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Nueve de cada 10 firmas del Ibex estaba presente en paraísos fiscales en 2011

El observatorio sobre responsabilidad social denuncia que se reduce la transparencia

Ninguna informa de los impuestos que paga o las subvenciones que reciben

Un total de 33 de las 35 empresas que forman el selectivo de la Bolsa española, el Ibex 35, tenían presencia en territorios considerados como paraísos fiscales en 2011, lo que supone un avance del 8% con respecto a 2010, según un informe sobre responsabilidad social corporativa presentado este martes por el Observatorio de la RSC. Las actividades a las que se dedican estas sociedades, añade el documento, no están relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios, sino con actividades financieras de sociedades de cartera o sociedades holding.

El documento también destaca la escasa información que las empresas proporcionan en sus memorias anuales sobre su presencia en los paraísos fiscales. Además, advierte de que ha disminuido levemente en 2011. “Más allá de que se trata de un retroceso cuantitativamente mínimo, tiene una importancia enorme en un contexto como el actual, en el que la ciudadanía reclama y espera una mayor transparencia por parte de las corporaciones y la administración, tal y como se ha puesto en evidencia en el eurobarómetro publicado recientemente por la Comisión Europea”, ha afirmado Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC.

"Ninguna empresa del Ibex cuenta con una política fiscal accesible a todas las partes interesadas, que incluya los criterios para aprobar operaciones e inversiones en paraísos fiscales y ninguna informa sobre los impuestos que paga ni los beneficios que recibe en cada uno de los países en los que opera y tributa", ha añadido Vázquez. “Desvelar esta información país por país sería clave para fomentar la transparencia sobre la información financiera y evitar en cierta medida estrategias de elusión fiscal", ha destacado.

Las empresas del Ibex 35 apenas han avanzado en el proceso continuo de evaluación del impacto real y potencial y de las consecuencias negativas que la empresa haya provocado o pueda contribuir a provocar en los Derechos Humanos a través de sus propias actividades o en relación directa con las operaciones, productos o servicios prestados por sus proveedores o clientes. En este apartado, apenas el 10% de las empresas del selectivo realizan evaluaciones sobre riesgos e impactos de sus actuaciones.

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