédita en la historia de la Unión Europea.

Los Estados que presenten un serio desajuste en sus cuentas públicas —España, sin ir más lejos— deberán aportar de forma regular información a la Comisión sobre las medidas que han tomado para reducirlos. Gracias a ese goteo continuo de datos, Bruselas tendrá más elementos de juicio para determinar si hay algún riesgo que no se ha tenido en cuenta; y si lo hay, entonces podrá elevar algo que los eurócratas denominan recomendación, pero que todo el mundo entiende como una imposición. Una de las novedades que traerán las nuevas normas es la posibilidad de que la Comisión Europea muestre una señal a Eslovenia, el próximo país que puede pedir un rescate después de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, además del programa español, circunscrito al sector bancario.

Las normas que entran en vigor el jueves también establecen un calendario que marca escrupulosamente el momento en el que los países deben mostrar sus borradores de Presupuesto a la Comisión, que dará una opinión cada 30 de noviembre como muy tarde. Si Bruselas detecta aspectos que no cumplen con el Pacto de Estabilidad, pedirá al Estado en cuestión que revise su plan.