La CNMV amenaza a Pescanova

Pescanova parece estar poniendo a prueba la paciencia del supervisor bursátil, de sus acreedores e incluso de sus propios consejeros. La compañía, que reconoció que ha enmascarado parte de su deuda, sigue sin abrir los libros y sin poner una cifra fiable a su agujero contable. Nada parece amedrentar a su presidente, Manuel Fernández de Sousa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le impuso un ultimátum que vencía ayer. Además, tiene abierta una investigación por posible abuso de mercado. Y aun así, Pescanova no envió todos los documentos requeridos. En respuesta, la CNMV envió un comunicado en el que señalaba que le ha dado cinco días hábiles más a la compañía para rectificar. Si no cumple antes del próximo viernes, se exponen a duras sanciones. Mientras, parte del consejo y de los acreedores creen que con el concurso de acreedores, Sousa trata de blindarse y ganar tiempo para eludir responsabilidades.

De la reunión del jueves no salieron las cuentas anuales de la empresa, sino solo unas cuantas cifras no avaladas por la auditoría ni los miembros del consejo. Pescanova preparó para la CNMV una documentación que le requería desde el momento en el que el presidente reconoció irregularidades. Una documentación, sin embargo, incompleta, que, según fuentes cercanas a la compañía, indica que la deuda es de unos 2.700 millones. Esto significaría que la empresa ha estado escondiendo unos 1.200 millones de deuda, porque su pasivo oficial en septiembre de 2012 era de 1.522 millones de euros de pasivo. Si no fuera suficiente, el auditor ha visto un panorama todavía peor: advirtió en el consejo del jueves que en realidad, solo con un estudio preliminar, ha detectado 1.408 millones de deuda sin registrar, lo que sumado a lo declarado legalmente elevaría el pasivo a 2.900 millones solo en una primera revisión básica.

A la CNMV no le han convencido las cifras que Pescanova ha remitido ni las respuestas a otros requerimientos de información. Y le advierte de que si en cinco días no envía todo lo exigido y explica su decisión de ir a concurso de acreedores, se enfrenta a sanciones, que pueden ser graves o muy graves.

Entre muchas otras, las infracciones muy graves recogidas por la ley del Mercado de Valores está “la negativa o resistencia a la actuación supervisora o inspectora” de la CNMV “siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto” o la “realización de actos fraudulentos”. Las sanciones para infracciones muy graves están recogidas en el artículo 102 de dicha ley, que contempla desde multas a suspensiones o inhabilitaciones.

La CNMV, en todo caso, solo puede amenazar por ahora con sanciones de carácter administrativo y no desde el punto de vista penal. Otra cosa es que en el ejercicio de su labor detecte indicios de delito y dé traslado de ellos a los tribunales o la Fiscalía Anticorrupción, una posibilidad abierta desde que la compañía reconoció que las cuentas no reflejaban la realidad de Pescanova.

Una demanda a la auditora

La empresa de alimentación, con negocios en 20 países y un entramado oficial de más de 160 empresas, anunció el jueves que presentará el concurso de acreedores. En medio del caos, comienza un baile en el que todos señalan a todos como los culpables de que la compañía gallega camine por la cuerda floja. Pescanova dirige sus acusaciones contra BDO, auditora que ha revisado sus cuentas durante 11 años, y ultima una demanda contra ella.

En el comunicado que remitió Pescanova el jueves pasadas las doce de la noche a la CNMV anunció que el consejo de administración había decidido revocar al auditor. No especificó la causa, pero fuentes conocedoras del conflicto aseguran que la situación entre el consejo y el auditor era de enfrentamiento abierto. Aunque la empresa reconoció que eso deberá autorizarlo un juzgado, el presidente de la empresa no se conforma con intentar despedirles: la semana que viene presentará, además, una demanda contra ellos, que ya prepara el despacho Albiñana & Suárez de Lezo. La empresa considera que la firma no ha hecho bien su trabajo de análisis contable, según fuentes cercanas a la compañía. Según otras fuentes, la firma auditora reprochaba a la compañía haber escondido documentación en el pasado y estar entorpeciendo ahora la labor de revisión.

BDO no quiso valorar ni la decisión de rescindir su contrato ni la posibilidad de ser demandados. Pero sus portavoces sí señalaron que defienden el trabajo realizado y aseguraron que analizan “las diferentes acciones a tomar”. La situación con la firma puede tornarse kafkiana, porque aunque Pescanova ha anunciado su revocación, eso solo puede hacerse legalmente a través del órgano que aprobó su contratación, es decir, la junta de accionistas, o si está en concurso de acreedores, debe ser el juez quien lo autorice. Hasta que esto último ocurra y la revocación quede apuntada en el Registro Mercantil, los auditores oficialmente deben seguir realizando su labor. Es decir, que es posible que durante días los auditores de BDO deban trabajar en la sede de la empresa que los demanda.

El consejo de administración del jueves fue muy tenso, y dados los acontecimientos de las semanas anteriores (sospechas de abuso de mercado, “discrepancias” en la contabilidad confesa y notas del presidente a la CNMV con alguna que otra mentira), se esperaba que ocurriera cualquier cosa. Pero un concurso de acreedores, cuando todavía quedaban casi tres meses para agotar la fase de preconcurso, no estaba en las quinielas de muchos.

Consejeros díscolos

Cinco consejeros votaron en contra de solicitar el concurso de acreedores: José Carceller, representante de la cervecera Damm, que ostenta una participación del 6,18% en la firma gallega; François Tesch, en representación del fondo Luxempart (5,83%); José Antonio Pérez Nievas (representante de Iberfomento), con un 3,39% de la compañía, y los consejeros Yago Méndez, y Antonio Basagoiti, expresidente de Banesto. Los tres primeros vocales de esa lista son además los mismos que desmintieron al presidente de la compañía en la anterior junta, ya que aseguró que se había aprobado un plan por unanimidad que no se había votado.

Carceller ha sido el vocal más crítico con la gestión del presidente de la firma. La cervecera Damm, a la que representa, señaló ayer había votado en contra del concurso. “No lo respaldamos porque supone la entrada de la compañía en un largo proceso de incertidumbre sin haber agotado antes otras opciones dentro del preconcurso”, señalaron fuentes de Damm, que recordaron, además, que el consejo sigue sin tener acceso a números fiables. Consejeros y acreedores creen que Sousa trata de atrincherarse con el concurso de acreedores.

Respaldar al presidente empieza a parecer un negocio arriesgado. “Supone un ejercicio de fe ciega. Porque no enseña los libros y está siguiendo una estrategia muy desconcertante. ¿Por qué presenta el concurso? ¿Qué pretende demandando al auditor al que le ha escondido cosas?”, señalan fuentes financieras. Los bancos, precisamente, salen mal parados con la decisión de iniciar el proceso concursal: deberán provisionar un 25% de lo que les adeudan inmediatamente. El presidente pide fe ciega incluso a los trabajadores, a los que ayer les envió una carta pidiéndoles que signa “trabajando con ilusión”.

Para los accionistas, la petición de concurso nubla el horizonte pues dificulta el levantamiento de la suspensión de cotización. Martinsa Fadesa lleva casi cinco años suspendida en Bolsa, con los inversores atrapados sin poder vender sus acciones. Los precios de los bonos de Pescanova recogidas por Bloomberg —aunque oficialmente también están suspendidos en Luxemburgo, donde cotizan— muestran la enorme desconfianza hacia la compañía. Los bonos se cotizan a solo el 30% de su valor nominal por el temor a una quita. Eso se traduce en que los inversores exigen a esa deuda rentabilidades de hasta el 91%, según los datos de Bloomberg.