Y si esto falla, ¿qué hacemos?

Por mucho que se empeñen el Gobierno y la mayor parte de los economistas con el consenso casi general de los medios de comunicación, hasta el momento ninguna medida de ajuste ni ningún acuerdo internacional —incluido el del rescate financiero por 100.000 millones— ha servido para aminorar lo más mínimo la llamada presión de los mercados.

Por eso, no es descabellado pensar que el último ajuste de 65.000 millones se diluya y tenga el mismo efecto descafeinado que los anteriores. Si eso ocurre, ¿qué balas quedan en la recámara? En gradación, estas son las opciones:

» Rebaja de las pensiones. Es la línea roja que se ha marcado el Gobierno, tal vez por sus cálculos electorales al estimar que es un granero leal de votantes para el partido en el poder. Las pensiones son, de largo, el capítulo mayor de gasto, un tercio del total —112.000 millones en 2011— y, por tanto, el de mayor recorrido para el recorte. Es cierto que los jubilados han perdido poder adquisitivo con medidas colaterales como el copago de las medicinas o el recorte de la dependencia, pero sus ingresos son los únicos que se han garantizado.

La congelación que aplicó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 supuso un ahorro para el Estado de 1.800 millones. Y se estima que si se rebajaran un 5% las pensiones se ahorraría 5.500 millones adicionales. También podría optar por quitarle una o las dos pagas extras. No es ninguna novedad. Grecia, Irlanda y Portugal lo han hecho ya. En el país heleno, el recorte ha sido del 20% para las pensiones mayores de 1.200 euros y de hasta el 40% para los antiguos empleados públicos. En Irlanda, se ha rebajado el 10% para los nuevos jubilados, y se aplica una deducción proporcional a los que ganan más de 12.000 euros anuales. En Portugal, han quitado a los jubilados las dos pagas extras de verano y Navidad.

» Rescate del país. Lo acaba de sugerir el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, aunque sea un tabú para la clase política española. Pedir el rescate del país, y no solo de la banca, podría relajar la presión de los mercados. La intervención de Bruselas será explícita (y no como ahora solapada) y el plan de ajuste, por duro que fuera, seguiría un guión fijo y se conocerían los objetivos finales desde el principio. De los países intervenidos, al que mejor le ha ido ha sido a Irlanda. Ha conseguido reducir el déficit del 32,4% al 10,6%. Y lograr crecer. Ahora bien, tampoco es infalible. En Portugal, el PIB cayó un 1,6% en 2011, su deuda sigue disparada y el bono a 10 años se paga al 12%. A Grecia le ha ido rematadamente peor incluso recurriendo a la quita.

» Quita de la deuda o suspensión de pagos. Cuando una empresa ve inviable el pago de su deuda, se reúne con sus acreedores y acuerda una quita de la misma y la refinanciación de la parte que sí puede devolver. Con los Estados ocurre lo mismo. Grecia ya acordó una quita este año, que afectó a 205.500 de los 360.000 millones de euros del total. Gracias a ella borró de sus cuentas algo más de 106.000 millones. Pero su situación sigue siendo crítica. Es más, de no haber estado encorsetada por el euro ya hubiera suspendido pagos. Se ha instaurado la creencia de que el default equivale al desastre, pero no es así. Indonesia, Corea del Sur y Tailandia suspendieron pagos a finales de los noventa y luego se han recuperado. Argentina lo hizo en 2001 y en la última década ha crecido a un ritmo vertiginoso.

» Salida del euro. Cada vez hay más expertos que la vaticinan como la solución inevitable. España, con un pasivo de 2,3 billones de euros, es irrescatable. La vuelta a la peseta resolvería de golpe varios problemas: rebajaría la deuda al devaluar la moneda y aumentaría la competitividad, las exportaciones y el turismo. Y podríamos controlar otra vez nuestra inflación y los tipos de interés. Pero también hay que sopesar el lado amargo: las importaciones se encarecerían notablemente (la factura energética), casi nadie nos prestaría y los ciudadanos verían esfumarse gran parte de sus ahorros. Y es que la salida del euro iría precedida de la imposición de fuertes restricciones para sacar dinero (corralito), seguido de un cambio obligatorio a la nueva moneda con una fuerte devaluación (corralón). El impacto social sería demoledor como lo fue en Argentina.