Bruselas insta a no tomar medidas retroactivas contra las renovables

La Comisión Europea reclama a España pasos urgentes para solucionar la deuda con las grandes eléctricas, pero al mismo tiempo quiere evitar a toda costa medidas retroactivas que perjudiquen al sector de las renovables. En medio del sudoku que el Gobierno prepara para abordar el llamado déficit tarifario —un problema de 24.000 millones de euros—, Bruselas acaba de intervenir a través de una carta que, en cierto modo, respalda los intereses de los productores de renovables. “Cualquier medida que se tome en el sector energético español tiene que ser neutral desde el punto de vista de la tecnología y no debe crear un tratamiento desfavorable para las renovables”, señala el comisario de Energía, el alemán Günther Oettinger, en una carta dirigida a Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier).

Lo más interesante del escrito, fechado el pasado 6 de agosto, es la negativa de Bruselas a admitir “medidas retroactivas y enfoques bruscos de concesión y suspensión de ayudas” a las renovables, un sector puntero en España. Esto supone una estocada a la reducción de primas, una de las medidas que el Gobierno estudia en su largamente esperada reordenación energética. El principal objetivo de esta reforma es eliminar el déficit tarifario, una deuda contraída en la última década por la diferencia entre el coste real de la electricidad y el precio que los usuarios pagan por ella. Una portavoz del comisario matizó que “en este momento” Bruselas no se plantea tomar medidas de ningún tipo. “La Comisión sigue vigilando para decidir si es necesario o apropiado tomar alguna decisión”, señala el texto.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció hace un mes un impuesto para las fuentes de generación renovables y no renovables y una tasa a la generación de energía nuclear e hidráulica. Sumados estos conceptos, el Gobierno confiaba en recaudar 6.830 millones. Nada más llegar al cargo el pasado enero, Soria decretó una moratoria en las primas que debían cobrar las nuevas instalaciones, ayudas que este año habrían superado los 7.000 millones.