Bruselas quiere que el BCE vigile a todos los bancos de la zona euro

Pulso entre Bruselas y Berlín. El crucial proyecto de unión bancaria —del que depende que el Estado español pueda sacudirse el peso de la deuda de 100.000 millones del rescate al sector financiero—, se ha convertido en el centro de una polémica entre la Comisión Europea y el Gobierno alemán. La primera quiere dotar de plenos poderes al Banco Central Europeo (BCE) para que asuma la supervisión de todas las entidades de la Eurozona; el Ejecutivo de Angela Merkel prefiere limitar esa vigilancia a los bancos más importantes.

El periódico alemán Handelsblatt publicó en su edición del viernes que Bruselas, que presentará su propuesta de unión bancaria a principios de septiembre, trabaja para que la institución que preside Mario Draghi supervise todas las entidades de la Eurozona, incluidas las cooperativas de crédito y las cajas de ahorros. La Comisión confirmó que pretende otorgar al BCE un papel “central” en las tareas de supervisión.

“El grado de supervisión directa a diario puede variar según el tipo de bancos”, matizó un portavoz comunitario. Se abre la puerta así a un control más estricto sobre las grandes entidades, las que pueden arrastrar a todo el sistema en caso de quiebra, y una supervisión indirecta sobre las más pequeñas. En la nueva regulación que prepara Bruselas los supervisores nacionales también tendrían su papel, principalmente para comprobar la marcha diaria de las entidades de cada país.

Negativa alemana

La negativa de Alemania a dotar de superpoderes de supervisión al BCE radica en que prefiere mantener al Eurobanco al margen de sus cajas de ahorros y entidades cooperativas de crédito, ya que considera que no tienen relevancia sistémica. Fuentes comunitarias creen, en cambio, que es difícil establecer la frontera entre las que son sistémicas y las que no, y ponen a Bankia como ejemplo de una caja de ahorros que ha terminado por contaminar gran parte del sistema financiero español y poner en vilo a toda Europa.

Las entidades que reciban ayudas públicas estarán sometidas, según la propuesta de la Comisión, a una supervisión reforzada. Se mantienen las dudas sobre qué pasará con los bancos de los 10 Estados de la UE que no están en la unión monetaria.