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El auditor de Deloitte dice que advirtió a Bankia de que no era una entidad viable

Francisco Celma, socio de la auditora, contradice la versión de los consejeros imputados

El 26 y 27 de marzo dice que avisó de que el grupo tendría graves problemas

Francisco Celma, tras declarar ante el juez. Ampliar foto
Francisco Celma, tras declarar ante el juez.

Francisco Celma, socio de Deloitte y auditor de Bankia y su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), declaró, según fuentes jurídicas, este miércoles en la Audiencia Nacional que el 26 de marzo de 2012 advirtió al comité de auditoría de que existían dudas razonables sobre la viabilidad de la entidad. También advirtió a BFA de que debería rebajar la valoración que tenía de su filial Bankia hasta un precio razonable, más bajo del que figuraba en sus libros, según explicó ante el juez Fernando Andreu. De aplicarse esta medida, el grupo se quedaba sin el capital mínimo. Sin embargo, fuentes de la entidad han negado después que se haya cuestionado la actuación de la firma Deloitte.

Al día siguiente, el 27 marzo, se reunió con la comisión de auditoria de Bankia y transmió un mensaje similar. Celma admite que repartió una presentación en la que no decía que era inviable, pero que era fácil deducirlo para cualquier profesional que supiera leer las cifras.

La posición de Celma contradice la versión de la mayoría de los consejeros imputados, entre ellos Ángel Acebes, que fue presidente de la comisión de auditoría hasta abril de 2012. Estos dijeron que Deloitte nunca puso objeciones a las cuentas y que no supieron por qué se negó a entregar la auditoría. Estas declaraciones pueden dar un giro al caso Bankia, ya que el juez Fernando Andreu podría volver a interrogar a los consejeros para que expliquen estas contradicciones. Por eso, los abogados de los acusados estuvieron muy incisivos en sus preguntas a Celma.

Fuentes judiciales que estuvieron presentes en la sala comentaron que Celma explicó que Bankia se había anotado 3.300 millones en créditos fiscales que exigirían unos potenciales beneficios de 11.000 millones en el futuro, algo que escapaba de lo razonable. También les advirtió de que el decreto del ministro Guindos de febrero complicaba más la situación de la entidad, al igual que la nueva normativa bancaria europea.

Celma aseguró que había avisado de que existían los problemas del crédito fiscal y la valoración de Bankia desde el 18 de octubre de 2011. Posteriormente afirmó que no se le invitó a cuatro reuniones del comité de auditoría por razones que desconocía. En febrero envió Deloitte un correo electrónico solicitando información sobre el grupo inmobiliario a Bankia, que no tuvo respuesta. Ahí Celma amenazó con no auditar las cuentas. Así llegó marzo sin que Bankia le ofreciera una solución a los problemas detectados.

El auditor explicó en la Audiencia Nacional, donde declaró durante más de cinco horas, que en marzo no le entregaron las cuentas firmadas por lo que no pudo realizar el informe de auditoría. Celma dio a entender, según los presentes en la sala, que la dirección de Bankia nunca le entregó las cuentas firmadas para evitar que aparecieran con salvedades en la auditoría.

Ante la dificultad para encontrar una solución, en marzo se creó un equipo formado por personal del banco de inversión Lazard, Clifford Chance y Deloitte. Ahí estudian realizar una oferta por Unnim para poder pedir ayudas del FROB, que era la clave para la solución del grupo.

El testimonio del auditor es clave para fijar posibles responsabilidades

El grupo llegó a la conclusión que era necesaria una inyección de 7.000 millones. Una de las afirmaciones más llamativas de Celma fue que el plan de recapitalización aprobado por el Banco de España el 17 de abril no garantizaba que el grupo pudiera seguir adelante en solitario en los próximos años. Era una inyección necesaria, pero el auditor dudó de que fuera suficiente para Bankia. Entre el 17 y el 19 de abril, Rato y Celma intercambiaron papeles de trabajo sobre la posible viabiliadd de grupo sin membrete de Deloitte.

Celma también negó toda relación y colaboración con el Ministerio de Economía. También rechazó cualquier posible acuerdo con el actual presidente José Ignacio Goirigolzarri, que declara hoy.

La auditoría fue clave para que el informe de las cuentas de la entidad financiera para 2011 se diera la vuelta: en principio arrojó unas ganancias de 309 millones (sin el informe de auditoría) y después presentó unas pérdidas de 2.927 millones.

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