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Los consumidores pagarán precios distintos por la luz según su residencia

Las comunidades cargarán en el recibo de la luz los tributos que ahora imponen a las eléctricas

Los más de 20 millones de consumidores de electricidad acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) pagarán la factura según el lugar de residencia. El Real Decreto-Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria publicado en el BOE determina “para las Comunidades Autónomas que graven, directa o indirectamente, las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico, con tributos propios o recargos sobre los tributos estatales, la obligatoriedad de imponer el suplemento territorial en los peajes de acceso y tarifas de último recurso, debiendo ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma”.

Las Comunidades Autónomas tendrán que asumir el coste de imponer recargos y tributos a la actividad eléctrica, algo que hasta ahora quedaba difuminado porque de alguna manera, los recargos territoriales que pagan las compañías acaban por llegar a los precios finales que pagan el conjunto de los consumidores.

Las comunidades, en los últimos años, acuciadas por la necesidad de dinero, han impuesto a las eléctricas diferentes tasas y recargos. En algunas autonomías como Extremadura, Castilla La Mancha y Castilla-León, los impuestos añadidos alcanzan cifras notables. Según datos del sector, los diferentes impuestos suman más de 60 millones en Extremadura, 39 en Castilla-León y 20 en Castilla La Mancha. Si mantienen la presión sobre las compañías, los residentes en dichas comunidades autónomas pagarán la TUR común más el recargo correspondiente, que estará especificado en la factura. Según fuentes de Industria, la repercusión de ese tramo autonómico en la TUR no será inmediata. Se ajustará, aseguran, en los próximos meses.

Junto a esta medida, el Real Decreto aprobado el viernes, recoge un recorte de 50 millones de euros en la retribución al transporte de electricidad y otro recorte de 100 millones de euros en los costes extrapeninsulares, que cubren el servicio eléctrico en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Además, el decreto elimina la obligación (para el Gobierno) de revisar trimestralmente los peajes de acceso del sistema eléctrico (los costes que se reconocen a las actividades reguladas, transporte y distribución de electricidad).

Se vuelve así al sistema de revisión de los peajes de una vez al año como mínimo. En principio, el fin de la revisión trimestral de los peajes, amplía el margen del Gobierno para mantener la TUR sin variaciones.

Las medidas aprobadas y contenidas en el Real Decreto son un mínimo aperitivo de la reforma que espera el sector, con nuevos impuestos según tecnologías, tasas a nucleares e hidráulicas, un fuerte impacto sobre el negocio de las renovables y el propósito de reducir el déficit tarifario (más de 24.000 millones) al obtener 6.800 millones de euros.