Vigo extinguirá sus contratos con los bancos que desahucien

El Ayuntamiento de Vigo ha acordado hoy la extinción de los contratos y la retirada de los fondos que tenga en los bancos que realicen desahucios, la exención del pago de plusvalías para los afectados, a quienes brindará asesoramiento legal, y que la Policía Local no dé cobertura a los desalojos.

En un pleno extraordinario monográfico sobre la problemática de los desahucios, el alcalde vigués, el socialista Abel Caballero, ha hecho valer su voto de calidad para sacar adelante las propuestas de resolución de PSOE y BNG, que el PP votó en contra y cuyo posicionamiento verbal rechazaron los otros dos grupos.

Entre las medidas aprobadas figura la posibilidad de establecer ayudas al alquiler para evitar situaciones extremas como cortes de luz y de agua, así como que los representantes de todos los partidos en la corporación se personen en los desalojos que tengan lugar en Vigo en señal de solidaridad con los afectados.

También ha acordado el pleno municipal instar al Gobierno central a la paralización inmediata de todos los desahucios hasta la modificación de la ley hipotecaria, que ésta tenga carácter retroactivo; que contemple la dación en pago y la posibilidad de convertir la hipoteca en alquiler.

Asimismo, el pleno municipal de Vigo solicita la paralización del devengo de intereses de demora durante dos años de moratoria, prorrogables a otros dos más, aplicable a los desahucios de familias en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe.

En el debate de las medidas, el portavoz del BNG, Santiago Domínguez, ha afeado a PSOE y PP que solo "reaccionaran" ante la problemática de los desahucios cuando empezaron a producirse los primeros suicidios, aunque luego cuando se sentaron a negociar sobre la cuestión no llegaron a "acuerdos elementales".

Domínguez ha señalado que con el decreto de medidas urgentes, el Gobierno "vuelve a agachar la cabeza ante la banca" en una suerte de "nueva dictadura" capitaneada por la canciller alemana Angela Merkel, con Mariano Rajoy de "lacayo", y que tiene por objeto "aplastar la rebelión de los que dicen basta ya".

A su juicio, "si hay alguien a quien hay que desahuciar es a Rajoy" de la Moncloa porque, ha recalcado, "incumplió el contrato" que adquirió con la ciudadanía en las elecciones generales en materia laboral y fiscal.

Carlos López Font (PSOE) ha calificado de "parche" el decreto del Gobierno y ha reclamado "un compromiso claro y firme" del Gobierno a la hora de reformar la normativa hipotecaria, así como la retroactividad de sus efectos.

"El objetivo no es que la gente deje de pagar, sino que pueda pagar", ha sentenciado Font, quien cree que las "restricciones" del decreto del Gobierno permitirán que se puedan beneficiar "menos familias de las que deberían".

El portavoz socialista ha proclamado la "rebelión" de su partido contra una situación "injusta" e "insostenible", y ha subrayado que "una sociedad decente, solidaria, que se preocupa por los más desfavorecidos, no puede dejar tirado a nadie" en el tema de los desahucios.

José Manuel Figueroa (PP) ha garantizado que todas las instituciones gobernadas por su partido actuarán "de forma contundente" ante un problema que exige "solidaridad", y se ha remontado a los "antecedentes".

Ha recordado que los desahucios se vienen produciendo en España desde 2008 y hasta 2011 "nadie dijo absolutamente nada", y se ha preguntado por qué el BNG votó en el Congreso a favor de los Presupuestos Generales del Estado.

También ha sacado a colación el posicionamiento de un portavoz socialista en comisión parlamentaria en 2010 en la que rechazó la dación en pago por razones de seguridad jurídica y por la posibilidad de enviar al mercado mensajes contradictorios.

Al PSOE le ha reprochado que mientras gobernó tuvo la oportunidad de "hacer cambios" en materia hipotecaria, mientras que en un año el PP "ha afrontado dos veces el asunto", primero con el código de buenas prácticas bancarias y ahora con el decreto de medidas urgentes.

Asimismo, ha circunscrito el problema de los desahucios en Vigo a la política de vivienda, y en este sentido ha recordado que el Gobierno municipal no ha construido las 6.000 viviendas sociales a las que se comprometió, ni ha destinado el 40% del suelo urbanizable a vivienda protegida.

Para rematar, Figueroa ha subrayado que "lo fundamental" es arbitrar medidas "jurídicamente seguras y aplicables".

A la conclusión del pleno, Emilio Domínguez, de la plataforma Stop desahucios, se ha congratulado de que los políticos hayan "tomado consciencia" de la problemática, aunque ha lamentado la postura "penosa" del PP, pues cree que "no es el momento de ver qué hizo quién", sino de "apartar las siglas" de este debate.

Domínguez ha valorado la concesión de la dación en pago al vecino que ayer inició una huelga de hambre, pero ha recordado que "quedan muchos casos" por resolver, unos 40 solo en Vigo, y en su opinión quienes pueden "parar esto" son los políticos y los bancos.