Los pequeños empresarios pierden su vivienda aconsejados por la banca
Las pyme deben negarse a hipotecar la vivienda para garantizar los créditos empresariales Es necesario ampliar el capital social de forma acorde con el tamaño de la actividad Por menos de 100 euros se consigue poner a salvo el patrimonio familiar
Entre los 280 desahucios paralizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, no faltan pequeños empresarios a los que la entidad financiera, cuando han ido a pedir financiación para proseguir su actividad, les ha impuesto garantizarla con su propia vivienda
"El patrimonio empresarial debe estar netamente separado del personal. Que se vinculen ambos es una anomalía", indica el notario José Ignacio Navas Olóriz. Ese es el caso de José Miguel García Gallardo, uno de los 10 subcontratistas en huelga de hambre encerrados en el edificio que han contribuido a construir pero no han cobrado. Está en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba llamado Rabanales 21. Gallardo ha perdido su vivienda y ahora también puede perder la de su hija. "Cuando pides negociar las líneas de descuento o los pagarés o ponemos la vivienda o no nos dan nada", explica.
Trabajaron para la UTE formada por Jicar y Gea 21, en Rabanales 21. Y los accionistas de este parque tecnológico son la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, Caja Sur y Caja Sol.
Han callado y aceptado impagos y quitas "por miedo a que no nos den más trabajo", pero ahora ya no tienen nada que perder mientras la caja de ahorros de turno les embarga la vivienda. En algún caso, la misma entidad que les embarga por no pagar la cuota hipotecaria de su casa es la que, indirectamente, no les paga el trabajo.
Entre los 280 desahucios parados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no faltan pequeños empresarios
"Si el empresario es individual responde con todos sus bienes. Y el que crea una sociedad anónima (SA) o una sociedad limitada (SL) para limitar la responsabilidad al capital social, no se da cuenta de que esto no sirve de gran cosa. ¿Por qué? Por la vieja e irregular costumbre española de constituir sociedades con el capital mínimo exigido legalmente, ponerse a trabajar y olvidarse de las ampliaciones de capital, que son las que convierten una sociedad en solvente y le facilitan liquidez", indica Navas Olóriz.
Destaca que hay mucha SL con un capital de 3.006 euros que facturan más de dos millones al año, por lo que tienen que recurrir constantemente a los préstamos o líneas de crédito.
"Un día a algún bancario preocupado por la solvencia de su cliente, se le ocurre sugerirle que sería mucho mejor para él agrupar todas sus deudas, refundir los créditos y los préstamos y convertirlos en uno solo, para tener que pagar una sola cuota y en una sola fecha. La sugerencia parece razonable, pero lleva una carga diabólica: la garantía que se presta es la hipotecaria sobre la vivienda familiar", según el notario.
"Cuando las cosas empiezan a ir mal, las empresas con escaso capital social no disponen de reservas, no tienen crédito, no pueden hacer frente al pago de las cuotas del préstamo hipotecario y, en ese momento, el empresario recuerda la entrevista con el amable director de la sucursal bancaria. La hipoteca se ejecuta, el inmueble se adjudica al banco por el 60% de su valor, y el empresario sigue debiendo la diferencia. Es su ruina empresarial y personal", concluye Navas Olóriz.
Ejemplos no faltan: en un pueblo de los alrededores de Madrid coinciden dos casos. Un pequeño empresario con seis empleados al que 2006 le dieron un crédito para comprar la nave en la que llevaba años en alquiler. No le dio importancia cuando le pidieron que avalase con su vivienda y con la propia nave -tasadas y retasadas sumaban un millón de euros- un crédito creciente a 15 años. Cuando le fue imposible seguir pagando una cuota que rondaba los 2.000 euros mensuales la casa estaba pagada y también más de una cuarta parte del valor de la nave y tenía cuotas impagadas por menos de 30.000 euros. La caja ejecutó ambos bienes sin más alternativa. Y está embargado.
En el segundo caso y la misma localidad, el promotor constructor venía reinvirtiendo todo el capital generado en un cuarto de siglo y llegó a tener 200 empleados y todo al corriente de pago. Entró en 2008 con todas las promociones acabadas, pero la caja no le renovó una póliza de 600.000 euros y ese fue el palo que rompió los ejes de la rueda. La empresa desmontada y su vivienda familiar y la del pueblo están embargadas.
La misma caja de ahorros que forma parte del accionariado del Parque Tecnológico de Córdoba y no paga al subcontratista, le embarga su vivienda
"La respuesta debe ser no", afirma Fran de la Torre, cuando el empleado de banca presiona al empresario que se acerca a pedir un crédito y se resiste a ofrecer su casa como garantía. Es un comentario habitual. "Si no apuestas por tu empresa, no querrás que apostemos nosotros...", indica y sabe de lo que habla. Está al frente del departamento de consultoría estratégica y financiación empresarial —compuesto por 60 expertos y despachos especializados en banca y dirección financiera— de Pimec, la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas.
Han asesorado a más de 5.000 empresas desde 2008 y buena parte de los empresarios han llegado lastrados por aportar garantías personales como su vivienda para salvar su empresa.
"A las empresas les está perjudicando gravemente las relaciones con la banca", explica. A un lado de la mesa, un empresario que puede no haber sabido plantear su plan de negocio o venderlo. O sí, pero carece de la suficiente formación financiera y se ha dejado asesorar por la propia entidad. "¿Ha estudiado mi plan de negocio? debería ser la pregunta ante la negativa de financiación. La banca es un proveedor más y como tal hay que tratarle, negociar e insistir", aconseja De la Torre. El problema es que al otro lado de la mesa sucede algo parejo. "A las empresas que facturan menos de seis millones les atiende el departamento de banca comercial que desconoce los productos financieros específicos para empresas y suele carecer de criterio para evaluar la viabilidad de una compañía".
A juicio de De la Torre, lo primero que hay que hacer es conocer los productos financieros diseñados para la empresa. "La línea de descuento que tiene contratada la gran mayoría no sirve y encarece la financiación. Y si la facturación es alta, la empresa debe contar con un director financiero", concluye.
El cierre de una de cada tres pymes se debe a la morosidad de las administraciones o empresas
Quizá así no le ocurra lo que denuncia uno de los empresarios consultados: la entidad le asesora sobre determinado producto financiero y después le hace firmar que no le ha asesorado.
Que el préstamo es para la empresa y las garantías debe darlas la actividad empresarial, es algo en lo que insisten los expertos consultados. El camino es la ampliación de capital social. Este debe ser acorde con la actividad, el plan de negocio y el crecimiento de la empresa. Desde Pimec se renegocian las deudas y consideran un problema gravísimo que empresas que funcionan bien y con un buen plan de negocio hayan caído en el error de aportar garantías personales porque todas las demás entidades se lo van a pedir en adelante.
Hay recursos alternativos como Enisa, agencia pública estatal que hace préstamos participativos: aporta la misma cantidad que desembolse la empresa. El Instituto Catalán de Finanzas ofrece préstamos al socio que deben ser aportados como ampliación de capital. Tener la garantía pública facilita conseguir un préstamo adicional de la banca privada.
Un pequeño respiro cuando todas las puertas parecen haberse cerrado para las pymes. En el caso de José Miguel García Gallardo, en Córdoba, a su propia deuda y la crisis se ha sumado la morosidad. Para Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad "una de cada tres empresas que han cerrado lo han hecho directa o indirectamente por la morosidad". El 99,8% de las empresas españolas son pymes, aportan el 70% del PIB y el 75% del empleo, pero están emparedadas entre la falta de financiación, sus deudas y la morosidad de Administración y grandes empresas. Sin salida laboral y sin techo.
Por menos de 100 euros
El notario José Ignacio Navas Olóriz explica que nuestro Código de Comercio -que data del siglo XIX- vincula los bienes del que ejerce el comercio -entendiendo el comercio en sentido amplio como actividad económica- y los que adquiera, a su actividad de comerciante. Pero es que también está sujeta a esa responsabilidad los bienes del cónyuge no comerciante siempre que su marido o esposa ejerza la actividad económica con su conocimiento y sin su oposición expresa.
"El marido o la esposa puede manifestar ante notario la oposición expresa. Es fundamental que pacten separación de bienes y lo refuercen con la oposición al ejercicio de la actividad económica, (que podría ser la de un promotor, por ejemplo)", dice.
El coste de ambas escrituras ronda los 100 euros. Y permite dejar a salvo el patrimonio familiar.
Navas Olóriz estima que en toda España debe haber solo dos o tres docenas de personas que han prestado atención a esa disposición legal y han hecho la citada oposición expresa.
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