Un consorcio de 13 empresas valorará los activos del banco malo
Tasar los 145.000 inmuebles será una de las mayores operaciones de este tipo en España

Un consorcio de 13 empresas encabezado por el bufete de abogados Clifford Chance será el encargado de valorar y verificar exhaustivamente los activos transferidos por los bancos nacionalizados a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo. El contrato supone uno de los mayores trabajos de este tipo que se hayan puesto en marcha en el país, con alrededor de 145.000 activos valorados en 55.000 millones de euros. Esta cifra incluye los inmuebles y solares ya traspasados por las entidades nacionalizadas (grupo uno) y los que serán transferidos la próxima semana por parte de las que han recibido ayudas públicas (grupo dos).
El consorcio está formado por 19 empresas, entre las que están seis bufetes de abogados (aparte de la propia Clifford Chance, Gómez-Acebo Pombo, Pérez Llorca, Ramón y Cajal, Deloitte Legal y Broseta Abogados), cinco empresas de valoración inmobiliaria encabezadas por CB Richard Ellis, la auditora KPMG y la empresa informática IBM. Estos grupos de profesionales realizarán una inspección en profundidad de todos los activos, desde su valoración exacta hasta la verificación de su documentación y su situación legal.
En una nota de prensa, la entidad encabezada por Belén Romana hadicho haber optado por el consorcio "que mejor se adapta a los objetivos marcados de desinversión buscando la máxima rentabilidad para sus accionistas y teniendo en cuenta, además, la experiencia de los candidatos en operaciones altamente sofisticadas y con un límite de tiempo estipulado". La Sareb quiere tener terminado el proceso durante el primer semestre del año.
La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), una entidad recién fundada que aglomera a las cuatro grandes del sector en España, considera que con la licitación de este trabajo la Sareb ha actuado "con gran profesionalidad". Según ellos, el banco malo "está haciendo lo que haría cualquier fondo que compra un paquete de activos: saber qué es exactamente lo que se le ha transferido y verificar todos los extremos jurídicos".
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