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Banqueros en el banquillo

La justicia investiga la gestión de nueve entidades que han recibido 37.700 millones públicos

Hasta 90 directivos están imputados

Un grupo de manifestantes protestaba ante la Audiencia Nacional durante una de las comparecencias por el caso Bankia, el pasado febrero
Un grupo de manifestantes protestaba ante la Audiencia Nacional durante una de las comparecencias por el caso Bankia, el pasado febrero

España está batiendo muchos récords con esta interminable crisis financiera. Uno de ellos es tener nueve juicios abiertos contra otras tantas entidades financieras: Bankia, Caja Madrid, Banca Cívica, CAM, Banco de Valencia, Caixa Penedés, Caja Castilla La Mancha y Eurobank, cuya quiebra se produjo en 2004. En total, se estima que pueden estar imputados unos 90 ejecutivos (74 ahora juzgados en la Audiencia Nacional y otros 16 de Banca Cívica que están pendientes del traslado de la causa desde el juzgado de Pamplona). A estos 90 habría que añadir dos más: Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán: un juzgado de Instrucción de Madrid investiga posibles irregularidades en el crédito de 26,7 millones concedido por Caja Madrid al que fuera presidente de la CEOE. Y si prospera una denuncia presentada por Adicae contra Catalunya Banc, está entidad y sus directivos entrarían en la lista.

¿Errores de gestión o culpabilidad?

El mayor temor ciudadano es que por motivos legales o la dificultad de demostrar una culpabilidad clara, estos casos acaben en nada. “La diferencia entre un error de gestión y un fraude es comprobar si se hace con reiteración y si alguien se beneficia de una forma continuada”. Este será un principio clave, según cuenta uno de los investigadores. Hasta ahora los directivos admiten haber cometido errores, por desconocimiento, hundimiento del mercado o nueva legislación. Es decir, sin dolo o culpa personal. Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan que el concepto ha evolucionado jurídicamente. “A partir de 2009, cuando ya estaba aquí la crisis, cabe preguntar a los gestores si las decisiones que tomaron eran las mejores para el banco. Si firmaron una refinanciación a 60 años con pocas garantías y luego la operación ha tenido graves perjuicios para la entidad, puede haber indicios para atribuir el dolo o la administración desleal”. Andrés Herzog, abogado de UPyD, señala que con la apertura de juicios orales, “cambia la actitud inicial de que nadie culpa a nadie. Pueden empezar las acusaciones”. Lo que nadie duda es que pasará tiempo hasta que se juzguen estos casos. El fiscal general del Estado dijo esperar sentencias en dos años, pero son pocos los que creen que se cumplirá este plazo.

Esta judicialización de buena parte de la actividad financiera no es una casualidad. Las entidades investigadas han recibido 37.700 millones de dinero público (en su mayoría), así como de aportaciones del propio sector financiero a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Esta inmensa fortuna supera todos los recortes que ha hecho el Estado en educación y sanidad. Hasta el momento, los contribuyentes han perdido para siempre unos 6.000 millones utilizados para reflotar el Banco de Valencia (vendido por un euro a La Caixa) y 400 millones destinados a tapar la morosidad de la cordobesa Cajasur.

La situación ha provocado una indignación social sin precedentes contra el sector financiero. Ahora está pendiente una depuración de responsabilidades de los directivos de los grupos caídos para aclarar cómo ha sido posible una ruina de tal magnitud. La sociedad, y parte de los partidos, sobre todo IU y UPyD, exigen que se investigue a fondo la quiebra de algunas de estas entidades, una sensibilidad a la que no parece ajeno el Poder Judicial.

Sin embargo, existen diferencias muy importantes. Se puede decir que los supuestos delitos investigados se dividen en tres categorías. Por un lado están las supuestas operaciones fraudulentas con perjuicio para la entidad o beneficio para unos pocos. Este sería el caso de la CAM, Banco de Valencia y CCM. En otro grupo se analizan indemnizaciones y prejubilaciones vergonzosas de ejecutivos que se fueron, dejando la entidad en insolvencia. Este es el caso de Novagalicia, Caixa Penedés, Banco de Valencia y CAM. Por último, están las fallidas salidas a Bolsa, como Bankia y Banca Cívica. Muchas de estas entidades emitieron participaciones preferentes, lo que complica los casos.

Tras las graves acusaciones (sin pruebas) de los inspectores del Banco de España sobre que la cúpula de la entidad “miraba para otro lado ante los indicios de delito”, el actual supervisor y el Gobierno no quieren que nadie diga que no se investiga a fondo. Por eso, han contratado especialistas en detectar fraudes e irregularidad, que forman grupos de forensic que trabajan para el FROB, el Banco de España y Bankia. KPMG tiene el equipo más importante, con casi 100 personas entre Madrid y Barcelona. Desde PwC también se investigan algunos de los casos citados. Muchos banqueros han pasado en poco tiempo de los lujosos despachos a la dureza de banquillo.

» Bankia. Es el caso que acumula todos los récords por imputados, magnitud de afectados y daños al Estado. En julio de 2012 UPyD presentó una querella contra 33 miembros consejeros de la entidad, contra Bankia y Banco Financiero y de Ahorros por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados figuran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja José Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes; el presidente de la CEIM, Arturo Fernández; el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, el ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, y la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.

» Banco de Valencia. Se investigan ocho querellas prestadas por el Estado a través del FROB por supuestos delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida. Hay ocho imputados, entre ellos el expresidente de la Generalitat y de Bankia José Luis Olivas (también imputado en Bankia), el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra y el exvicepresidente de la entidad, Antonio Tirado.

» CAM. ¿Hasta qué punto la situación que llevó a la intervención de Caja Mediterráneo (CAM) en julio de 2011 fue resultado del exceso y la imprudencia o consistió en un saqueo en toda regla? Son interrogantes a los que trata de responder el juez Javier Gómez Bermúdez, de la Audiencia Nacional, que el 6 de marzo ordenó un registro de los domicilios en Alicante del que fuera director general, Roberto López Abad, y del ex director general adjunto de inversiones inmobiliarias, Daniel Gil Mallebrera. Gómez Bermúdez está tomando declaración a 30 consejeros y directivos de la entidad entre los años 2006 y 2011 sobre los créditos millonarios concedidos al expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés. (Más información)

» Caixa Penedés. Los hechos investigados encajan como delito societario continuado de administración desleal. Están imputados cuatro ex altos cargos de la entidad: Ricardo Pagés, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas. El juez entiende que los responsables de Caixa Penedés “diseñaron una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse ilícitamente una desproporcionada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de la entidad”. Tanto Pagès como Santiago José Abella han tenido que prestar fianzas de 11,6 millones y de 1,8 millones, respectivamente.

» Novagalicia. Querella de la Fiscalía Anticorrupción contra cinco ex altos directivos: Julio Fernández Galloso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán Oscar Rodríguez y Francisco Javier de Paredes. Se les considera supuestos responsables de administración desleal y apropiación indebida tras cobrar 30 millones de indemnizaciones. La entidad necesitó 8.000 millones de ayudas del Estado. Están en libertad con fianzas que superan los 10 millones o en procedimiento de embargo de sus bienes.

» Caso Caja Castilla La Mancha (CCM). El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido a CCM las actas de la comisión ejecutiva en la que se aprobaron más de 20 préstamos y otras operaciones presuntamente irregulares. Según el Banco de España pudieron causar un quebranto a la entidad de 267 millones. La querella está presentada contra el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de la entidad, y el director general (nombrado por el PP) Ildefonso Ortega.

» Banca Cívica. El 11 de marzo el juez Eloy Velasco admitió a trámite la querella de UPyD contra los consejeros de Banca Cívica por irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de la entidad. Se investigarán delitos de falseamiento contable, administración fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas, y apropiación indebida. El juzgado de Pamplona quedaría con la investigación de la denuncia del colectivo Kontuz por el escándalo del cobro de dietas en Caja Navarra de hasta 8.000 euros por mantener tres reuniones en un solo día. Percibieron este dinero la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina; el expresidente Miguel Sanz; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y los miembros de UPN José Iribas y Ana Elizalde, que anunciaron que devolverán las dietas.

» Caso Eurobank. En abril de 2005, la Audiencia Nacional aceptó la competencia de las diligencias que se seguían en un juzgado de Barcelona en el que se investigaba si los responsables de Eurobank, encabezados por su expresidente Eduardo Pascual, cometieron delitos societarios, de falsedad, de apropiación indebida y estafa.

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