Una ONG argentina denuncia a Zara por “uso de trabajo esclavo”

Inditex, la dueña de la marca Zara, ha sido denunciada este jueves en Argentina por segunda vez en dos semanas por presunto uso de trabajo esclavo. La Fundación Alameda, que por su combate contra la explotación laboral siempre ha contado con la protección del papa Francisco, y el secretario de Derechos Humanos de una de las facciones de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Piumato, presentaron su querella después de que un costurero se infiltrara en un taller que presuntamente hacía ropa para Inditex. La peronista CGT está dividida en tres y Piumato pertenece a una de las dos líneas antikirchneristas.

La empresa española, por su parte, expresó en un comunicado que “desea que se investigue a fondo cualquier sospecha de irregularidad en la cadena de producción argentina”. Inditex, propiedad de Amancio Ortega, el tercer millonario más rico del mundo, dijo que los 60 proveedores que tiene en el país sudamericano “son auditados periódicamente y en los últimos años se han realizado más de 300 auditorías certificadas en sus procesos”. También afirmó que “siempre ha manifestado la tolerancia cero ante una situación que atente contra la dignidad del trabajo” y añadió que “no hay nadie más interesado que la compañía en erradicar cualquier situación irregular de talleres en la cadena de producción, sea ésta propia o tercerizada”.

El costurista infiltrado, que trabaja en la cooperativa textil que tiene esa organización para trabajadores rescatados de la esclavitud, grabó con una cámara oculta las condiciones de trabajo. A finales de marzo, Alameda había denunciado que otros dos talleres “esclavistas” elaboraban indumentaria de la marca Zara. Los tres establecimientos se encuentran en Buenos Aires.

Alameda informó de que el costurero recolectó etiquetas de las marcas y facturas que demostrarían que el taller denunciado este jueves trabajaba para una sociedad, Karina Kannan SL, que a su vez es proveedora oficial de Inditex. “Kannan en realidad solo oficia de intermediario entre Zara y los talleres clandestinos donde terceriza la producción”, denunció Alameda, que también acusó de explotación laboral a otros diez talleres. La fundación, que comparte con el exarzobispo porteño Jorge Bergoglio su inquietud por la persistencia de la esclavitud en el siglo XXI, advirtió que Inditex tiene responsabilidad penal por “las condiciones de trabajo y las violaciones de los derechos humanos” de los talleres contratados indirectamente. La querella se presentó el mismo día en que la Policía Metropolitana de Buenos Aires descubrió cinco establecimientos donde era esclavizadas 45 personas.

“En el taller filmado se constatan las condiciones de total clandestinidad en la que trabajan, sin habilitación, herméticamente cerrado y en pésimas condiciones de higiene y seguridad donde incluso deambulan niños pequeños entre las máquinas y con una instalación eléctrica precaria”, denunció la Fundación Alameda. “Los costureros trabajan allí en su mayoría con cama adentro en agotadoras jornadas que van desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche como mínimo, pero que suelen extenderse varias horas más. La paga miserable de 4 pesos (0,58 euros) por prenda terminadas está muy por debajo del convenio colectivo vigente”, añade Alameda, que también señala que los empleadores no pagaban las contribuciones a la Seguridad Social de los trabajadores, y habían contratado a inmigrantes que carecían de la llamada residencia precaria, necesaria para emplearse.

“En el vídeo se puede observar que el proveedor oficial de Zara suele visitar el taller y es consciente perfectamente de las condiciones pésimas de trabajo del mismo, razón por la cual no puede aducir sorpresa”, relata la Fundación Alameda. “Tampoco Zara puede sorprenderse de la situación porque encargaba decenas de miles de prendas a un proveedor oficial que solo contaba con 40 personas. Era obvio que esos volúmenes de producción se obtenían tercerizando la producción”, añadió la organización.

Inditex ya había enfrentado denuncias similares en Brasil. En 2001 llegó a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo de ese país en el que se comprometía a acabar con las “precarias” condiciones de trabajo de sus proveedores y a invertir 1,4 millones de euros en acciones sociales.