El PSOE pide a la Fiscalía que investigue el "engaño estructural" de las preferentes

El PSOE ha presentado un escrito en el que reclama a la Fiscalía General del Estado que investigue si el "engaño estructural" al que las entidades financieras han sometido a los pequeños ahorradores con las participaciones preferentes puede ser constitutivo de un delito de estafa.

El escrito, firmado por la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, recuerda que hay unas 300.000 personas "atrapadas" en estos productos complejos y no pueden disponer de sus ahorros, que ascienden aproximadamente a 8.000 millones, la mayoría, 6.500 millones, correspondientes a Bankia.

Considera que, después de que el FROB haya establecido el canje obligatorio en acciones para los titulares de preferentes de las entidades nacionalizadas, con una quita de entre el 38 % y el 61 % del nominal, es "muy probable" que, cuando vayan a vender las acciones "haya una segunda quita".

Según explica el documento del PSOE, "la presión de las sucursales bancarias sobre sus clientes para colocar estos productos ha sido muy intensa", tratándose además de "ofertas inciertas y engañosas".

Ofertas dirigidas a personas que "en el 80 por ciento de los casos superan los 65 años", muchas de ellas sin estudios, con "graves enfermedades, y que ni tan siquiera pudieron obtener por escrito las condiciones reales de la oferta engañosa que les hicieron".

Por ello, solicita a la Fiscalía que lleve a cabo las actuaciones y diligencias oportunas para comprobar la actuación de las entidades financieras por si pudieran haber incurrido en un delito de estafa "que afectaría a miles de ciudadanos".

El texto explica que ya existen diversos órganos que están investigando estos hechos, pero es el Ministerio Público "el órgano que puede realizar una actuación más eficaz y coordinada en defensa de la legalidad, de los intereses de los afectados, y que conduzca finalmente a la consecución de una solución global para todos ellos".

Recuerda además que, a pesar de que en 2007 se modificó la Ley del Mercado de Valores para dar más protección a los clientes clasificándoles en función de sus conocimientos financieros, "diversas entidades financieras emitieron estos productos, entre 1996 a 2006, para captar recursos y crecer.

Durante la primera mitad del 2009, prosigue, se emitieron una "importante cantidad" de estos valores, para "mejorar los ratios de solvencia exigidos", comercializándolos tanto a clientes institucionales y a minoristas, a los que se presentaban como "productos similares a los depósitos a plazo, sin informar correctamente de las características del producto".

La situación, "injusta y desesperante para miles de personas engañadas", está provocando una "enorme indignación social", ya que las personas que adquirieron estos productos, "ahora van a tener que contribuir obligatoriamente al saneamiento de las entidades bancarias que les engañaron, como si fueran un accionista más", concluye.