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El juez veta el Consejo de Agval para evitar delitos contra Banco de Valencia

Calabuig, su presidente, lo ha convocado aunque no tiene el control de la sociedad

Eugenio Calabuig (a la derecha), en la junta de Aguas de Valencia, en 2009.
Eugenio Calabuig (a la derecha), en la junta de Aguas de Valencia, en 2009.

El presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, ha perdido el control de la empresa, aunque se niegue a aceptarlo. La razón es su supuesta implicación en el caso Banco de Valencia, que se investiga en la Audiencia Nacional y en el que está imputado por administración desleal y apropiación indebida. El juez Santiago Pedraz mantiene embargado su paquete accionarial en Inversiones Financieras AGVAL, la sociedad que le otorgaba la posición dominante en Aguas de Valencia. A pesar de ello, Calabuig ha convocado para hoy el consejo de administración de esa entidad, pero Pedraz lo ha suspendido a raíz de una petición urgente del abogado designado por Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que administra el banco desde su intervención. La medida persigue proteger al Banco de Valencia frente a nuevos delitos que pudieran cometerse en dicho consejo.

La posición de control de Calabuig en Aguas de Valencia, que le permitió acceder a su presidencia se deriva del dominio del 60% de sus acciones por parte de AGVAL, sociedad que también controlaba Calabuig a través de otra entidad de su propiedad, Fomento Urbano de Castellón (FUCSA) de la que es dueño al 100%. Pero el juez Santiago Pedraz, embargó la participación de esta en AGVAL el pasado 8 de noviembre al considerar que Calabuig la habría obtenido de forma fraudulenta en connivencia con el exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra —también imputado por administración desleal y apropiación indebida— en claro perjuicio para esta última entidad intervenida por el FROB.

A pesar de ello, Calabuig había convocado para hoy una reunión del consejo de administración de AGVAL, de la que, debido al embargo preventivo de las acciones de FUCSA, tendría ahora el control el FROB, como administrador provisional del Banco de Valencia. En el orden del día de dicho consejo figura una “delegación de facultades” que, según advirtió el abogado designado por el FROB, Carlos Gómez-Jara, el pasado miércoles en la Audiencia, “podría alterar la normal gestión de la entidad AGVAL” en detrimento del Banco de Valencia.

El veto quiere proteger de la administración desleal y apropiación indebida supuestamente cometida por Calabuig

Por ello, el letrado solicitaba la suspensión del consejo hasta que se celebrara una nueva junta de accionistas en la que estuviera representado el administrador judicial de las acciones de FUCSA nombrado por Pedraz, José Luis Menoyo.

El viernes, el juez Pedraz dio la razón al FROB y suspendió el consejo de AGVAL que debía celebrarse hoy. El objetivo de esta medida cautelar es proteger a las víctimas o perjudicados de los delitos de administración desleal y apropiación indebida supuestamente cometidos por Calabuig en el caso Banco de Valencia, es decir, salvaguardar a esta entidad bancaria, administrada por el FROB —y que tuvo que ser rescatada con 4.500 millones de euros de dinero público— de una posible reiteración delictiva.

Calabuig está imputado en el caso Banco de Valencia que instruye Pedraz por haber recibido un supuesto trato de favor del ex consejero delegado de la entidad, Domingo Parra, también imputado, en perjuicio de esta última. Parra facilitó créditos a Agval, una sociedad instrumental participada por el banco y por Calabuig para la gestión de Aguas de Valencia. Los millones transferidos a Agval se derivaron después a otro tipo de operaciones de las que supuestamente se beneficiaron el propio Parra y Calabuig.

La operación perjudicó principalmente al Banco de Valencia, que cedió gratis el control de Agval y, por tanto, de Aguas de Valencia, a FUCSA, la sociedad de Calabuig gracias a un préstamo de 55 millones de euros concedido por el propio banco. La denuncia del FROB estima que Calabuig debió haber pagado a la entidad entre 15 y 21,3 millones como prima por la pérdida de control de Agval.