Condena de 21 millones a PwC por una auditoría defectuosa a Torras

El Tribunal Supremo ha condenado a PricewaterhouseCoopers (PwC) a pagar más de 20 millones al Grupo Torras por una auditoría defectuosa que no reflejó con fidelidad las cuentas de la sociedad. La auditoría data de 1990, cuando el grupo estaba en manos del empresario Javier de la Rosa, condenado en diversos casos de corrupción. Según el tribunal, la auditora (entonces, Coopers & Lybrand) pintó un panorama optimista y alejado de la realidad financiera. Los socios “dieron por buena” esa información, lo que les impidió “reaccionar contra sus administradores”.

En 1992, los antiguos responsables de Torras, con De la Rosa a la cabeza, presentaron su dimisión. Afloró entonces un déficit estratosférico: más de 900 millones. Unos meses después, los nuevos gestores solicitaron la suspensión de pagos. En su demanda, la empresa considera que podría haberse acogido antes a esa medida de haber tenido una auditoría fiable. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas concluyó que PwC omitió datos clave: operaciones de aumento de capital, incumplimientos de la normativa mercantil o gastos de retribución de los directivos, entre otros.

Con el reproche y la sanción de ese instituto en la mano, en 2006 Torras abrió la vía judicial y reclamó el pago de 89,5 millones como indemnización por daños y perjuicios. Un juzgado de primera instancia de Barcelona admitió en parte la demanda y condenó a PwC a pagar 15,8 millones y unos intereses que suman más de cinco millones. Aquella sentencia concluyó que, una vez presentada la auditoría, el empresario catalán y los suyos efectuaron desembolsos “de nula racionalidad económica” que supusieron un “evidente quebranto” para el grupo.

Entre las operaciones irregulares que deben ser compensadas figura la “venta de activos por un valor muy superior al de mercado” o el pago de facturas que “no obedecen a servicios efectivamente prestados”. También se incluye el préstamo a una empresa propiedad de Torras para comprar unos terrenos en Sant Sadurní d’Anoia. Esos terrenos fueron recomprados más tarde a un precio distinto.

Sentencias contradictorias

El juez de primera instancia concluyó que la auditora cometió una acción “injusta” e incumplió su contrato al presentar una auditoría “defectuosa”. Y subraya que, aunque no hubo intencionalidad, sí hubo una “conducta negligente” que causó un “daño indudable” en el patrimonio de Torras. Al aparentar una situación económica más favorable de la real, los socios no pudieron tomar las decisiones oportunas e impedir que el equipo de De la Rosa siguiera con sus desmanes. Hay, por tanto, un “nexo causal”.

La Audiencia de Madrid admitió los hechos, pero llegó a la conclusión opuesta: no hay relación de causa-efecto, por lo que imputar a los auditores “la actuación de unos gestores que han sido condenados” es ir “demasiado lejos”. Los magistrados aludían a la sentencia de la Audiencia Nacional que, en 2006, condenó a De la Rosa a cinco años de cárcel por apropiarse indebidamente de 375 millones de euros del grupo Torras, filial española del grupo inversor kuwaití KIO.

El Supremo ha anulado la sentencia que exoneraba a PwC y ha confirmado la de primera instancia. Pero matiza que del importe deberán restarse “los pagos ya realizados” por administradores condenados. Consultada por este diario, la oficina de Baker&McKenzie en Barcelona, que representa a Torras, rehusó hacer comentarios. PwC recurrirá la sentencia. Fuentes de la auditora matizaron que esta fue “la primera entidad que detectó y denunció los problemas de Torras”.