El Plan Estatal de Vivienda destierra la vivienda protegida en propiedad

Ya está en vigor el nuevo Plan Estatal de la Vivienda. Desde el que se diseñó a finales de 1980, los planes se han sucedido con una periodicidad cuatrienal. Y de todos, el recientemente aprobado es el primero que no apuesta por la construcción de nuevas viviendas en propiedad.

El acceso a la vivienda a través de la compra de vivienda protegida -cuando no se contaba con un parque de alquiler a precios asequibles- necesitaba más que una revisión. Y ahora se vuelve a la casilla del principio para marcar las de alquiler, la renovación urbana y la rehabilitación como grandes líneas a las que apoyar, siguiendo directrices de la Unión Europea.

Si alguien no se ha convertido a la causa de la rehabilitación basta con repasar las cifras que fue desgranando Ana Pastor, ministra de Fomento, en la presentación tras el Consejo de Ministros del pasado viernes del Plan Estatal: dos millones de viviendas en mal estado, cuatro millones de edificios de más de cuatro plantas sin ascensor, rampa o salvaescalera. El 60% de las viviendas se construyó sin ajustarse a la normativa energética y consume el 17% de toda la energía del país. Además, las emisiones por gases de efecto invernadero causadas por edificios han crecido desde 1990 un 20% y, para remate, el 38% de los ciudadanos tienen problemas por falta de aislamiento en su casa.

Las ayudas al alquiler beneficiarán a unas 130.000 familias, en lugar de las 80.000 actuales, según Fomento

Si los anteriores planes se basaban en la promoción de vivienda en propiedad como fórmula de acceso para quienes no podían recurrir al mercado libre, y para fomentar la actividad económica y, por ende, la generación de empleo. En este la reactivación viene de la mano de la rehabilitación residencial y la regeneración urbana. Calcula Pastor que “cada 1.000 euros de ayuda directa en rehabilitación generarán una inversión productiva de 3.300 euros. El nuevo plan va a crear 32.000 puestos de trabajo por lo que aporta el Estado. Podrían llegar a los 105.000 puestos" si se suma la aportación privada a la inversión estatal, que no llega al 30%.

De los tres objetivos del plan, el segundo es mejorar la eficiencia, accesibilidad y la calidad residencial, y el tercero, contribuir a la reactivación del sector y su reconversión, pero el primero es “garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada y paliar la situación de quienes tienen dificultades para acceder a una o para afrontar su deuda hipotecaria”, según explicó Pastor. Y ahí entra en escena el alquiler, que ocupa dos de los programas del Plan Estatal aprobado el pasado viernes.

El Plan que se publica en el BOE de hoy, jueves 11 de abril, se divide en siete programas. El primer programa es el dedicado a la subsidiación de  préstamos convenidos para adquisición de vivienda, procedentes de planes anteriores. A los 250.000 adjudicatarios que las vienen cobrando van destinados parte de los 2.311 millones de euros presupuestados para el Plan con vigencia 2013-2016.

El segundo, es el programa de ayuda al alquiler: el 40% de una renta de hasta 600 euros para familias con ingresos de hasta tres veces el Iprem, modulable. Con un tope de 2.400 euros anuales por vivienda, es por un año, prorrogable hasta 2016. Beneficiará a unas 130.000 familias, en lugar de las 80.000 actuales.

El tercero se destina al de fomento de un parque público de vivienda en alquiler, que es la única esperanza para quienes cifran la recuperación del sector en seguir construyendo, pero que ya se adelantó que será en una pequeña cantidad y sobre suelos o edificios de titularidad pública. El Estado pondrá el 30% del coste de edificación hasta 22.500 euros por vivienda y 250 euros el metro cuadrado útil como tope. Hay dos modalidades, en rotación para rentas de 1,2 veces el Iprem o de hasta tres veces el Iprem, con precios que no podrán superar los 4,7 o 6 euros mensuales por metro cuadrado útil, respectivamente.

La gran apuesta, como ya se ha dicho, son el cuarto y quinto programa, rehabilitación (para inmuebles de antes de 1981) y regeneración urbana. La cuantía no podrá superar el 35% del presupuesto o del 50% en caso de mejora de accesibilidad. En todo caso, no superará los 11.000 euros como máximo por vivienda.

El sexto es el de apoyo a la implantación del Informe de Eficiencia Energética (IEE) y el último, el fomento de las ciudades sostenibles.

Sobre el IEE, Julio Gil, de la consultora Horizone, opina que va en la buena dirección. Este informe viene a sustituir a las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) para los edificios de más de 50 años de antigüedad y, a la información sobre conservación, añade la de accesibilidad y eficiencia energética. Están obligados todos y no solo, como ahora, los municipios de más de 25.000 habitantes. Su coste no superará los 350 euros frente a los 300-320 de la ITE, dijo la ministra. La periodicidad será de 15 años mínimo. Comunidades o Ayuntamientos, ya se sabe, podrán acortar los plazos como ya sucede en Madrid, en el que es obligatoria para los edificios de más de 30 años.

El BOE publica el modelo de informe como anexo al Plan.

Destaca Gil como positivo que se permita durante tres años desclasificar viviendas protegidas de nueva construcción a los seis meses de haber obtenido la calificación definitiva como medida coyuntural. Sin subsidiación ni ayudas la venta no parece posible. También se podrá pasar la calificación de la protegida en alquiler a venta.

En cuanto a las ayudas para construir viviendas en alquiler que prevé el plan, Gil las considera razonables, pero señala la complejidad de construir para alquilar dada la crítica situación financiera de empresas y Administraciones. Y es que la otra cara de la moneda es la del maldito parné que también hace tambalearse a la rehabilitación “La línea ICO (1.000 millones de euros) propone tipos de interés razonables pero falta por ver si las entidades financieras conceden estos préstamos porque financiar comunidades de propietarios tiene su complejidad. Merecería la pena una línea directa”, concluye el consultor de Horizone.

En el plan también se permite ampliar el periodo de carencia de préstamos o interrumpir el periodo de amortización a promotores de VPO para venta. También se reduce a un año el plazo para poder interrumpir el periodo de amortización a los desempleados.

Abre las puertas de par en par a la intervención privada, ya sea por posición ideológica o por la escasez de fondos: se dará preferencia a las actuaciones cofinanciadas y la gestión podrá ser a través de entidades colaboradoras y entidades urbanísticas colaboradoras.

Ninguna de las ayudas previstas podrá ofrecerse a partir de 2017 y que se aprieten los machos las comunidades autónomas porque Pastor se va a hacer acreedora del calificativo de dama de hierro: no va a librar la ayuda a la comunidad autónoma con pagos pendientes, ni sin la justificación debida de las cantidades ya transferidas. Eso sí, podrá aumentar las ayudas en la proporción en que las Comunidaddes lo hagan. Deberán rendir cuentas periódicamente y que no falte el sello de ministerio en las subvenciones que concedan procedentes de las arcas del ministerio.