Lucha de poder en la cadena alimentaria

Más de 300.000 agricultores y ganaderos, en peligro de extinción en algunos sectores, producen y comercializan anualmente bienes con un valor final de unos 42.000 millones de euros. Cerca de 4.000 cooperativas comercializan productos valorados en más de 17.000 millones de euros, pero —si se exceptúan una docena de grandes grupos— la media de sus ingresos no llega a los 40 millones. Unas 30.000 industrias agroalimentarias facturan anualmente 84.000 millones de euros. Y solamente cinco grandes grupos de distribución, según datos de Agricultura, concentran más del 40% de las ventas minoristas de los productos alimentarios, que ascienden a 67.500 millones de euros para consumo en los hogares y cerca de unos 80.000 millones si se suman las ventas de la restauración y las instituciones.

En la última década, en toda la cadena que recorre un producto agrario desde la producción hasta el consumidor, se ha mantenido la dispersión en la actividad agraria y, sobre todo, en las estructuras de comercialización, donde domina la venta directa de agricultores y ganaderos. De las casi 4.000 cooperativas agrarias que existen en España, solo hay una docena que facturan en conjunto unos 4.000 millones de euros. Destacan los casos de Coren, con más de 1.000 millones de euros; más de 700 de AN en Navarra, más de 600 de Central Lechera Asturiana, más de 400 de Hojiblanca o Anecoop y cifras inferiores en grupos como Covap, Acorex o Iparlat.

Las industrias alimentarias han seguido un discreto proceso de crecimiento, sobre todo entre grandes grupos. Entre 1997 y 2007, las 10 firmas más importantes pasaron de facturar 3.736 millones de euros a 15.725 millones. En el sector domina el minifundismo, como lo refleja el dato de que el 26,5% de las empresas no tiene asalariados y que otro 26% tenga solo entre uno y dos trabajadores. En este contexto de minifundismo empresarial en el sector alimentario cabe destacar la existencia de un grupo de grandes firmas con facturaciones superiores a los 2.000 millones de euros, como Coca-Cola o Nestlé.

Por el contrario, la transformación más importantes han correspondido a la gran distribución, donde entre 1987 y 2007 la facturación de los 10 grupos más grandes pasó de 4.365 millones a 48.000 millones de euros. Hoy, teniendo solo en cuenta la distribución minorista, media docena de grupos, Mercadona, Carrefour, Día, Eroski, Auchan-Alcampo, Lidl y la división alimentaria de El Corte Inglés, facturan más de 40.000 millones. Desde Mercadona, líder en el sector, se estima que las cifras manejadas oficialmente sobre la concentración de ventas en los grandes grupos, sobre todo en productos frescos, son inferiores, y que, además, se debe deducir en valor de los productos no alimentarios.

Esta evolución desigual de las estructuras de todos los actores de la cadena alimentaria ha provocado una evidente situación de desequilibrio donde miles de proveedores se las tienen que ver con unas pocas centrales de compras. Los hipermercados y grandes superficies mantienen una posición de protagonismo, aunque con pérdida de posiciones en beneficio de los grupos de supermercados. Con la excepción de unas pocas grandes firmas multinacionales de la industria alimentaria con marcas propias potentes, con fuerte demanda para el gran consumo y con capacidad para imponer sus condiciones, el resto de los operadores de esa cadena alimentaria se halla en manos de la distribución.

Desde esa posición de dominio, por unas u otras vías, según el modelo elegido por cada grupo, la gran distribución tiene toda la capacidad para fijar precios de compra en origen o a las industrias y para marcar condiciones, precios de oferta e incluso venta a pérdidas, sin que desde Competencia se haya perseguido este tipo de prácticas. La batalla entre los propios grandes grupos para no perder posiciones ha supuesto igualmente la imposición de las marcas propias a bajos precios, con efectos negativos para los industriales y, a la postre, sobre el sector agrario.

La concentración de la distribución no es solo una realidad del sector español, sino un fenómeno que se repite en otros países europeos. Solamente tres grupos, según datos de 2009, suponían el 79% del mercado en Suecia, el 53% en Grecia, el 50% en Eslovaquia, el 45% en Holanda, el 35% en Alemania y, con una penetración menor, el 23% en Italia. En España, la nota más destacable es que su desarrollo ha sido muy rápido en los últimos años, hasta una cuota del 35%. En el caso de las marcas blancas, con datos de 2010, su cuota de mercado en España era la cuarta más importante de Europa, con el 42%, solo por detrás de Suiza, Reino Unido y Eslovaquia.

Frente a esta situación, lograr un mayor equilibrio en la relación de fuerzas en la cadena alimentaria ha constituido uno de los objetivos de la Administración comunitaria, desde la Comisión hasta el Europarlamento,.Ese mismo objetivo se contempla en la propuesta de reforma de la PAC ante la evidencia de que cada vez era menor la parte que recibe un agricultor por el valor de su producto en la cadena alimentaria.

En España, la primera advertencia sobre el poder de la gran distribución y la necesidad de reequilibrar la cadena alimentaria vino desde la Comisión Nacional de la Competencia en 2011, ante el clamor de la industria y del sector agrario. La Administración socialista aprobó en 2001 un proyecto de ley que se quedó en el camino. Hoy, los populares tramitan un proyecto de ley para mejorar el funcionamiento de esa cadena, por el que serán obligatorios los contratos por escrito, se propugna un código de buenas prácticas, se tipifican las prácticas abusivas y se articulan mecanismos de control de incumplimientos con elevadas sanciones.