El Gobierno tira la toalla

Son ya 16 meses de gobierno conservador, 16 meses de políticas antidéficit, 16 meses de recortes de derechos y de ataques a los servicios públicos, 16 meses golpeando la sanidad y la educación públicas, 16 meses debilitando las redes de protección social, 16 meses de destrucción de empleo y cada vez con menos prestaciones por desempleo, 16 meses inyectando ingentes recursos públicos a las entidades financieras, 16 meses de desahucios y de burla a las demandas de millones de ciudadanos y ciudadanas para encontrar soluciones al problema de la vivienda, 16 meses conspirando contra los derechos civiles y a punto de meternos en el túnel del tiempo con la contrarreforma de la ley de interrupción del embarazo, 16 meses proclamando indicadores macroeconómicos falsos para prometer ahora que hay que decirle la verdad a la ciudadanía, 16 meses de recesión y paro, tan solo 12 meses de reforma laboral para quebrar el derecho del trabajo, imponer un despido más fácil y más barato y devaluar la negociación colectiva, 16 meses de, prácticamente, inexistente diálogo social, justo cuando más se necesita. Y 16 meses después, ya por encima de los 6,2 millones de personas en paro, Mariano Rajoy, quizás el primer ministro más mudo y esquivo de la Unión Europea, le pide a la inmensa mayoría de la sociedad, a las personas que peor lo están pasando, a las que ya no pueden hacer más sacrificios, que tengan paciencia, que vamos en la buena dirección. Insoportable indolencia; gigantesca irresponsabilidad.

Si el gobierno anterior de Rodríguez Zapatero lo hizo mal, este lo está haciendo mucho peor

La crisis internacional está condicionada, fundamentalmente, por la crisis de la eurozona y muy marcada esta por la evolución de los últimos acontecimientos entre los que destacan, además de la incapacidad cada día más patente de tomar decisiones por parte de las instituciones europeas —la sombra de las elecciones de septiembre en Alemania es muy alargada—, el resultado de las elecciones en Italia y la tortuosa constitución de Gobierno, la crisis chipriota, la sentencia del Tribunal Constitucional en Portugal o el agravamiento de la crisis en España.

Es verdad que la economía española ha conseguido en 2012 equilibrar su balanza de pagos por cuenta corriente y capital, gracias esencialmente al impulso logrado en las operaciones comerciales de bienes y servicios y a la caída de las importaciones; pero también hay que tener en cuenta el efecto del incremento de la productividad (11,3 puntos) asociada sobre todo a la destrucción de empleo y a la devaluación de los salarios reales.

La economía española, no obstante, sigue teniendo los mismos problemas de financiación que presentaba el año anterior. Unas necesidades crecientes de financiación externa, que se están cubriendo a precios muy elevados. Una recaudación fiscal 8,5 puntos de PIB inferior a la media de la eurozona, a pesar del efecto de las últimas subidas de impuestos, y una caída del crédito bancario, lógica en lo que respecta al hipotecario, inexplicable en el comercial.

El sindicalismo europeo y CC OO han venido exigiendo reiteradamente más tiempo para que España y otros países de la UE, aborden el equilibrio de las cuentas públicas, estableciendo simultáneamente bases de desarrollo sostenible, y apostando por la necesaria transformación del modelo productivo y por la creación de empleo. Parece que algo más de tiempo va a tener el Ejecutivo español para contener el déficit, pero mucho me temo que su agenda de actuaciones políticas -la última, la conocida el pasado 26 de abril- nos meterá aún más en la recesión económica y la destrucción de empleo. Por eso hay que decir BASTA.

Hace poco más de año y medio, Mariano Rajoy, al frente de la oposición conservadora, se dirigía al entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y le acusaba solemnemente de superar el listón de los 5 millones de parados: “este país necesita un cambio urgente de Gobierno para recuperar la confianza y empezar a crear empleo”, decía. Transcurridos 20 meses, con la derecha en el Gobierno y Rajoy de presidente, los 5 millones han pasado a la historia y en lugar de más empleo, tenemos un nuevo y dramático récord: 6.202.700 personas en paro. Si el gobierno anterior lo hizo mal, este lo está haciendo mucho peor.

Defender la negociación colectiva es defender la redistribución de la riqueza en la sociedad

Por otro lado, la negociación colectiva se debilita de forma significativa, se estanca y se produce una progresiva disminución de la cobertura, mientras el incremento salarial y las cláusulas de garantía se sitúan en los índices más bajos de todos los tiempos. Para CC OO defender la negociación colectiva es defender la redistribución de la riqueza en el ámbito más decisivo del conflicto capital/trabajo. En consecuencia, los sindicatos convocarán movilizaciones en defensa de la negociación colectiva a mediados de junio y ya se han dirigido a las organizaciones empresariales para que se adopten todas las medidas necesarias que permitan renovar los convenios pendientes y activar acuerdos que impidan la caída de la ultractividad.

Así no se puede seguir. Los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil, las fuerzas progresistas, no pueden resignarse. Es lo que desea el Ejecutivo de la derecha para seguir recortando derechos, eliminando servicios públicos o arruinando el Estado de bienestar. Los trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía han de salir a las calles a rechazar que se sigan pidiendo sacrificios a los de siempre, mientras permanecen inalterables los privilegios e intereses de las élites económicas y financieras. Unas élites que continúan blindando en los paraísos fiscales los recursos públicos de los que se han aprovechado y que son necesarios para responder a las necesidades de los sectores más desfavorecidos de la sociedad española.

Es urgente recuperar la política como herramienta para mejorar las condiciones de vida de la gente. Hay que expulsar de la vida pública a quienes, en nombre de la política o la economía, se enriquece con recursos públicos. La democracia tiene que ser radicalmente incompatible con las prácticas de corrupción. Los representantes públicos honrados, que lo son en su mayoría, deben traducir en iniciativa institucional —en ayuntamientos, parlamentos autonómicos y parlamento nacional— las justas demandas de la población asalariada y de la ciudadanía. Para eso son elegidos. Y el Gobierno debe cambiar de rumbo. Debe impulsar un gran acuerdo social y político para enfrentar la crisis y salir de ella junto a la inmensa mayoría de la sociedad española, no de la mano de unos pocos.

Por eso este primero de mayo hay que salir a la calle. El 1 de mayo y siempre que sea necesario. Para frenar a quienes parecen no tener límite; para defender los derechos sociales y laborales; para defender los servicios públicos; para demandar actividad económica y creación de empleo; para exigir redes de protección social destinadas a quienes peor lo están pasando. No cabe la resignación. Hay que luchar por nuestros derechos.

* Ignacio Fernández Toxo es secretario general de CC OO.