UPyD pregunta al Gobierno sobre la independencia del Tribunal de Cuentas

El grupo parlamentario de UPyD ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados en la que inquiere al Ejecutivo si piensa modificar la ley que regula el Tribunal de Cuentas para dotarlo de mayor independencia.

El partido que lidera Rosa Díez fundamenta la cuestión en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que critica la politización del supervisor contable. En alto tribunal censura que algunos puestos dedicados a empleados públicos sean cubiertos por cargos de libre designación. El Supremo desestima dos nombramientos de cargos, el de la subdirectora adjunta de la asesoría jurídica y el asesor económico financiero, nombrados a instancias del pleno, el principal órgano ejecutivo constituido por políticos. En la sentencia, reclama más funcionarios de carrera, por oposición, y señala que sobran una treintena de recomendados.

La sentencia recuerda al Tribunal de Cuentas que de los 206 puestos que tenían dotación presupuestaria, "142 corresponden a la plantilla de los Cuerpos Superiores por lo que solo podrán cubrirse por funcionarios de Cuerpos de Administraciones Públicas y de la Seguridad Social 64 puestos, límite que se halla hoy ampliamente superado", señala UPyD en su argumentación.

Además, añade, que desde la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas se señala que el Supremo "denuncia la falta de voluntad de los máximos responsables" para dotar con profesionales verdaderamente independientes al Tribunal de Cuentas. Según su presidenta, Elena Vicente, “ nosotros no formamos parte de la Administración porque no participamos en la gestión de ningún organismo ni debemos nuestro cargo a nadie" y recuerda que desde 1987, cuando echó a andar el tribunal tal como se conoce ahora, "nunca se ha cubierto el tope de los letrados y auditores, mientras que no han parado de incorporarse personas de libre designación".

El propio presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, admitió el pasado martes en el Congreso que hay que mejorar el sistema de cruce de datos. Tras su intervención en la cámara baja destacó la necesidad de introducir "los medios suficientes para contrastar la información que dan los partidos y otros fiscalizados con otros medios de prueba o con otros medios aportados por terceros que estén obligados a prestar esta información para detectar la existencia de incoherencias en la información que se presenta".

La actual composición del Pleno del Tribunal de Cuentas es claro ejemplo de ello. De sus doce miembros, ocho han sido nombrados a propuesta del Partido Popular, mientras que tres a propuesta del Partido Socialista. El restante fue nombrado por una propuesta conjunta de Izquierda Unida y el Partido Socialista. Que los propios partidos políticos elijan a quiénes deben organizar y dirigir la fiscalización de éstos supone ser “juez y parte” en el proceso fiscalizador, considera la formación magenta en su argumentación.

Por eso, Rosa Dïez pregunta también al Gobierno si cree que la existencia de un cuerpo funcionarial permanente favorecería la especialización en la fiscalización. Por último, UPyD pregunta al Ejecutivo si piensa cambiar la normativa para facilitar esa estructura funcionarial.