A la espera del auditor de Bankia

La clave está en el informe de auditoría. El juez Fernando Andreu, que instruye el caso Bankia, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación (UPyD y 15M) esperan con especial interés la declaración del socio de Deloitte, Francisco Celma, responsable de analizar y validar los balances del grupo financiero. Confían en que aclare por qué las cuentas de 2011 pasaron de arrojar un beneficio de 305 millones a unas pérdidas de 2.979 millones en unos pocos días. Y, sobre todo, por qué se retrasó el informe hasta superar el plazo legal, lo que forzó que la entidad fuera nacionalizada.

Varios de los consejeros imputados en el caso culpan al auditor de ocultar el desfase en las cuentas. Según declaró el pasado lunes ante el juez, Araceli Mora, consejera independiente y miembro de la comisión de auditoría de la entidad, Francisco Celma justificó el aplazamiento del informe porque el expresidente de Bankia Rodrigo Rato estaba en “negociaciones” sobre el futuro del banco. Mora, catedrática de Economía de la Universidad de Valencia, aseguró que comenzó a sospechar de que algo extraño ocurría con las cuentas el 25 de abril cuando telefoneó varias veces al auditor sin obtener respuesta alguna.

Una semana después, el 3 de mayo, el consejo de administración de Bankia, que presidía Rato, aprobó las cuentas con un beneficio de 305 millones. Pero los estados financieros no iban acompañados por el pertinente informe de auditoría. Tampoco se presentó al día siguiente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como es obligatorio. Mora llamó al auditor para pedirle explicaciones. “Tú sabrás, que estáis en negociaciones”, contó la consejera que le respondió el socio auditor. El juez se propone conocer el contenido de esas negociaciones. Por eso, fuentes de la Audiencia califican la declaración de esta consejera independiente como clave en la investigación.

Unas 24 horas después Rato presentó la dimisión. Y dos semanas más tarde, el nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, reformuló las cuentas de 2011: que pasaron a arrojar pérdidas por 2.979 millones, lo que obligó a Bankia a pedir ayudas públicas por 19.000 millones. Mora considera que esta modificación no debería justificarse por la nueva reforma del sector financiero del Gobierno, que obligaba a realizar nuevas provisiones. “No puede aplicarse con carácter retroactivo”, indicó la consejera. Mora dimitió el 25 de mayo para no aprobar las nuevas cuentas reformuladas ese mismo día.

Los discusiones entre Deloitte y Rato se centraron en dos grandes problemas: el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia, tenía valorada su filial en 12.000 millones cuando en Bolsa valía 2.000 millones. El auditor sostenía que era una valoración irreal y reclamó que se ajustara, al menos, hasta los 8.500 millones. Es decir, había que reducir el beneficio o los recursos propios en 3.500 millones. Por otro lado, BFA se había anotado créditos fiscales (consiste en contabilizar beneficios por impuestos que prevé ahorrarse en el futuro) por 2.500 millones. Deloitte sostenía que era casi imposible pensar que BFA podría obtener esos beneficios en los próximos años.

Desde el primer trimestre del año hubo dudas sobre cómo iba a cerrar BFA-Bankia sus resultados. Sin reconocer los problemas con claridad, la entidad sostenía que si se le daba tiempo y un poco de ayuda, podría salir adelante. No obstante, Rato no consultó habitualmente los problemas más graves con el consejo, donde, por otra parte, se sentaban muchas personas que han admitido no entender un balance bancario, lo que les restaba posibilidades de comprender los problemas a los que se enfrentaba Bankia. Así, algunos de los imputados en el caso justificaron que aprobaron esos nuevos balances por “responsabilidad”. El juez trata de dilucidar qué hay detrás de ese argumento.

Rato echó la culpa al Gobierno de Zapatero y al de Rajoy

Rodrigo Rato compareció el pasado jueves ante el juez y justificó que Deloitte no había alertado sobre salvedades antes de la aprobación de las cuentas. El ex vicepresidente del Gobierno de Aznar aseguró que Celma le garantizó que le entregaría el informe a tiempo para aprobar sus cuentas. "Aunque tenga que trabajar toda la noche", le dijo Celma, según manifestó Rato ante el juez. Pero el visto bueno del auditor nunca llegó. Rato no supo explicar el jueves a qué se debió el retraso, según fuentes de la acusación.

Otros imputados también han señalado a Deloitte. El expresidente de la Comisión de Auditoría de Bankia, Alberto Ibáñez, criticó la "pasividad" de la firma. Y manifestó que el socio solo había presentado dos objeciones a las cuentas antes de que el consejo aprobara las primeras cuentas que arrojaron beneficios. Pese a ello, el auditor no entregó el informe, dijo.

José Manuel Fernández Norniella, otro de los imputados, declaró que el presidente de la entidad contrató a la misma firma en marzo, Deloitte, para que elaborara un plan de capitalización y viabilidad que disipara las dudas sobre la entidad. Este punto puede ser importante porque no es fácil entender por qué se encargó este informe a Deloitte si había un encontronazo entre Rato y la auditora. Norniella, mano derecha de Rato, afirmó ante el magistrado que el Banco de España avaló dicho informe. Pero el plan tuvo que ser modificado por las nuevas exigencias del Gobierno para la banca. Finalmente, el ministerio de Economía rechazó el proyecto lo que desencadenó la dimisión de Rato, según han declarado varios de los consejeros ante el juez. Nadie duda de que Rato mantuvo tensas conversaciones a tres bandas: Gobierno, Deloitte y Banco de España para cerrar las cuentas. Al final, solo contó con el apoyo del supervisor, y no fue suficiente.

Una consejera asegura que Deloitte frenó el informe

Otro de los que señaló a Deloitte fue el ex ministro popular, Ángel Acebes, que dirigió la comisión de auditoría de la matriz BFA. El exsecretario general del PP dimitió de su cargo y abandonó el banco dos semanas antes de reformularse las cuentas. En su declaración ante el juez Andreu aseguró que la auditora no le informó de los problemas contables de la entidad y solo aludió a "unos temas pendientes de análisis".

Tras escuchar los testimonios de los 33 imputados el magistrado solo ha sacado una conclusión: ninguno de los miembros del consejo de administración asume un ápice de culpas. La mayoría ha responsabilizado de la debacle de la entidad a Deloitte, apuntan al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al ministro de Economía, Luis de Guindos e incluso a su predecesora Elena Salgado. Pero ni rastro de arrepentimiento. En algunos casos ni de pudor: “Queríamos quitárnoslas de encima. Si Deloitte dice que las cuentas están bien, no me las voy a leer”, declaró al juez Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y exconsejero de Bankia. Cobraba cerca de 300.000 euros por su cargo. El Supremo ha dictado varias sentencias contra consejeros de empresas con problemas que firmaban las cuentas sin conocer la situación de la sociedad, por dejación de funciones.

Otros imputados también insistieron en desconocer los detalles de las cuentas. "Tan correctos son beneficios de 300 millones como pérdidas de 3.000 millones", señaló en el juzgado Ricardo Romero de Tejada, ex consejero de la entidad [cargo por el que cobraba 270.000 euros] y ex secretario general del PP de Madrid, quien aseguró desconocer que el Banco de España había realizado una advertencia sobre la situación de la entidad. Aún más clara fue la ex secretaria de Esperanza Aguirre, Mercedes Rojo, que ocupó un cargo en la comisión de auditoria de Bankia. Esta admitió ante el juez que carecía de "conocimientos financieros" y por eso mostró "reticencias" a su ocupar su puesto por el que cobró 345.000 euros.

Algo parecido sostuvo Juan Manuel Suárez del Toro, presidente de Caja Insular de Canarias, quien manifestó en su compareciencia en el tribunal como imputado que ignoraba el agujero en las cuentas de la entidad: "Nos enteramos de la situación cuando se propuso el nombramiento de Goirigolzarri como presidente".

El magistrado está interesado en esclarecer los detalles sobre la salida a Bolsa, la determinación de valor de la compañía y la inmediata depreciación del valor de las acciones. Bankia se estrenó en el parqué madrileño el 20 de julio de 2011. El precio de la acción se fijó en 3,75%, un 15% menos del anunciado en el folleto de emisión. Un año después los títulos de Bankia habían perdido más del 80% de su valor. El juez considera que los consejeros del grupo BFA-Bankia pudieron distorsionar las cuentas "a fin de dar la impresión o crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo que les sirvió para mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse la cofianza de los inversores en su salida a Bolsa".

La semana pasada también declaró como imputado el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, quien manifestó que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le amenazó con intervenir Bancaja si no aceptaba la fusión con Caja Madrid. El ex presidente interino de la Comunidad Valenciana por el PP explicó al magistrado que trató de oponerse a la operación porque la situación de la caja valenciana era buena. Y admitió que “en condiciones normales” no hubiera accedido a la unión. El juez le preguntó que si estaba saneada la caja qué es lo que temía del supervisor: “El gobernador del Banco de España tiene mucho poder”, rspondió.

El consejero delegado del grupo BFA-Bankia, Francisco Verdú, que también prestó declaración en calidad de imputado, admitió que desde su llegada detectó “problemas de liquidez”. Verdú fue fichado por Rato en julio de 2011 para resolver los problemas de mora y para reforzar el capital e implantar planes de ahorro, según relató en la vista. Verdú reveló las dificultades de la entidad, que tenía deudas por 18.000 millones. Solo en 2012 debía hacer frente a pagos por 3.000 millones. Este ejecutivo cobró 1,7 millones por un año de trabajo.

Tras los imputados, ahora es el momento de los testigos. En esa lista figuran el ex gobernador del Banco de España y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Las declaraciones de Ordóñez pueden levantar la polémica porque ya se manifestó en el Congreso contra la nacionalización de Bankia. Lo que nadie duda es que este es el gran problema del sistema financiero que tendrá un elevado coste para el contribuyente y sobre el que todavía hay demasiadas sombras.