Alivio en el ‘sprint’ final

Frente al aluvión de recortes presupuestarios anunciados esta semana, de los que parece no librarse ni el apuntador, el Ejecutivo ha querido poner un granito de arena en el otro lado de la balanza con la puesta en marcha del Plan PIVE. Un pequeño, pero no poco importante, empujón al sector automovilístico español que viene reclamando árnica desde que el descenso de las ventas iniciado hace tres años ha alcanzado una aceleración más propia de la fórmula 1 que de los pequeños turismos que acaparan la producción nacional.

Con el Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente se pretende, por un lado, reactivar unas ventas que este año no hubieran alcanzado las 700.000 unidades según el consenso general y que ahora podrán superarlas gracias a los aproximadamente 30.000 coches que se acogerán al mismo durante el último trimestre. Y por otro, que esta minúscula renovación del parque automovilístico —se calcula en unos 75.000 coches el incremento adicional— contribuya a reducir simbólicamente los efectos contaminantes del parque y acerque algo más el mundo de los coches eléctricos e híbridos al comprador.

El plan es producto de un acuerdo entre el Ministerio de Industria y las principales asociaciones del sector, fundamentalmente la de los fabricantes, Anfac, cuyo anterior director general, Luis Valero, se encuentra ahora al otro lado de la mesa, al frente de la Dirección General de Industria. Tras los bandazos del ministro de Industria, José Manuel Soria, en las últimas semanas, se intensificaron las negociaciones que han dado lugar a un plan en cuya redacción final se reflejan renuncias por ambas partes respecto a las posiciones iniciales.

En síntesis, consiste en la aportación de 1.000 euros por parte del Estado —en esta ocasión no intervienen las comunidades autónomas— y otros 1.000 por las marcas de automóviles para la compra de un coche con precio máximo de 25.000 euros, sin contar el IVA, excepto en el caso de los eléctricos o híbridos enchufables, para los que no hay limitación de precios, y con la entrega a cambio de uno con más de 12 años de antigüedad si se trata de un turismo o 10 años si es un vehículo comercial. Otra de las limitaciones impuestas es la de que solo se podrán adquirir automóviles con emisiones de dióxido de carbono por debajo de 160 gramos por kilómetro.

Las ayudas afectan al 65% de la demanda actual de automóviles

El periodo de vigencia del Plan PIVE es de seis meses o hasta que se acaben los 75 millones de euros con los que se ha dotado al mismo.

Una cifra curiosamente bastante parecida a la destinada para apoyar las ventas de coches eléctricos. No hay que olvidar que representantes de algunas asociaciones del sector, como la de los concesionarios, Faconauto, o los vendedores, Ganvam, llevan algún tiempo denunciando el desequilibrio de unos apoyos administrativos escorados hacia el lado industrial.

Tradicionalmente, el principal argumento por parte de las asociaciones a la hora de reclamar este tipo de ayudas han sido los beneficios fiscales que se obtienen con las mismas. En palabras de Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de Ganvam, “no se trata de un gasto, ya que no tiene costes, sino de una inversión”. La recaudación que estima por IVA es de unos 200 millones de euros, “lo que supone triplicar los 75 invertiros”, y a esa cantidad habría que añadir un 4,75% por el impuesto de matriculación, en su caso, por cada coche con unas emisiones entre 120 y 160 gramos de CO2.

En principio, el alcance del plan es amplio ya que afecta al 65% de la demanda, fundamentalmente la gama de coches que se fabrican en España.

El plan estará en vigor seis meses o hasta que se acaben los 75 millones de presupuesto

En cuanto a las repercusiones en la antigüedad del parque, hay que tener en cuenta que el 36% de los turismos supera los 12 años en que se ha establecido el límite mínimo para el achatarramiento (en el Plan 2000E, que finalizó en mayo de 2010, era de 10 años). Y en el caso de los comerciales con más de 10 años la cifra asciende al 41%, según los datos de la compañía de servicios de valoración de siniestros, Audatex.

Uno de los capítulos que ha resultado más laborioso llegar a un entendimiento durante las negociaciones ha sido el de la incorporación de los coches usados. A diferencia también del Plan 2000E, al que podían acogerse las compras de los vehículos de hasta cinco años, en esta ocasión, el Ministerio de Industria se ha mostrado reacio desde el principio a su inclusión. Justo en la víspera del acuerdo se consiguió incluir a los VO de hasta un año de antigüedad, una medida claramente encaminada a sanear los stocks de los fabricantes y los concesionarios producto de las automatriculaciones, los denominados kilómetro cero, recompras a las compañías de alquiler, renting... Aunque, según reconoce la propia Faconauto, las marcas han relajado algo su presión en ese sentido. Su situación financiera tampoco podía aguantar más acumulaciones. En cualquier caso, según estimaciones de la consultora MSI, “habría entre 8.000 y 10.000 unidades en esa situación, que evidentemente serán los primeros que salgan de los concesionarios gracias al plan”.

A esas cifras podrían acercarse también los compromisos de los fabricantes de recomprar los coches vendidos a las compañías de alquiler, que naturalmente serán también los más indicados para abandonar en primer lugar sus carpas.

A partir de mañana se abre un nuevo periodo tras el que se podrá comprobar otra vez el alcance del efecto psicológico de este tipo de medidas, que en realidad no suponen grandes ventajas frente a las que han podido encontrarse en los concesionarios de un tiempo a esta parte. Según Faconauto, el esfuerzo medio de las promociones que han realizado los concesionarios durante el mes de agosto ha sido de 3.495 euros por coche, casi el doble de la que se ofrece en el Plan PIVE.

Quizá el alcance nacional de la medida, el respaldo de la Administración, etcétera, contribuyan de manera más decidida a relanzar en parte un sector bastante necesitado, al que tampoco vendría mal otro tipo de medidas como facilitar el acceso al crédito o la liberalización de la ITV.