Bruselas exige a España que invierta más en empleo y menos en carreteras

España debe dejar atrás las carreteras y la construcción de edificios y destinar los fondos europeos a combatir el desempleo juvenil, la principal anomalía de su maltrecha economía. La Comisión Europea exige al Gobierno que cambie parte del destino de las ayudas comunitarias para centrarse en crear empleo y modernizar las pequeñas y medianas empresas, poco competitivas. Con este mensaje, remitido por escrito a las autoridades españolas, Bruselas pretende iniciar una negociación para mejorar la eficacia de los fondos que se repartirán en los próximos años.

La falta de recursos nacionales para financiar el crecimiento otorga un papel crucial al maná europeo previsto para el periodo 2014-2020, que las instituciones comunitarias diseñan estos días a toda prisa. Consciente de que todos los países tienen necesidades perentorias, la Comisión quiere garantizar que los fondos van donde más se necesitan para fomentar la salida de la crisis. Así que por primera vez ha decidido exigir unas líneas de actuación para el destino de esas partidas regionales, que en España rozaron los 44.000 millones de euros para el periodo 2007-2013 (4% del PIB, una cantidad nada despreciable en el actual contexto de recortes presupuestarios), según los datos esbozados en el documento enviado al Ejecutivo. Los fondos regionales aglutinan varios capítulos, entre los que destacan las ayudas de cohesión (para que las comunidades converjan con la media europea), las de desarrollo rural y las de fomento del empleo.

Los expertos destacan la baja competitividad de las pymes

“En España ha habido mucha inversión en infraestructuras, muchas de ellas útiles, otras… digamos discutibles. Pero lo que se ha hecho menos estos años es invertir en personas y pymes. Es algo que entiende también el actual Gobierno y que debería ser la prioridad absoluta de los próximos presupuestos europeos”, asegura a este diario Johannes Hahn, comisario europeo de Política Regional. Hahn confía en pactar con el Ejecutivo esas prioridades de inversión en el primer semestre de 2013.

El primer objetivo enunciado por Bruselas es reducir el desempleo, en particular el juvenil, que sufren más de la mitad de los menores de 25 años. En este contexto, la Comisión considera insuficientes las políticas públicas que promueven la ocupación, pues no incentivan la movilidad geográfica ni reducen la brecha existente entre la formación que demanda el mercado y la que tienen los desempleados. “Es necesario mejorar el aprendizaje de las personas, sobre todo en formación profesional”, concreta el comisario. Su departamento alerta también de la cantidad de estudiantes que abandonan la escuela (26,5%) y del aumento de la población en riesgo de pobreza o exclusión social (más de una cuarta parte).

A la falta de empleo se une la “baja competitividad de las pymes”, que concentran la práctica totalidad del tejido empresarial español, aunque en actividades “de bajo valor añadido”. Bruselas echa en falta una mayor diversificación e internacionalización de las empresas y para procurarla propone mejorar el acceso a la financiación —muy limitado ahora por la crisis bancaria— y asesorarlas en su expansión exterior. Tanto en el capítulo de las pymes como en el del desempleo, los servicios de la Comisión creen que el porcentaje de fondos dedicado a esos fines debería crecer respecto al marco actual. La única excepción son los proyectos de transporte, que deberían ceder terreno a otros más innovadores.

Pese a todo, las infraestructuras han constituido un importante elemento de modernización en la España de los últimos años, así como un foco de creación de empleo. Las ayudas europeas han contribuido enormemente a este proceso, aunque Bruselas considera que ha llegado el momento de centrarse en iniciativas de más largo recorrido. “El modelo tradicional de crecimiento en España, basado en la construcción y otras actividades de bajo valor añadido, toca a su fin”, según el documento.

Una de las razones de esa escasa competitividad reside en el discreto uso de las nuevas tecnologías. El gasto en investigación y desarrollo (1,39% del PIB con datos de 2010) es inferior a la media europea, sobre todo en la participación de las empresas. Pese a todo, tanto la formación para el empleo como la innovación figuran entre las principales víctimas de la austeridad que define los últimos Presupuestos Generales del Estado.