Déjà vu
En España, siempre que las cifras de paro son elevadas surge el debate sobre el número real de personas desempleadas. El del Paro Registrado (PR, 4,9 millones de personas) o el de la Encuesta de Población Activa (EPA, 5,9 millones). Lo cierto es que, dejando de lado la naturaleza de ambas estadísticas, el objetivo de cada una es distinto, por lo que, lógicamente, proporcionan resultados diferentes. Dicho debate no debe ocultar que ambas cifras representan máximos históricos, y no altera nuestro desfavorable posicionamiento internacional. Por ejemplo, el Reino Unido también cuenta con una estadística similar al PR, con 1,6 millones de personas, frente a 2,5 millones que su EPA clasifica como desempleados.
La EPA aproxima, a través de una encuesta a una muestra representativa de la población, un concepto con contenido económico: personas que pueden y quieren trabajar pero no encuentran empleo; es decir, recursos laborales no utilizados y, por tanto, menor renta para la sociedad. Para medir este concepto de forma homogénea, la Organización Mundial del Trabajo (con representantes de Gobiernos, sindicatos y, por supuesto, patronal) aprobó unánimemente la definición que los países emplean en sus EPA. Consecuentemente, incluso sujeta a errores de muestreo, debe ser la estadística de referencia para economistas y responsables económicos.
El PR se obtiene del registro creado para facilitar las tareas administrativas de los servicios de empleo públicos (SEPE). Estas consisten en gestionar las prestaciones por desempleo, implementar políticas activas y ayudar en la búsqueda de empleo. Por tanto, las personas que se inscriben en ese registro demandan alguno de esos servicios. Obviamente, la disminución de la tasa de cobertura de las prestaciones, los fuertes recortes en los fondos para políticas activas o la modesta eficacia del SEPE en las colocaciones desincentivan a los potenciales usuarios. Además, para obtener el PR se excluyen determinados colectivos. Algunas exclusiones están justificadas económicamente, coincidiendo con la EPA (empleados). Otras, sin embargo, reflejan criterios administrativos, que la EPA, lógicamente, deshecha (personas en cursos de formación, trabajadores agrarios subsidiados, buscadores de empleos con ciertas características, afectados por ERE,...). Un ejemplo de arbitrariedad en estos criterios, afortunadamente superado, es que hasta 2005 se excluía a los extranjeros. La inclusión de la parte relevante de estos colectivos eliminaría, en la práctica, las discrepancias entre ambas estadísticas.
En fin, esperemos que contrariamente a la trama de la película Matrix (galardonada con 4 óscar, uno a los mejores efectos visuales) este déjà vu no sea premonitorio de una reforma estructural… en las estadísticas.
Ángel Estrada es economista y ex director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional
