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Accionistas y acreedores asumirán pérdidas antes de la ayuda del FROB

La norma española anticipa lo que Bruselas recomienda para 2018

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. ULY MARTÍN

La precaria situación de parte de la banca española, sostenida por la ayuda pública, va a convertir al sector en un laboratorio de prueba de las normas que la Comisión Europea quiere extender a medio plazo para prevenir crisis financieras en el futuro. La dependencia del dinero del Eurogrupo, que ha concedido un crédito de hasta 100.000 millones para rescatar a las entidades españolas con problemas, cambia las reglas. En el memorándum que fija las condiciones del rescate se instaba al Gobierno español a obligar a accionistas y acreedores de deuda subordinada a asumir pérdidas antes de inyectar en una entidad más dinero público. Y es lo que hace, a las bravas, el real decreto ley que prepara el Ministerio de Economía.

Según el borrador, sujeto a cambios, al que ha tenido acceso este periódico, la ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) debe ceñirse a los siguientes principios: “Los accionistas, cuotapartícipes o socios, según corresponda, de las entidades serán los primeros en soportar pérdidas”. Y “los acreedores subordinados de las entidades soportarán en su caso, pérdidas derivadas de la reestructuración o resolución después de los accionistas”.

El fondo de rescate de la banca española se convierte, con esta nueva normativa, en un potente instrumento para ayudar a las entidades con problemas, y para liquidarlas en caso de que sean inviables. Pero esa misma normativa exige “minimizar los apoyos públicos que, con carácter extraordinario, pueda ser necesario conceder”. Y, por eso mismo, siguiendo la exigencia del Eurogrupo —que es quien va a suministrar ahora esos “apoyos públicos”—, trata de pasar antes la factura a accionistas y acreedores de deuda subordinada, aquella que se remunera con intereses mayores precisamente porque tiene menos prioridad a la hora de cobrar en caso de que el deudor tenga problemas.

La norma española, obligada por las circunstancias, se salta muchas fases de un tirón. Porque Bruselas preveía también que acreedores y accionistas costeasen quiebras bancarias, como expuso el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, en junio pasado. Pero la diferencia es que la Comisión no pensaba exigir una quita a los acreedores, o pérdidas a los accionistas en caso de ayuda pública a una entidad hasta 2018. ¿El motivo? Que pretendía dar a los Gobiernos tiempo para que incorporaran en los contratos de compraventa de acciones o concesiones de crédito cláusulas que ampararan esa actuación.

En el caso de la deuda subordinada de las cuatro entidades, el FROB puede ordenar la suspensión del pago de intereses

En los contratos de accionistas y acreedores de deuda subordinada de las entidades que van a recibir ayuda pública en primer lugar (Bankia, Novagalicia Banco, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) no existe ninguna de esas cláusulas. Y sin embargo, el real decreto ley que ultima Economía, faculta al FROB a imponer esas pérdidas.

En el caso de las cuatro entidades nacionalizadas, los accionistas privados susceptibles de sufrir pérdidas pertenecen a Bankia y Banco de Valencia. En este caso, su pérdida se derivará del nuevo valor contable que le dé el FROB a estas entidades. La diferencia entre el valor nominal de la acción y el nuevo, muy inferior, sería computado por la entidad como una ganancia de capital. Y eso, a su vez, permitiría reducir la cuantía de la ayuda pública.

En el caso de la deuda subordinada de las cuatro entidades (títulos que incluyen bonos y participaciones preferentes), el FROB puede ordenar la suspensión del pago de intereses, del reembolso del principal en el caso de los bonos u obligar a la entidad a recomprar esos títulos a un valor inferior al nominal del préstamo.

Además, en caso de que el fondo de rescate de la banca española decida que debe liquidar una entidad, “los administradores serán sustituidos, y al amparo de lo dispuesto en la legislación mercantil y penal, soportarán las pérdidas que correspondan en función de su responsabilidad en la situación de las entidades”, según rezan en el borrador del real decreto. La norma traslada aquí a los gestores de las entidades bancarias lo que es habitual en los concursos de acreedores. Si se demuestra que las acciones u omisiones de un gestor estaban destinadas a provocar la insolvencia de la entidad, se considerará un concurso culposo y responderá con su patrimonio.

El banco malo se posterga una semana

LUIS DONCEL / EL PAÍS

La creación del llamado banco malo para sanear la banca española centrará las conversaciones de los inspectores de la Comisión Europea que este jueves visitarán Madrid para entrevistarse con las autoridades económicas españolas. “La reunión tendrá un mero carácter técnico, no habrá negociaciones políticas”, confirmaron este miércoles fuentes comunitarias.

En Bruselas aseguran que el encuentro no traerá conclusiones finales y recuerdan que España dispone de unos días más para presentar la normativa de la sociedad gestora de activos tóxicos. Según el memorándum de entendimiento, el contrato por el que Europa prestará hasta 100.000 millones de euros para salvar a la banca española, el Gobierno deberá crear el banco malo a lo largo del mes de agosto y estar plenamente operativo en noviembre.

Pero el impulso a este tipo de sociedades gestoras para que las entidades que necesiten ayudas públicas transfieran los activos tóxicos (inmuebles adjudicados o créditos de difícil cobro) tiene aún muchos elementos por definir y no se aprobará este mismo viernes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo este miércoles que la creación del banco malo podría aprobarse en el Consejo de Ministros de la próxima semana, el viernes 31 de agosto, ya que aún se mantienen conversaciones con Europa.

En una conversación informal con los periodistas tras visitar las instalaciones del Boletín Oficial de Estado, Sáenz de Santamaría ha explicado que se sigue trabajando con las instituciones europeas para desarrollar los acuerdos del memorando que permite a España recibir una ayuda de hasta 100.000 millones para la banca. Está previsto que este viernes por la mañana se reúnan en el Banco de España la troika con representantes del Ministerio de Economía y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

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