El ‘banco malo’ será una sociedad anónima con poderes excepcionales

El Gobierno ya tiene decidida la estructura legal del denominado banco malo. Será una sociedad anónima y tendrá manos libres para comprar y vender todo tipo de activos, así como para realizar emisiones de deuda. Sus poderes serán amplísimos. Para ello, el Gobierno exime a esa sociedad del cumplimiento de gran parte de los controles y condiciones a los que están sometidas las sociedades de capital. Así consta en el borrador del real decreto remitido a Bruselas, y al que ha tenido acceso este diario.

Entre esas exenciones figuran las de que el banco malo no estará obligado a lanzar una oferta pública de adquisición (opa) de acciones cuando tome el control de una sociedad, podrá emitir obligaciones por cualquier importe y vender activos sin necesidad de que exista el informe de un valorador independiente ni contar con el consentimiento de la junta de accionistas.

La otra gran novedad del decreto son los poderes que se le atribuyen al Banco de España en todo el proceso de constitución del banco malo. El organismo supervisor será el encargado de decidir para cada entidad cuáles son los activos que se integran en el banco malo y, lo que es más importante aún, la valoración de dichos activos antes de que se transmitan a la sociedad.

El documento remitido a Bruselas detalla en dos artículos, que no aparecían en el anterior borrador, las características generales del banco malo. El proceso comienza con la decisión del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) de obligar a las entidades financieras que así decida a transmitir al banco malo “determinadas categorías de activos especialmente dañados o cuya permanencia en el balance de la entidad pueda resultar especialmente perjudicial para su solvencia, con el fin de desconsolidar dichos activos y poder gestionar independientemente su realización”.

Para instrumentalizar ese proceso, se elaborará previamente un reglamento en el que se determinarán las categorías de activos afectados en función de la actividad a la que estuviesen ligados, su antigüedad en el balance y su calificación, según criterios supervisores del Banco de España. “En función de los referidos criterios, el Banco de España precisará para cada entidad cuáles son los activos susceptibles de ser transmitidos a una sociedad de gestión de activos”.

Una vez creada, la sociedad gestora podrá constituir o tomar participaciones en todo tipo de sociedades, a las que podrá traspasar activos. También tendrá capacidad para promover la creación de todo tipo de fondos: de inversión mobiliaria o inmobiliaria, de capital riesgo, de titulización de activos o de titulización hipotecaria, entre otros. La forma también podrá emitir deuda a través de “toda clase de obligaciones” sin que resulte de aplicación el límite máximo legal de la Ley de Sociedades de Capital, que impide emisiones que superen el capital social y las reservas.

La transmisión de los activos a la sociedad podrá realizarse bien por compraventa, permita o la aportación no dineraria al capital social y el valor de transmisión dependerá de lo que decía el Banco de España. “Con carácter previo a la transmisión a la sociedad, la entidad realizará los ajustes de valoración de los activos a transmitir según los criterios que se determinan reglamentariamente y que se precisen para cada entidad por el propio Banco de España”. El decreto aclara que esos criterios de valoración “serán homogéneos y se aplicarán a todas las entidades de modo no discriminatorio” y dicha valoración sustituirá a la realizada por los expertos independientes.

Con el fin de evitar demandas judiciales y agilizar el proceso, el decreto prevé que la transmisión de activos a la sociedad estará sometida a una serie de “condiciones especiales” que, en la práctica, suponen excepciones a Ley Concursal, el Código Civil y la ley de OPAS.

Así, si esa transmisión afecta a activos sujetos a ley Concursal no podrá ser revocada por ningún deudor en los dos años anteriores a esa declaración, como prevé la citada ley.

La sociedad también podrá votar en las juntas de acreedores cuando adquiere créditos inmersos en concursos de acreedores, ya que esta adquisición tiene la consideración de “forzosa”, según el texto del decreto.

Tampoco el banco malo tendrá la obligación “en ningún caso” de formular una OPA cuando alcance el control de una sociedad cotizada como prevé el Real Decreto 1006/2007 , más conocido como la ley de OPAS.

Asimismo, la transmisión de activos o la subcontratación de su gestión no constituirán en ningún caso un supuesto de sucesión o extensión de responsabilidad tributaria ni de Seguridad Social, ni la extensión de responsabilidad por obligaciones laborales.