El juez cifra el ‘agujero’ de Reyal Urbis en 1.724 millones de euros

El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, donde está depositado el concurso de acreedores de Reyal Urbis, el segundo mayor de la historia de España, ya ha puesto cifra al agujero en el patrimonio de la inmobiliaria: 1.724 millones de euros, según consta en el auto dictado por el juez titular, Francisco Javier Vaquer.

El auto indica que de la documentación aportada se deduce que la inmobiliaria que controla y preside Rafael Santamaría presenta una deuda de 4.345,43 millones de euros, mientras que el valor de sus activos se sitúa en 2.621,38 millones de euros.

Así, el juez Vaquer indica que de dicha documentación "se desprende el estado de insolvencia del deudor", según consta en el auto de declaración de concurso remitido por Reyal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Al ser Reyal Urbis una empresa cotizada, de la administración concursal se hará cargo la propia CNMV, que tiene ahora cinco días para presentar un técnico para que asuma esa responsabilidad. Además, debido al "indudable y relevante interés público concurrente", tanto por el volumen de créditos titularidad de empresas e instituciones públicas como por el tamaño y efectos del concurso, el juez ha designado a la Agencia Tributaria como administrador concursal acreedor.

Según informó la propia Reyal, cuando acordó acogerse a la Ley Concursal, la inmobiliaria debía 707 millones de euros a la Sareb, de los que de los que 650 millones corresponden a Bankia y a NCG. Esto es consecuencia de la transmisión al banco malo de créditos al promotor de los bancos nacionalizados y de los que han recibido ayudas. Por otra parte, Reyal también adeuda unos 400 millones de euros a la Agencia Tributaria, mayoritariamente en concepto de IVA, y otros 215 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, se incluyen cerca de 140 millones en deudas con proveedores.

Reyal Urbis acordó el pasado 19 de febrero solicitar el concurso de acreedores ante la conclusión, sin alcanzar acuerdo, del plazo de cuatro meses que se dio para negociar su deuda con los bancos. La inmobiliaria había superado tres refinanciaciones de deuda desde el inicio de la crisis, y aún conserva un stock de 780 inmuebles terminados y sin vender, pese a que lleva sin construir nuevas casas desde que en mayo de 2010 firmó la última de dichas reestructuraciones de pasivo.

La firma, que cerró el ejercicio 2012 con pérdidas de 977 millones de euros y cuenta con 420 empleados, ha excluido del proceso concursal el macrocomplejo comercial y de oficinas que la compañía promueve junto con un grupo de bancos en el Paseo de la Castellana de Madrid y su cadena de hoteles Rafael.

De acuerdo con la compañía, que hacía referencia a una tasación de Jones Lang Lasalle, el valor de sus activos a junio de 2012 era de 4.194 millones. Sin embargo, otras fuentes han señalado a Efe que ya desde el pasado año el valor de sus activos era inferior a su deuda.

Las mismas fuentes indicaron que los detonantes que llevaron a la compañía a solicitar el concurso fueron un embargo de 5 millones de las cuentas de la inmobiliaria para pagar deudas derivadas de pleitos y el rechazo de la última propuesta presentada a la banca para obtener 30 millones de euros de liquidez adicional con los que abonar impagos con los proveedores y con Hacienda.