La nueva ley de cajas revolucionará los consejos de las entidades

Si la futura ley de cajas de ahorros entrase en vigor hoy mismo, daría un verdadero revolcón a los consejos de administración de estas entidades o de los bancos en los que las cajas han agrupado su negocio financiero y en los que participan como accionistas (algo que ha ocurrido en prácticamente todo el sector). El anteproyecto de ley de reforma de estas cajas plantea su conversión en fundaciones bancarias y los patronos de estas fundaciones no podrán ocupar cargos equivalentes en las entidades de crédito. Es decir, que quien sea hoy consejero de una caja (patrono con la nueva ley), no podrá serlo también del grupo bancario al que han traspasado la actividad financiera. En la práctica, la incompatibilidad afecta a la mitad de los miembros de los consejos de los seis bancos controlados por cajas que siguen siendo viables por sí mismas (no nacionalizadas), al menos 41 de 86 consejeros.

La incompatibilidad afectaría a los órganos de los bancos Caixabank, Liberbank, Kutxabank, Banco Mare Nostrum, Ibercaja Banco y Unicaja

Esta última reforma del sector financiero —la última, aprobada el pasado verano, fue la quinta en apenas tres años— dará la estocada final al modelo de cajas de ahorros que ha imperado en España, muy ligado al territorio y a los cargos políticos. A Bruselas no le gusta que las antiguas cajas puedan tener posiciones de control en los bancos y el Ejecutivo español ha diseñado una fórmula para mantenerlo: obligar a que esas antiguas cajas de se conviertan en fundaciones. Pero, como contrapeso, las atará en corto y limitará el número de representantes nombrados por las Administraciones en las fundaciones a un máximo del 25% del total, frente al 40% actual.

La norma también quiere levantar un muro entre los consejos o patronatos de estas fundaciones y los de los grupos bancarios. La condición de patrono de las fundaciones bancarias “será incompatible con el desempeño de cargos equivalentes en la entidad bancaria de la cual la fundación sea accionista, o en otras entidades controladas por el grupo bancario”, reza el texto legal.

Eso, hoy por hoy, afectaría de lleno a los órganos de los bancos Caixabank (La Caixa), Liberbank (Cajastur), Kutxabank (Kutxa, Vital y BBK), Banco Mare Nostrum (nacido de la fusión de Cajamurcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra), Ibercaja Banco (Ibercaja) y Unicaja Banco (Unicaja). Los afectados tendrían que elegir entre ser patronos de la fundación (un cargo sin remunerar) o consejeros de los bancos.

No está claro si la incompatibilidad se aplica también en los casos en los que un miembro del Consejo del banco desempeña un cargo ejecutivo en la caja de ahorros, pero no forma parte del Consejo de Administración de la misma. Por ejemplo, Juan María Nin es director de La Caixa, pero no consejero, y está presente en el consejo de Caixabank, tal y como ocurre también con José Luis Aguirre en Ibercaja y muchos otros casos.

Más de 40 cargos con nombres y apellidos chirrían en el marco legal que Economía propone a la Comisión Europea

Ahora mismo, 11 de los 22 miembros del Consejo de Caixabank están también presentes en el de La Caixa, entre ellos su presidente (Isidro Fainé). Lo mismo ocurre con Ibercaja, donde la incompatibilidad afectaría a cuatro de siete (entre ellos, Amado Franco, presidente de la caja) o BMN, con incompatibilidad para al menos cinco de 14 miembros, incluido el presidente, Carlos Egea (Caja Murcia).

El vasco Kutxabank es el banco en el que hay un menor número de afectados, tres de los 17 miembros del Consejo de Administración. En el otro extremo está Unicaja banco, donde la incompatibilidad afecta a 12 de 15 miembros, incluido el presidente, Braulio Medel. En total, más de 40 cargos con nombres y apellidos chirrían en el marco legal que Economía propone a la Comisión Europea.

La norma no afecta a grupos nacionalizados como Bankia, porque las cajas que se fusionaron y crearon la nueva entidad perdieron toda su participación y representación en el banco. Tales cajas se convierten en fundaciones ordinarias.

La condición de patrono también será incompatible “con todo cargo político electo y con cualquier cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial o sindicato”, según la norma.