La ley de financiación autonómica, un sueño de mejora frustrado a los 3 años

Tan solo tres años después de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, las comunidades se muestran insatisfechas con su aplicación y reclaman al Gobierno un mejor modelo, aunque no todas con la misma insistencia ni con los mismos objetivos.

El Gobierno ha mostrado su compromiso de revisar el sistema, si bien el ministro Cristóbal Montoro alega que queda "bastante legislatura por delante" y hay cuestiones más inmediatas que resolver, una posición contraria a algunas regiones del PP como Murcia, Baleares o Valencia que reclaman un cambio urgente.

Esta reivindicación fue expresada de manera conjunta en la última Conferencia de Presidentes, cuya declaración final recoge que el sistema se evaluará en los plazos que marca la ley y que se estudiará en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Con el modelo aprobado en diciembre de 2009, se incrementó el porcentaje de cesión de impuestos del Estado a las CCAA y el Gobierno elevó a 11.700 millones de euros los recursos adicionales frente a los 9.000 millones del sistema anterior, algo que sobre el papel tenía que revertir en más recursos para las comunidades y que todas estuviesen más cerca de la financiación media per cápita.

En cambio, la aplicación ha resultado "poco transparente y desigual", según explica a Efe el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan José Rubio, para quien ha provocado que las CCAA que más aportan estén "maltratadas" porque, con la reasignación, reciben una cantidad per cápita que está por debajo de la media.

Coincide con él el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago Luis Caramés, quien cree que el sistema "no ha sido capaz de relacionar adecuadamente necesidades de gasto y necesidades de financiación", lo que desemboca en "situaciones casi grotescas y, desde luego, inequitativas".

Mientras que algunas autonomías insisten al Gobierno en la necesidad de cambiar el modelo de manera urgente, otras, como Castilla-La Mancha, dicen a Efe que quieren cambios pero comparten la llamada a la paciencia porque entienden que hay otras cuestiones prioritarias.

Fuentes del Gobierno valenciano han explicado que pedirán una revisión en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), como han hecho ya en otras ocasiones, que "debe ir acompañada de medidas compensatorias y complementarias para que el déficit histórico de inversión del sector público estatal que se ha padecido deje de existir".

Y, al igual que reclama Murcia, la Comunidad Valenciana insiste en la necesidad de que cambie el factor de población, dado que la no actualización ha provocado, según esas fuentes, que esté infrafinanciada, algo que se está prolongando con la aplicación del actual modelo.

También explican desde la Consejería madrileña de Economía y Hacienda que esperan que el próximo CPFF "acuerde" el inicio de los trabajos en el Comité Técnico Permanente de Evaluación y que se corrijan los "errores de cálculo" por los que Madrid ha perdido 1.000 millones de euros en las cuentas de 2013.

De hecho, recién estrenado en su cargo de presidente madrileño, Ignacio González pidió a Mariano Rajoy la corrección "inmediata" del "desaguisado" que, dice, provoca un modelo de financiación "injusto e incoherente" y diseñado por "los socialistas para beneficiar a Cataluña y Andalucía".

Según comentan a Efe desde el gobierno autonómico, Baleares reclamará que el cambio incluya más margen de maniobra fiscal para las autonomías y que, cuando se suban los impuestos compartidos, las ganancias también repercutan en la Administración Autonómica.

El presidente José Ramón Bauzá aspira a que su territorio reciba 400 millones anuales de inversión estatal previstos en su Estatuto y a que se definan entre todas las comunidades y el Gobierno central los fondos de solidaridad.

Canarias se considera a sí misma la comunidad más maltratada y ha pedido un calendario urgente de revisión porque, según recuerdan a Efe fuentes autonómicas, hay diferencias "abismales" que provocan desigualdades en la prestación de servicios básicos.

"Nuestros servicios públicos cuestan 4.600 millones y estamos recibiendo del Estado 3.200, con lo que esa diferencia de 1.400 millones la tenemos que retraer de otras partidas", añaden.

El PP gallego también reclama un nuevo sistema de financiación autonómica que defienda la "igualdad de todos los ciudadanos" en el acceso a los servicios públicos y pide que se fije el reparto con criterios técnicos.

Castilla y León cree "necesaria" la reforma porque es el modelo es "claramente insuficiente" para cubrir el coste de los tres servicios públicos esenciales, y dicen a Efe que no tienen ninguna duda de que el Comité Permanente de Evaluación va a iniciar ya sus trabajos.

Aragón se muestra más cauta a la hora de reclamar cambios y pide primero que se evalúe el sistema para saber qué funciona bien o mal, aunque, en caso de revisarse, defenderá que primen los criterios de despoblación, el envejecimiento y la dispersión, ha asegurado el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro.

No obstante, desde el Ejecutivo aragonés explican a Efe que, si bien el sistema es "manifiestamente mejorable", la reforma no es "urgente", algo en lo que coincide el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, quien prefiere una evaluación sosegada antes de acometerla.

Cantabria sostiene que el actual modelo es "perfectamente viable" pese a no estar suficientemente dotado y aboga por que se revise en 2013, según el plazo previsto en la propia ley, y se abra un debate "sosegado" sobre los cambios que precisa un sistema cuyo "pilar básico" debe ser la solidaridad entendida como "igualdad de acceso a los servicios fundamentales".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente asturiano, el socialista Javier Fernández, que aboga por someter a revisión el modelo "cuando corresponde" pero siempre "preservando la solidaridad interterritorial y garantizando la calidad homogénea de los servicios públicos".

Y Andalucía, que también considera que no está recibiendo el dinero que le corresponde, asegura que la solución no es abordar un cambio del modelo "sino que se aplique correctamente", para lo que antes "habría que evaluar y realizar un seguimiento del modelo y de sus resultados", dicen fuentes autonómicas a Efe.

Pero por mucha prisa que tengan algunas, las comunidades deberán esperar unos años, seguramente hasta 2015, para moverse con un sistema de financiación distinto, según los pronósticos del catedrático Juan José Rubio, quien augura que va a ser difícil resolver la "guerra" entre comunidades por los criterios que deben primar en el sistema. "Cada una tiene su memorial de agravios", reflexiona.

La situación económica y asuntos como la reclamación por parte de Cataluña del pacto fiscal provocan, según Rubio, que no sea lo más oportuno iniciar ya el debate sobre la financiación del Estado, una caja de pandora que en cualquier caso se va a abrir pronto, cuando en 2013 se evalúe la norma en los plazos que marca la ley.