El Gobierno niega las ayudas al ‘rey del carbón’ por no pagar la Seguridad Social
La Administración emite una diligencia de embargo contra Unión Minera del Norte
El Gobierno ha negado las solicitudes de ayudas al sector minero de 2012 correspondientes a las dos empresas de Victorino Alonso, que son Unión Minera del Norte y Coto Minero Cantábrico, y a Hullera Vasco-Leonesa por mantener deudas con la Seguridad Social. En total, las ayudas denegadas ascienden a 64,4 millones de euros. Hullera Vasco-Leonesa había solicitado 15,5 millones, mientras que Coto Minero Cantábrico pedía 19,8 millones y Unión Minera del Norte, otros 29,3 millones.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo explica en una resolución publicada este viernes en el BOE que no podrán ser beneficiarias de ayudas las entidades que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias o ante la Seguridad Social. La Tesorería General de la institución emitió el pasado 19 de febrero certificaciones negativas acerca de estas empresas indicando que no están al corriente de los pagos.
Industria recuerda que estos compromisos son una exigencia para el cobro de las ayudas. "No parece lógico que pueda accederse a una ayuda económica otorgada por la Hacienda Pública cuando no se cumplen las obligaciones con dicha Hacienda", por lo que el Consejo de Ministros debe rechazarlas, afirma.
La Tesorería de la Seguridad Social también ha emitido una diligencia de embargo que afecta a los créditos que Unión Minera del Norte tiene pendientes de pago. Además, ha pedido a las empresas del sector que le remitan nuevos certificados tributarios y sociales para ver si cumplen las obligaciones de pago.
De esta forma, el Ejecutivo solo concede 27,4 millones a la estatal Hunosa correspondientes al ejercicio 2012, además de otros 18,3 millones a un grupo de once empresas cuyas solicitudes no superan de forma individual los 12 millones de euros y, por tanto, no requieren el visto bueno del Consejo de Ministros.
Hullera Vasco-Leonesa ya anunció esta semana que recurrirá, de forma inmediata, la decisión del Gobierno de denegarle la ayuda. El 14 de febrero, esta empresa anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) por un plazo de seis meses que afectaba a 357 trabajadores.
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