La inmobiliaria Reyal Urbis presenta el segundo mayor concurso de la historia

La crisis inmobiliaria tiene una nueva víctima. Los bancos acreedores han dejado caer a Reyal Urbis, que fue en su día uno de los grandes imperios del ladrillo, tras dos acuerdos de refinanciación que no han servido de mucho y años de negociaciones para digerir una deuda que asciende a 4.400 millones de euros. La empresa anunció este martes que presentará el concurso de acreedores, el segundo mayor registrado en España tras el protagonizado en 2008 por otro gigante del sector venido a menos, Martinsa-Fadesa.

Las maniobras impulsadas desde Reyal Urbis para intentar alcanzar un acuerdo con los bancos no han llegado a buen término. La empresa presidida por Rafael Santamaría ya se vio forzada en octubre a presentar el preconcurso, una figura de la Ley Concursal que le daba cuatro meses para negociar con los acreedores antes de suspender pagos. Pero el plazo finalizaba el 23 de febrero y, ante la evidencia de que el acuerdo no era posible, ha tirado la toalla.

La deuda total ascendía a finales de septiembre a 4.400 millones, de ellos 3.677 millones con los bancos. El Estado es el principal acreedor, con un agujero que ronda los 1.300 millones. La mayor parte corresponde al banco malo (Sareb), que ha asumido la deuda que las entidades financieras nacionalizadas, como Bankia, mantenían con la inmobiliaria. En total son unos 707 millones. Además, Reyal Urbis tiene cuentas pendientes con Hacienda (400 millones) y el Instituto de Crédito Oficial (215 millones). En cuanto a los acreedores privados, en la lista aparecen el Santander (ha provisionado buena parte de los créditos), el fondo Appaloosa, el Royal Bank of Scotland, el Popular y el BBVA, entre otros.

La empresa perdió 257 millones en el tercer trimestre de 2012, sus últimos resultados

En un comunicado, Reyal dijo que continuará desarrollando su actividad y que confía en lograr un acuerdo en el marco del concurso porque “se ha constatado la buena voluntad de todas las partes negociadoras”. Además, Santamaría, propietario del 70% de Reyal, debe unos 350 millones a los bancos a través de la sociedad patrimonial Inveryal. La empresa tiene una plantilla de 420 empleados, de los cuales 137 trabajan en la actividad inmobiliaria y 283 en la hotelera.

La solución no será fácil. Muchas empresas del sector inmobiliario se endeudaron fuertemente para comprar rivales durante la larga década de bonanza del ladrillo. En 2006, Reyal pagó 3.300 millones para hacerse con Urbis, controlada por Banesto y participada por la constructora ACS. La operación proporcionó plusvalías de unos 1.200 millones al banco. Pero con el estallido de la burbuja hace cinco años las empresas vieron cómo sus ingresos se desplomaban y se veían incapaces de devolver el dinero.

En realidad, la inmobiliaria se encuentra ya en una situación de quiebra técnica. Reyal Urbis, que ha refinanciado dos veces su deuda desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2007, cerró los nueve primeros meses del año con unas pérdidas de 257 millones y con un patrimonio neto negativo de 976 millones. Su capitalización bursátil ronda ahora los 36 millones, frente a los más de 2.600 millones que valía en 2008. Tras el anuncio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió la cotización.

Para evitar el concurso, la empresa ofreció una especie de dación en pago para canjear 2.300 millones en activos, entre ellos su proyecto estrella de Castellana 200, en Madrid, por deuda. Se crearía una filial y se dejarían algunos activos a Reyal para que pudiera seguir cotizando. El detonante de la petición del concurso, sin embargo, fue un embargo de cinco millones que le reclamaban para pagar deudas derivadas de pleitos mientras la banca decía no a la última petición de la inmobiliaria. En ella, Reyal solicitaba 30 millones para hacer frente a sus compromisos con proveedores y abonar los intereses de la deuda contraída con Hacienda.

La inmobiliaria, que da trabajo a 420 personas, confía en poder mantener su actividad

Finalmente, la banca, que hace unos años parecía más inclinada a sostener a estas inmobiliarias con refinanciaciones o entradas directas en el capital, como pasó con Metrovacesa, ha decidido dejar caer a la empresa.

La mayor suspensión de pagos es la protagonizada por Martinsa-Fadesa, con un pasivo de unos 7.200 millones de euros. La inmobiliaria salió de esta situación en 2011, tras alcanzar un acuerdo con la banca para pagar la deuda en un plazo de hasta 10 años. Ha habido otras empresas con deudas mayores que han evitado la suspensión de pagos al reestructurar su deuda y capitalizar parte de ella, entregando la compañía a los bancos acreedores, como en el caso de Metrovacesa y Colonial.

La siguiente inmobiliaria que puede tener problemas es Realia, que tiene hasta el 27 de marzo para devolver a Bankia, Santander y BBVA 850 millones de deuda o refinanciarla.