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Batalla por el aeropuerto de Murcia

El Gobierno regional abre un expediente para rescindir una concesión a Sacyr que avaló con 200 millones

Imagen del aeropuerto de Corvera.
Imagen del aeropuerto de Corvera.

El Gobierno murciano, del PP, ha abierto un expediente para rescindir la concesión que Aeromur, una empresa participada mayoritariamente por Sacyr, tiene para la construcción del primer aeropuerto privado de la región, terminado desde hace un año pero aún sin inaugurar. Según el consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, la concesionaria tiene ahora hasta el día 30 para presentar sus alegaciones.

A pesar de que Sevilla ha negado que haya hostilidad con Aeromur, con la decisión el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel opta por dar batalla ante una imagen que quiere evitar a toda costa: que el aeropuerto de Corvera, a 30 kilómetros de la capital, sea un nuevo elefante blanco sin aviones, como los de Castellón o Ciudad Real. Pero al recurrir a la rescisión, como poco, alarga la fecha de la inauguración del aeropuerto hasta finales de año. Y, si el caso termina en los tribunales —como afirma Aeromur que hará si el Ejecutivo regional no cambia de idea— puede suponer más que eso, tanto en tiempo como en dinero.

El Gobierno regional tiene claros sus argumentos: Aeromur no ha inaugurado el aeropuerto a tiempo, lo que según el pliego de concesión es motivo suficiente para exigir la rescisión del contrato. Dentro de aproximadamente tres meses, la concesión terminará, el Ejecutivo la volverá a sacar a concurso y la nueva empresa se hará cargo de todo —incluida la deuda, de 200 millones y avalada por la Comunidad — con lo que no costará, afirman, ni un euro al contribuyente murciano. Siempre según la consejería, varias empresas han mostrado “informalmente” su interés por hacerse con la concesión.

Pero la concesionaria apunta que al hacerse cargo del aeropuerto, el Gobierno murciano deberá pagar, al menos, los gastos. Sacyr duda que haya alguien dispuesto, máxime cuando hay ya dos recursos interpuestos contra el Gobierno regional para renegociar las condiciones del acuerdo, alegando cambios en las condiciones. Para Sacyr, es el Ejecutivo murciano el que no ha cumplido su parte, al imponer a posteriori la obligación de hacerse cargo de gestionar el control aéreo, un gasto de dos millones de euros al año que no constaba en el pliego.

A Murcia le corre prisa: uno de los financiadores de la obra, el portugués Banco Espírito Santo, ha pedido su salida del consorcio y quiere su parte, 45 millones de euros. Bajo los términos del aval, esa cifra debe aportarla el Gobierno regional.

AENA ha invertido 70 millones de euros en el otro aeropuerto de la región, en San Javier

Y eso es mucho dinero para una comunidad que ya cerró 2012 con un déficit del 2,9% del PIB, casi el doble del objetivo exigido, y que en octubre del año pasado tuvo que ser rescatada por el Gobierno central con 529 millones de euros. Si la banca deudora pidiese esos 200 millones, el déficit regional crecería, como mínimo, un 0,7% del PIB.

El principal problema para la viabilidad del proyecto es que la región ya tiene un aeropuerto, en San Javier, a 35 kilómetros de Corvera. El Gobierno regional firmó en 2011 un protocolo con el ministerio de Fomento que preveía dejar San Javier para el uso exclusivo de la Academia General del Aire —con quien comparte pistas— y trasladar las operaciones civiles al nuevo aeropuerto. Eso sí, “respetando los intereses legítimos de AENA [...] y de sus trabajadores en San Javier”.

Para la concesionaria, cerrar San Javier es condición indispensable para que se pueda abrir el nuevo aeropuerto; Murcia afirma que no. AENA, por su parte, ha invertido 70 millones de euros en el viejo aeródromo. Y quiere sacarles partido, o, por lo menos, les devuelvan el dinero invertido. Y ni el Gobierno ni la concesionaria lo tienen.

La crisis económica ha provocado una caída espectacular del tráfico aéreo en la región. El proyecto preveía cinco millones de pasajeros en 2015; el año pasado San Javier llegó a duras penas a los 1.200.000.

Sacyr quiere negociar nuevas condiciones. La oposición está de acuerdo. “No porque nos pongamos de parte de la concesionaria”, afirma Begoña García Retegui, del PSOE murciano — muy crítico con la obra desde el principio — “sino porque es lo razonable. En los conflictos se sabe cuándo se entra pero no cuándo se sale”.