Errores y trampas de la política económica

El Gobierno español está en una encrucijada. ¿Se necesita o no se necesita ayuda adicional a la ya acordada para el sistema financiero? Y si se necesita, ¿existe alguna seguridad de que todos los países de la eurozona acepten acometerla? Cuando se intenta contestar a esta cuestión se observan errores y algunas trampas en la política económica seguida hasta ahora de acuerdo con las directrices europeas.

La política económica diseñada por la UE centra su prioridad en el principio de consolidación fiscal acordado, forzando a los países que incumplen el protocolo sobre el déficit excesivo a reconducir sus finanzas públicas para retomar la senda comprometida y se olvida de la necesidad de incentivar el crecimiento. En el caso de países con problemas, la política económica se refuerza con la exigencia de acometer las reformas estructurales necesarias para alcanzar en el futuro una senda de crecimiento estable.

El primer error de esta política económica europea es mostrarse casi inflexible sin tener suficientemente en consideración las condiciones e intensidad de la crisis en los diferentes países. Al forzar el ajuste del déficit público en momentos en que los ingresos públicos se deterioran necesariamente por la falta de crecimiento, el ajuste del déficit deja como único camino viable la reducción drástica de los gastos públicos, afectando al Estado de bienestar disfrutado hasta ahora. Los efectos negativos sobre la sanidad, la educación y la asistencia social están endureciendo los efectos de la crisis sobre los ciudadanos, sobre todo de los económicamente más débiles.

El problema principal era y es el endeudamiento frente al exterior, no la reducción del déficit público

Y aquí surge la primera trampa de esta política económica. A través de los efectos inversos de los multiplicadores del gasto público, se provoca una mayor caída de la actividad económica y la producción y el consumo se deterioran cada vez más, provocando mayores caídas de los ingresos públicos a pesar de aplicar aumentos en los tipos impositivos e incluso crear nuevos impuestos. Las empresas se resienten, ajustan sus costes o desaparecen, aumenta el paro y con ello los gastos públicos en el sostenimiento del desempleo.

El FMI ha advertido de esta trampa en la aplicación de esta política europea de reducción del déficit sin la adecuada modulación en países con una crisis profunda. En su informe de otoño ha rebajado todas las previsiones de crecimiento del PIB para 2013, especialmente en Europa. La explicación dada para el empeoramiento de las previsiones es la aplicación de los nuevos coeficientes estimados para los multiplicadores fiscales, al incluir en la estimación los indicadores de esta crisis prolongada y diferente de las anteriores. El impacto sobre el PIB estimado hasta ahora era inferior al 1%, y ahora dicho efecto negativo sobre el PIB el FMI lo estima entre un 0,9 y un 1,7%.

En España, un error adicional ha sido insistir en la reducción del déficit público como prioridad absoluta cuando el problema principal era y es el endeudamiento frente al exterior. Por eso la insistencia de la mayoría de los analistas de la economía española en la necesidad de llevar a cabo con diligencia las reformas estructurales necesarias para mejorar la competitividad de nuestros productos e incrementar las exportaciones como única salida de los bienes y servicios producidos en una situación de gran debilidad de la demanda interna española.

Pero insistiendo en las ayudas europeas, la trampa ya observada en algunos de los países rescatados como Portugal y Grecia ha sido la dimensión e intensidad de los recortes exigidos, que están asfixiando dichas economías sin permitir que la producción crezca para así poder salir de la crisis. En el caso de España la situación todavía no es tan grave, pero valga por ejemplo la tardanza en recibir las ayudas acordadas para sanear el sector bancario a pesar de que España está cumpliendo con el calendario y las condiciones de la hoja de ruta marcada en el memorándum de entendimiento.

Las discusiones en el seno de la unión monetaria señalan otra trampa en la solicitud de ayudas. El BCE se ofrece a ayudar en la rebaja de las tensiones de la famosa prima de riesgo, comprando en el mercado secundario deuda de los países en problemas, pero siempre que con anterioridad esos países pidan la ayuda financiera al fondo de estabilidad europeo. Pero ni siquiera con esta exigencia se ponen los países de acuerdo. En julio se acordó poner en marcha el nuevo mecanismo de Estabilidad Financiera (MEDE) una vez definida y aplicada la unión bancaria con la supervisión única del BCE. Pues bien: las últimas noticias indican que todavía se está discutiendo a qué bancos (todos o solo los grandes) supervisará el BCE. Parece que solo los bancos de los países periféricos necesitan supervisión y no el gran número de bancos y cajas alemanes de los que no se tiene información alguna por no haber sido objeto de las famosas pruebas de resistencia.

El primer error de esta política económica europea es mostrarse casi inflexible sin tener suficientemente en consideración las condiciones e intensidad de la crisis en los diferentes países

Tampoco está muy bien definido el tipo de ayuda. El MEDE contempla dos tipos: el rescate total o una ayuda preventiva, que es una línea de crédito que permitiría utilizar solo lo que se necesite y con diferentes modalidades, pero todas ellas sometidas a una condicionalidad estricta. Pero además, si solo lo solicita un país, por ejemplo, España, los primeros beneficiados, y sin coste, serían el resto de países periféricos al disminuir la tensión en los mercados de deuda y reducirse sus correspondientes primas de riesgo.

Pero supongamos que España pide por fin la ayuda financiera una vez que se concrete la condicionalidad, probablemente con medidas adicionales a las ya expresadas en el memorándum acordado para la ayuda bancaria. Primero tendría que asegurarse de que todos los países están de acuerdo en concederla. Recibir una respuesta negativa sería catastrófico para la credibilidad de los mercados y de momento sabemos de algunos que se oponen a esta solicitud. Después, habrá que tener en cuenta la incidencia en el déficit incrementado por el pago de los intereses dependiendo del tipo de ayuda y el efecto en el volumen de la deuda.

El Gobierno se va a encontrar con un problema adicional cuando se compruebe que en 2012 no puede cumplir con el objetivo de déficit público acordado (6,3% del PIB), aunque la desviación —probablemente cercana al 8%— pueda explicarse en parte por el pago de intereses pagados como consecuencia de las ayudas aplicadas a la banca. En cuanto a las fechas de solicitud de la ayuda, el Gobierno tendrá que tener en consideración que si no está en marcha el MEDE a comienzos del año, las ayudas computarían en el volumen de deuda y por lo que parece en estos momentos, es difícil que el MEDE pueda estar operativo a comienzos de 2013 como estaba previsto.

La encrucijada está servida. Es posible, aunque poco probable, que esta semana, en el Consejo de jefes de Estado, se hayan aclarado algunas dudas. Aunque la solicitud de ayuda aportaría beneficios —con la consiguiente rebaja de la prima de riesgo y el ahorro que esto supondría en la reducción de pagos de intereses—, el Gobierno tendrá que meditar sobre las contrapartidas incluidas en la condicionalidad ya que afectarán a una sociedad ya muy castigada con los recortes aplicados. Si la ayuda fuese en forma de línea de crédito y las condiciones se refiriesen básicamente a las reformas estructurales todavía no realizadas, podría tener un efecto positivo sobre la competitividad de las empresas y ayudar a impulsar el crecimiento.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).